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JORNADAS DEBATE LEY 13927

 

El tránsito y la seguridad vial y jurídica a la luz de la Justicia Municipal de Faltas

 

Mar Del Plata, 16 y 17 de Abril de 2009

 

DECLARACION

 

Reunidos en la fecha y lugar que antecede, convocados por la Asociación de Jueces y Secretarios Letrados Municipales de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, los jueces y secretarios representantes de los Municipios que se detallan al pié, hemos debatido intensa y pormenorizadamente los alcances de la normativa provincial que adhirió a la Ley Nacional  de Tránsito 24.449, a partir del 1/1/09.

 Visto el casi general fracaso de las políticas públicas instrumentadas hasta la fecha respecto del ordenamiento y circulación vehicular en el territorio de la Nación,  en función de nuestro múltiple rol como órganos estatales encargados de los aspectos punitivos en la aplicación de la nueva legislación, como abogados, y  como ciudadanos concientes de ocupar un lugar crítico en la compleja problemática de la seguridad vial,   entendemos como un elemental e imprescindible deber de nuestras funciones jurisdiccionales efectuar , de manera colectiva y unánime, un  enérgico llamado a los  Poderes del Estado Nacional y Provincial para que , en el ámbito de sus competencias y en su carácter de principales responsables de garantizar la integridad física y los bienes de todos los habitantes de nuestro país , luego de requerir la cooperación y colaboración activa, coordinada  e institucionalizada de los organismos estatales y privados con injerencia e interés en la materia, y consultando las mejores experiencias obtenidas en otros países, como también apelando a la energía creativa que dichos sectores y expertos  puedan aportar, se proceda a una revisión integral de la legislación y reglamentación referida al tránsito, adaptándola a nuestros tiempos y realidades, haciéndola simple, conocida y de cumplimiento posible, a los fines de dotar al país de un instrumento apto para reducir a niveles mínimos el costo que en vidas y bienes ocasionan los accidentes viales , que son en la actualidad la principal causa de muerte violenta, y la principal causa de muerte en menores de 30 años, debiendo ser este instrumento omnicomprensivo de los aspectos educativo, preventivo y punitivo de la seguridad vial.

Hemos asistido con consternación y en silencio, en el año 2007, al espectáculo político-mediático de un gobernador de la Provincia de esa época, que ante la repercusión  de varios accidentes viales con luctuoso resultado, y aprovechando esa circunstancia, aguardó el receso legislativo provincial para derogar por decreto la Ley 11.430, en abierto desafío al principio republicano de la separación de poderes, e implantar en su lugar el Decreto 40/07, elaborado entre gallos y medianoche por ignotos asesores, y declarar la emergencia vial en la Provincia, como si con tal declaración hubiera sido imprescindible para aportar una mínima solución al costo humano del problema, que por cierto continuó agravándose. No obstante, este novedoso e ilegítimo aporte al derecho constitucional permitió la compra sin licitación de patrulleros y radares, y la publicidad política que lo mostraba tomando iniciativas. Y esa publicidad comprendió un ataque injustificado y falaz hacia la Justicia de Faltas en general, alegando que las fallas en el sistema anterior provenían de  algunos Jueces de Faltas  que no informaban las sentencias condenatorias al Registro de Infractores, argumento que le sirvió como justificación para la creación de la llamada Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial. El efecto práctico de la modificación tenía un  sentido  meramente recaudatorio, destinado a captar los fondos producidos por las actas aplicadas por sistemas de radarización  fundamentalmente en la autopista hacia la costa atlántica en temporada veraniega, con acento en la faz represiva y no en la prevención, y no impidió el incremento de los accidentes. Nada se dijo entonces de las enormes falencias operativas que el Registro de infractores provincial tenía y tiene aún en la actualidad. La carencia de personal para cumplimentar la carga de datos y de un sistema informático que permita una comunicación continua con los usuarios primarios del organismo, como lo es la Justicia Municipal de Faltas, que en gran parte no posee siquiera una simple P.C., ni mucho menos acceso a Internet, a pesar del superávit permanente que posee el Registro de Infractores, hace pensar que esos fondos han sido muy mal distribuidos. Tan es así que al día de hoy el Registro provincial no tiene un E-mail oficial para servir de nexo comunicante, y en su página WEB se anuncia que el organismo informa mensualmente a los Jueces de Faltas el listado de inhabilitados, cuestión de la que nos enteramos por ese medio, ya que nunca recibimos esa  información ni se publicó algo parecido. Tampoco nada se dijo que la mayor parte de los Municipios no contaba, hasta hace muy poco tiempo, con aparatos para control  de alcoholemia, que sólo se realizaban  cuando bajaba a los distritos un equipo provincial, o que las tarjetas plásticas magnéticas del registro Único de Transporte de Cargas nacional no se entregan por falta del plástico, o que la Provincia no ha emitido ni remitido a los distritos las actas contravencionales que por el Decreto 40/07 y por la actual Ley 13927 es su obligación proveer, y cuyo costo es sufragado por las Municipalidades . Tampoco se cumplía, salvo casos aislados, la norma de retención preventiva de documentación, vehículos y licencias en los casos que establecían y establecen las normas, y otras numerosas conductas omisivas que sería largo enumerar.

 

Sin embargo, la única sanción expresa que contempla la nueva legislación se aplica a los Jueces de Faltas que no informen en tiempo y forma al Registro las sentencias condenatorias, con una concreta amenaza de aplicarles el Código Penal en caso de incumplimiento,  pero no así a los altos funcionarios provinciales encargados directa e indirectamente de  hacer funcionar expeditivamente el sistema de registro, o de proveer los medios materiales a los organismos encargados del control y juzgamiento .

