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Responsabilidad municipio por daño a bien secuestr
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Fecha de publicación: 31-07-2019
 
Fallo del Tribunal Superioir de Justicia de Neuquen en relacion a colectivo quemado en deposito.
 

ACUERDO N° 28. En la ciudad de Neuquén, capital de la Provincia del mismo

nombre, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de

Justicia, integrada por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMAS KOHON y

OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la titular de la Secretaría de Demandas

Originarias, Doctora Luisa Analía Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en

los autos caratulados: “J. E. J. C/ MUNICIPALIDAD DE RINCÓN DE LOS

SAUCES S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. N° 2339/2007, en trámite por

la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y, conforme al orden de votación

oportunamente fijado, el señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON dijo: I.- A fs.

74/85 se presenta el señor Esteban Javier Jofré, mediante apoderado, e

interpone acción procesal administrativa contra la Municipalidad de Rincón de

los Sauces.

Solicita el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia

del incendio y destrucción del colectivo de su propiedad marca Mercedes Benz

LO608D/41, dominio VPS-382.

Se refiere al monto de demanda como indeterminado, alegando que los rubros de

la indemnización variarán conforme a la prueba a producirse en autos.

Asimismo, solicita la actualización monetaria sobre el mayor índice de

variación por pérdida del valor adquisitivo de la moneda nacional, más

intereses a la tasa más alta aplicable, con los gastos y costas del proceso.

En el relato de los hechos, expone que el día 24 de abril del año 2003,

encontrándose estacionado el vehículo marca Mercedes Benz modelo LO608D/41,

dominio VPS-382, un funcionario municipal –Carlos Morales-, le confecciona un

acta con el fin de que en el plazo de 72 horas retire el vehículo de la

ubicación en la que se encontraba. Seguidamente, se inició una causa

caratulada: “Jofré Luis s/ infracción art. 179 del C.M.F. Expte. N° 196/2" en

la que se ordena el secuestro del rodado y la aplicación de una multa de $750.

El 21 de noviembre de 2003 se realiza el Acta de inspección y secuestro N°

003505, materializándose el mismo luego de realizar una descripción del estado

del rodado al momento del retiro. Posteriormente, el colectivo es trasladado al

depósito municipal, ubicado en el Parque Industrial N° 1 de la ciudad de Rincón

de los Sauces, asumiendo la demandada la custodia de éste.

Manifiesta que el vehículo se encontraba en perfecto estado y que se le

realizaban constantemente tareas de mantenimiento a los fines de cumplimentar

con su cometido de transporte de personas.

Describe que en fecha 18 de diciembre de 2003 abona la multa y el 23 de

diciembre de 2003 solicita por escrito la entrega del vehículo al Juzgado de

Faltas de la ciudad de Rincón de los Sauces. Al no obtener respuesta, se

presenta ese mismo día acompañado de un escribano, dónde se le informa la

existencia de una suspensión de plazos desde el día 23 de diciembre de 2003

hasta el día 5 de enero de 2004.

Finalmente, indica que el día 12 de enero de 2004 se labra el Acta de

inspección N° 003682, donde se realiza una descripción del estado del rodado y

se procede a la entrega del mismo. Detalla que en ese momento se encuentra con

el vehículo de su propiedad completamente quemado en su interior, al igual que

las cubiertas traseras, los laterales y el techo, con las ventanillas de vidrio

rotas, el parabrisas roto y las cubiertas delanteras y parte del frente en

regular estado.

Dice que, ante lo increíble del hecho, compareció junto con un escribano a fin

de dejar constancia del estado en el que se encontraba su vehículo y tomar

fotografías.

Alega que la Municipalidad de Rincón de los Sauces se había constituido en

depositario del rodado, asumiendo su guarda y cuidado, y que por ello es

responsable por el incendio del colectivo. Transcribe jurisprudencia sobre

responsabilidad del Estado a los fines de encuadrar normativamente su petición.