 

Hemos observado esta realidad, con una constante pero mesurada búsqueda de los canales institucionales que prestaran oído a nuestras inquietudes, pero no los hallamos. Sentimos entonces que es necesario y conducente  romper nuestro prudente silencio público, en beneficio de un cambio imperativo.

 

Es el espíritu de estas Jornadas aportar recomendaciones constructivas para modificar una realidad abrumadora, pero también señalar muy claramente, con ese mismo sentido cívico , profesional e institucional, las carencias, tendencias y medidas que estimamos recorren un camino inverso a  los objetivos de seguridad vial y equidad jurídica deseados.

 

En este sentido, y sin perjuicio de las conclusiones y recomendaciones que más abajo se manifiestan, creemos que la técnica legislativa empleada, tanto en la Ley provincial 13927 como también en la Ley 24.449 adolece de errores que las hacen de muy difícil interpretación e implementación, no  ya sólo para el justiciable, sino asimismo para los órganos encargados de administrar justicia.

 

Sintéticamente, las normas aludidas contienen contradicciones y  omisiones importantes, tipos contravencionales ambiguos y abiertos, repeticiones innecesarias, copias textuales sin adaptar que, por esa razón, generan consecuencias jurídicas opuestas a la intención del legislador y  despenalizan conductas riesgosas o aminoran la sanción,  e inclusive, en el caso de la norma provincial, menciona órganos como el Controlador, que no existe en la Provincia de Buenos Aires,  o que fueron creados con un criterio exclusivamente recaudatorio y publicitario por el decreto 40/07, pero refrendados por la nueva Ley ,como la llamada Justicia Provincial de Faltas , y que en caso de crearse o ponerse en funcionamiento constituirían un enorme retroceso en materia de equidad e imparcialidad en perjuicio de los ciudadanos, amén de las objeciones constitucionales que se presentarían en tal circunstancia como argumento defensista.

 

En este orden de ideas, miramos con extrema preocupación ciertas tendencias como la indicada , o como los proyectos de Ley actualmente en estudio por los que se pretende dejar sin efecto el actual procedimiento de remoción de los Jueces de Faltas, con un Jurado imparcial, reemplazándolo por otro compuesto exclusivamente por concejales, quedando entonces al arbitrio hegemónico de un poder político la estabilidad en el cargo de los magistrados, destruyendo por tanto la garantía esencial de su independencia crítica y funcional.

 

Además de lo expuesto, la Ley 13927 aborda en su mayor parte cuestiones que están más vinculadas a la creación o ratificación de organismos estatales ya creados, como el Consejo Provincial de Seguridad Vial y el Registro Único de Infractores, que a la urgente problemática del tránsito, la morigeración de las consecuencias negativas del impacto ambiental provocado por este, y sobre todo a la prevención de la siniestralidad vial. Estas cuestiones fueron prácticamente delegadas en la legislación nacional, adoptando la misma sin beneficio de inventario, y sin intentar corregir, ejerciendo las facultades que por  motivos como este se le otorgan a los señores legisladores de la Provincia, las también notorias falencias en varios aspectos del Código de Tránsito Nacional.

 

En el mismo orden, una ordenada y correcta técnica de legislación, que no encontramos ni en la Ley provincial ni en la nacional en la mínima medida esperada,  exige al menos la formulación precisa y ordenada de los distintos tipos contravencionales, con expresa mención de las penalidades mínimas y máximas aplicables, ello precedido por una parte general que contemple los principios aplicables, órganos de juzgamiento y aplicación, funciones, deberes, cuestiones de competencia, procedimiento,  régimen de nulidades y de notificaciones, etc. , y todo ello sin  recurrir a  indebidas delegaciones al Poder Ejecutivo, que en esta materia devienen inconstitucionales. Creemos, por tanto, que la nueva norma no ha sido objeto de consulta o asesoramiento jurídico alguno, y si los hubo evidentemente no se tuvieron en cuenta, atento   su forma y contenido, puesto que no alcanza los parámetros de congruencia, claridad y eficacia normativa que debería esperarse de la misma.  

 

Lamentamos sinceramente que , al proceder a una innovación legislativa de tal naturaleza e importancia , se haya procedido con tal apresuramiento,  sin consultar a los órganos de juzgamiento encargados de aplicarla,  no porque creamos ser únicos poseedores de la verdad, sino porque entendemos que los proyectos de ley deben ser una creación colectiva, que exprese y contenga de manera armoniosa los intereses de todos los afectados por sus consecuencias, y que su sanción y promulgación deben ser resultado del consenso, ya que no basta que una ley pretenda ser justa, sino que también debe ser apreciada como tal .

 

Entendemos también necesaria, como postura de lege ferenda, la creación de un fuero contravencional con instituciones y procedimiento propio, ya que por sus características, creciente complejidad, y naturaleza jurídica, no le resultan funcionalmente aplicables para su efectividad, tanto en su aspecto sancionatorio como en cuanto a garantía del debido proceso, todos los institutos del Derecho Penal, como tampoco los del Derecho Contencioso –administrativo.

Esta situación da lugar a numerosos pronunciamientos judiciales, que a veces por facilismo judicial o por errónea aplicación del derecho, anulan las sentencias de los Juzgados de Faltas haciendo caso omiso al carácter supletorio del Código de Procedimiento Penal de la Pcia. de Bs.As. y al carácter de ley especial de la legislación de Tránsito.

 

Asimismo propiciamos, para el debido control judicial y para la casación de las resoluciones emanadas de la Justicia de Faltas, la creación de Tribunales de Alzada propios de la materia contravencional.

 



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