En el punto VI de la demanda, especifica los rubros reclamados y los divide en

dos: daños materiales y lucro cesante. Por daño material, solicita la suma de

$32.000 y para ello acompaña un presupuesto del taller “Darío” de reparación y

mano de obra. Por lucro cesante reclama de mínima $2.600 y de máxima $4.550

mensuales, manifiesta que utilizaba el colectivo para transporte de personas y

acompaña presupuestos de viajes como los que dice que hacía, de colectivos de

similares características, llegando al cálculo de las sumas indicadas más

arriba. Por último, reclama los gastos derivados de las actuaciones notariales

y acompaña factura por la suma de $500.

Para finalizar funda en derecho y ofrece la prueba que considera pertinente.

II.- A fs. 96/96vta. se dicta la Resolución Interlocutoria N° 6401/2008 que

declara la admisión del proceso.

III.- A fojas 99/103 el actor ejerce la opción por el procedimiento ordinario y

ofrece prueba.

IV.- A fojas 110 toma intervención el Fiscal de Estado y a fs. 117/124 se

presenta la Municipalidad de Rincón de los Sauces por apoderado, contesta la

acción y solicita su rechazo, con costas.

Luego de cumplir con la negativa de rigor, y desconocer la documental aportada

por la actora, expone su versión de los hechos.

Relata que, conforme surge de las actuaciones administrativas, por medio del

Acta N° 003056 se le otorgó al actor un plazo de 72 horas a efectos de que

retire los colectivos que se encontraban enfrente de su vivienda, sin uso y sin

chapa patente. Al transcurrir dicho plazo sin que el actor retirara los

vehículos y por medio de sentencia emitida en el expediente N° 193/03 del

Juzgado de Faltas, se ordena el secuestro del rodado y el depósito en

dependencias municipales.

Aclara que al momento del secuestro el transporte se encontraba inutilizado,

sin chapa patente y en evidente estado de abandono.

Agrega que resulta falso que el actor realizara viajes, toda vez que no posee

habilitación emitida por la autoridad administrativa a tal efecto.

Describe que el 9 de diciembre del 2003 a las 4 horas aproximadamente se

produce un incendio en el depósito municipal en el que se ven afectados tres

vehículos que se encontraban bajo su custodia.

A continuación, impugna los rubros reclamados por el actor.

Respecto al daño material, sostiene que el vehículo no se encontraba en las

condiciones que alega el actor, por el contrario, dice que se encontraba

abandonado en la vía pública, con los vidrios rotos, conforme surge del

expediente administrativo N° 196/03.

Sobre el lucro cesante, sostiene que el actor no aporta prueba alguna que

acredite los supuestos beneficios económicos que habría dejado de generar, e

insiste en que el estado de abandono del colectivo, y el hecho de que no

contaba con chapa patente ni habilitación al efecto, no permitirían que el

actor utilizara el vehículo para realizar transporte de personas o cosas.

También observa que el actor incurre en una vaguedad absoluta en su pretensión,

sin determinar a partir de cuándo comenzó a sufrir la pérdida de ganancia.

Por último, ofrece prueba y funda en derecho.

V.- A fs. 128 se abre la causa a prueba, período que es clausurado a fs. 342.

A fs. 350/351 obra el alegato producido por la parte actora.

VI.- A fs. 353/358 dictamina el Sr. Fiscal General del Tribunal, quien propicia

hacer lugar parcialmente a la demanda.

VII.- A fs. 359 se llama autos para sentencia, providencia que firme y

consentida, coloca a las actuaciones en condiciones de dictar fallo definitivo.

VIII.- De acuerdo a la pretensión procesal deducida en la demanda, el caso se

encuadra en un supuesto de responsabilidad del Estado por la presunta “falta de

servicio” consistente en el ejercicio irregular de la función de guarda y

custodia sobre los bienes que se encuentran secuestrados en su poder; en el

caso, como consecuencia de su función de contralor sobre el tránsito y la vía

pública.

Para que se configure este supuesto de responsabilidad es necesaria la

presencia de determinados requisitos, a saber: imputabilidad material del acto

o hecho administrativo a un órgano del Estado en ejercicio de sus funciones;

falta o funcionamiento defectuoso o irregular del servicio; existencia de daño

cierto; y, relación causal entre el hecho y el daño (cfr. Acs. 1237/06, 24/12,

91/12, entre otros).

Cabe recordar, además, que la responsabilidad por falta de servicio puede

configurarse por omisiones por parte del Estado, cuando ello afecte la regular

ejecución de obligaciones legales, e incluso de mandatos generales e

indeterminados que surgen razonablemente del ordenamiento jurídico; esto último

con un lógico carácter restrictivo (en este sentido, Acuerdo 1452/07).

Ingresando en el análisis del caso, es importante resaltar que de acuerdo a los

hechos relatados en los escritos de demanda y contestación, no se encuentra

controvertido en autos la propiedad del vehículo por el que se reclama, que el

vehículo propiedad del actor se hallaba secuestrado en las dependencias de la

demandada en el Parque Industrial N° 1 bajo su cuidado, que el día 9 de

diciembre del año 2003 se produjo un incendio en dicho lugar y que, como

consecuencia de ese incendio, el rodado sufrió daños.

De esta manera, determinada la existencia de los daños y su causa, corresponde

dilucidar si existe o no un ejercicio irregular en las funciones de la

demandada, que configuren la responsabilidad por falta de servicio.

La municipalidad demandada, al momento de secuestrar el vehículo marca Mercedes

Benz dominio VPS-382, se convirtió en depositaria del bien, y por aplicación

analógica del entonces vigente art. 2210 del C.C., debía devolverlo en el

estado en el que fue puesto bajo su cuidado. Esto implica que la demandada

depositaria asumió el deber de guarda y custodia sobre el bien, a los fines de

la posterior devolución del vehículo.

De la lectura de las Actas N° 003505 y N° 003682 (fs. 121/127 del Expediente N°

1417/5), se observa que el rodado no fue devuelto en las condiciones en las que

se encontraba al momento del secuestro, y no hay controversia de que ello fue

consecuencia del incendio producido en las dependencias de la demandada, en

donde el vehículo se encontraba bajo su cuidado.

En definitiva, es el deber de guarda y custodia del depositario el que se lleva

a cabo de manera defectuosa por parte de la demandada y que configura un

funcionamiento irregular del servicio, en tanto que omitió ejercer de manera

eficiente el cuidado sobre el bien secuestrado.

Tal es así, que la demandada no ha invocado ni probado una eximente de

responsabilidad, y se limita a controvertir el estado en el que el vehículo se

encontraba al momento del secuestro, a los fines de rechazar los montos de la

indemnización pretendida por el actor.

Frente a lo hasta aquí expuesto, vemos configurada la responsabilidad de la

demandada por “falta de servicio”.

IX.- Establecido lo anterior, corresponde ocuparse de la extensión del daño y

los consecuentes montos de reparación. El actor subdivide en tres los rubros

demandados: daños materiales, lucro cesante y gastos.

IX.- a) El actor reclama una indemnización en concepto de “daños materiales”

sufridos por el vehículo, por un monto de treinta y dos mil pesos ($32.000),

y/o lo que surja de la prueba pericial a realizarse. Acompaña para ello un

presupuesto del Taller “Darío” (agregado a fs. 363), que consigna un número

global de $32.000 sin detallar trabajos específicos ni repuestos.

La existencia de los daños causados al automotor se encuentran suficientemente

acreditados con los distintos medios de prueba producidos: fotografías (fs.

372/376), acta notarial que describe el estado del vehículo (fs.370/371) y el

acta de inspección N° 003682. Esta última, suscripta por un funcionario

municipal, describe que el estado del rodado: totalmente quemado, con las

cubiertas traseras quemadas, el total de las ventanillas de vidrio rotas,

parabrisas roto, el techo y las partes laterales quemadas, cubiertas delantera

y parte frente del vehículo en regular estado (fs. 127, expediente N° 1417/5).

En cuanto a la cuantificación del daño, difieren en el relato de los hechos, la

parte actora y la parte demandada. Mientras que la primera sostiene que el

rodado se encontraba en buen estado de conservación y acorde a ello debe ser

indemnizada, la demandada sostiene que el vehículo se encontraba en estado de

abandono e impugna los montos reclamados en concepto de daño material.

Al respecto, debe valorarse en su conjunto la siguiente prueba: documental

(fotografías, actas notariales, presupuestos y facturas, actas de inspección),

pericial y testimonial.

En cuanto a los presupuestos y facturas, se encuentran reconocidos los

agregados a fs. 364/369 conforme surge de la testimonial de reconocimiento de

fs. 200 (con la aclaración de que los Remitos 2746 y 2747 que obran a fs. 364

vta. y 365 vta. no corresponden al actor); no así el presupuesto del taller

“Darío”, cuya testimonial de reconocimiento fue desistida a fs. 269.

A fs. 237/239, obra pericia de tasación, donde el experto sostiene que el fuego

alcanzó todo el interior del vehículo, destruyendo tapizados, el revestimiento

lateral, el techo, la zona del conductor, tablero de comandos, volante y

palanca de cambios.

Expone que se deberán incorporar butacas nuevas ya que no podrán retapizarse

las existentes atento a la magnitud del daño producido sobre la estructura

metálica. Además, indica que se deberá hacer un trabajo completo de chapa y

pintura abarcativo de todos los paneles del colectivo -a excepción de la parte

delantera- y que deberán reemplazarse las ventanillas y cubiertas.

Cotiza los trabajos de chapa y pintura en la suma de $12.000 con materiales

incluidos.

Estima la reparación de los asientos ($990 cada uno, $19.800 en total), de la

butaca del conductor ($2.200) y seis vidrios templados corredizos con marco de

aluminio negro ($1.020 cada uno, $6.120 en total). Cotiza las cuatro cubiertas

en un total de $3.820.

Por otro lado, observa las facturas de repuestos “El Porteño” por un total de

$1.872 y las actualiza a la suma de $3.369.

Finalmente expone que el valor actual de la reparación y repuestos necesarios

es de $47.309.

Si bien la demandada solicitó explicaciones a fs. 242 y el perito contesta a

fs. 251, ni la actora ni la demandada impugnaron el dictamen pericial.

Ahora bien, a los fines del valor probatorio de la pericial, es importante

señalar que se ordenó su realización mediante oficio a la ciudad de Rincón de

los Sauces a los fines de peritar el vehículo que se encontraba allí, y sin

embargo, el perito informó la “imposibilidad de verificar el estado del

colectivo en razón de no haberse ofrecido como prueba” y se basó sólo en las

fotografías (agregadas a fs. 372/376) y la actuación notarial llevada a cabo

por el Escribano Gustavo Luis Russo (fs.370/371).

Además, se le solicitó que “informe el valor de reparación y el valor de los

repuestos necesarios para volver al colectivo siniestrado marca Mercedes Benz

608D/41, dominio VPS382, al estado anterior en que se encontraba como

consecuencia de dicho siniestro”, no obstante lo cual, no realiza su tarea de

la manera encomendada y tasa la reparación sin tener en cuenta el estado

anterior en el que se encontraba el rodado. Incluso, a fs. 251, reconoce que

“una vez realizados los trabajos de reparación, el vehículo periciado, deberá

quedar, supuestamente, en estado significativamente superior al que tenía con

anterioridad al mismo”.

A continuación, la demandada produce prueba a los fines de sostener que el

rodado se encontraba en estado de abandono y que ello justifica detraer el

rubro de daños materiales.

En este sentido, a fs. 331 obra testimonial del Sr. Carlos Morales, quien

sostiene que “era un vehículo que estaba abandonado”. A fs. 332 obra acta

testimonial del Sr. Edgardo Andrés Mendez, quien afirma que el estado de

conservación del vehículo era regular. A fs. 334 testifica el Sr. Sergio Carlos

Betelu y sostiene que “el colectivo se encontraba en estado de abandono”.

Asimismo, el Acta de inspección N° 0003505 describe el estado del rodado: “un

asiento roto, el asiento delantero con el tapizado roto, los asientos

izquierdos N° 2 y N° 6 descocidos, la butaca del conductor con el tapizado

roto, vidriado en general en buen estado salvo el de la puerta de ascenso,

puerta del lado izquierdo atada con alambre, espejo retrovisor izquierdo roto,

cubiertas en aparente buen estado, luces en buen estado, paragolpe trasero en

regular estado, faroles traseros rotos, ventanillas con piquetes” (fs. 124/125

Expte. 1417/5).

Analizados los elementos aportados por la Municipalidad, se evidencia que el

rodado marca Mercedes Benz se encontraba -al menos- en regular estado. Ello

debe ser tenido en cuenta a la hora de determinar el monto de la indemnización,

ya que de lo contrario, se produciría un enriquecimiento sin causa a favor del

actor.

En este sentido, se ha dicho que: “En cuanto a la extensión del resarcimiento,

cabe señalar que el principio de reparación plena o integral del daño significa

"colocar al damnificado en una situación igual o similar a aquélla en que se

encontraba antes del hecho lesivo", lo que implica que el daño se lo resarce en

plenitud, pero sólo el causado por el hecho, de donde la extensión del

resarcimiento se define por la relación de causalidad adecuada (Zavala de

González M. "Actuaciones...", ob. cit., parág. 148, pág. 262; CCiv. y Com.

Corrientes, sala IV, 12/9/2006, "Flores A. c/Expreso Ciudad de Posadas",

LLLitoral, 2007-547) Aplicación práctica de lo expuesto es que la frase

"reparación plena o integral" significa que cuando el daño es patrimonial, la

víctima percibe un resarcimiento equivalente al perjuicio, ya que si la

indemnización supera el daño sufrido abrimos capítulo al enriquecimiento sin

causa y si es menor subsiste parcialmente el daño injusto” (Stiglitz, Rubén S.,

“La reparación del daño y el contrato de seguro automotor”, LL, cita online

AR/DOC/2963/2011).

Así pues, “cabe advertir que el resarcimiento debe limitarse al objetivo de

devolver el rodado a la situación en que se hubiese encontrado de no haberse

producido el accidente (...), y si esa situación era mala o irregular, no es

admisible ningún plus en la reparación que beneficie injustamente al

damnificado más allá del alcance preciso de su derecho indemnizatorio.” (Zavala

de González M., “Resarcimiento de daños. Tomo 1, daños a los automotores”, Ed.

Hammurabi, 2003, pag. 39).

Como se destacó, la labor pericial no ha cumplido con el cometido de establecer

cuál es el monto de reparación a los fines de que el vehículo vuelva al estado

anterior al siniestro. Es decir, determina el monto de reparación, pero

expresamente reconoce que de realizarse dichas reparaciones, el vehículo

quedaría en mejores condiciones a las que se encontraba al momento de su

secuestro. Es por esto que, al quedar acreditado el regular estado del bien y

sin que el monto determinado por el perito considere el estado real del rodado

con anterioridad al suceso, cabe estimar prudencialmente el valor de la

indemnización conforme a las facultades otorgadas por el art. 165 del Código

Procesal Civil y Comercial, de aplicación supletoria.

Para ello, además de todo lo anterior, no puede dejar de valorarse que los

automotores son bienes de uso, sujetos a una normal depreciación temporal. Así,

se advierte del título obrante a fs. 119 del Expte. N°1417/5, que el rodado por

el que se reclama había superado su vida útil al momento del hecho, contando

con más de 20 años de uso (modelo 1981).

Así las cosas, a los fines de dotar de razonabilidad el decisorio y

justipreciar la determinación del monto de indemnización, corresponde reducir

el valor establecido en la pericia en un 40%. Además, teniendo en cuenta que se

adicionarán intereses desde el momento del hecho, se deberá tomar la suma de

$1.872 por los repuestos cotizados por “El Porteño” y no la suma actualizada

que determina el perito al momento de realizar el dictamen, toda vez que ello

conllevaría una doble actualización del valor.

De esta manera, al valor de la pericia sin la actualización mencionada

($45.812), se le reduce el porcentaje anterior (40%), y se determina el monto

de indemnización por daño material en la suma de $27.488.

IX.- b) El actor reclama además “lucro cesante”. Sostiene que utilizaba el

vehículo para transporte de personas y materiales. Relata que realizaba viajes

desde Rincón de los Sauces a distintas localidades: Neuquén, Chos Malal,

Zapala, Plaza Huincul, Cutral Có, Chocón, etc. Estima un valor mensual de

mínima y de máxima ($2.600-$4.550), acompañando para ello dos presupuestos de

viajes de similares características de las empresas de transporte: HUGO HECTOR

BASANTA SRL (fs. 360) y TRANSPORTE RINCÓN SRL (fs.362).

Constituyendo una carga del accionante la demostración del daño cuya reparación

pretende, no se advierte, de la prueba producida, que este rubro deba prosperar.

Por un lado, los presupuestos mencionados fueron negados por la demandada. El

presupuesto de TRANSPORTE RINCON SRL fue desconocido por el Sr. Alberto Reta

(fs.204), y la testimonial de reconocimiento por el presupuesto de HUGO HECTOR

BASANTA SRL, fue desistida a fs. 274.

Por otro lado, resulta insuficiente para la procedencia del rubro, la

testimonial de fs. 268 en dónde el testigo Edgardo Javier Mendez, declara que

el actor utilizaba el colectivo “para transporte de delegaciones, jubilados,

algo así. Por lo menos eso es lo que ví.”, máxime teniendo en cuenta la prueba

producida en contrario por la parte demandada.

En este sentido, pueden mencionarse las testimoniales que versan sobre el

estado de abandono del vehículo (declaraciones de fs. 331, 334) y la

informativa obrante a fs. 311 de la Dirección Provincial de Transporte de

Pasajeros, que informa que el Sr. Jofré Esteban Javier no figura inscripto como

permisionario Provincial.

IX.- c) Finalmente, el actor reclama la suma de $500 por “Gastos”.

Al respecto, entiendo justificada su procedencia en virtud de la prueba

documental aportada: las Actas notariales N° 00294151 y N°00294116 (fs. 370/371

y fs. 129/130 del Expte. 1417/2); y la factura consecuente emitida por el

escribano Russo (fs. 120 del expediente 1417/2).

X.- En mérito a todo lo expuesto, el total indemnizatorio asciende a la suma de

$27.988. Los intereses deberán calcularse con relación a los importes

reconocidos por daño material a partir de la fecha del siniestro -9 de

diciembre del 2003- y respecto del rubro “gastos” desde que la suma fue abonada

-6 de febrero de 2004-, conforme la tasa promedio entre la activa y pasiva

(mix) del Banco de la Provincia del Neuquén, hasta el 1o de enero de 2008 y

desde entonces hasta su efectivo pago, a la tasa activa mensual establecida por

el mismo Banco (cfr. Ac. 23/10, 25/10 y 27/10, entre otros, de la Secretaría

Civil de este Tribunal Superior de Justicia).

La pretension de actualización de los importes de capital fijadas en concepto

resarcitorio deberá ser rechazada, a tenor de la vigencia del art. 10 de la Ley

23928.

Las costas del pleito se imponen a la comuna vencida, dado que el hecho de que

la demanda no haya prosperado en su totalidad no significa que deban

distribuirse los gastos del proceso, porque fue la actitud de la demandada con

su incumplimiento lo que dio origen al reclamo (cfr. AR/JUR/6600/1980,

319/1989, 1474/1991, 1071/1992, 1038/1992, entre otras) (art. 68 del CPCC,

aplicable por reenvío del artículo 78 Ley 1305).MI VOTO.

El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI, dijo: Comparto la línea argumental

desarrollada por el Doctor Kohon y la solución propiciada en su fundado voto,

por lo que expreso el mío en igual sentido. ASI VOTO.

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose dado intervención al señor

Fiscal General, por unanimidad SE RESUELVE: 1°) Acoger parcialmente la demanda

interpuesta, CONDENANDO a la Municipalidad de Rincón de los Sauces a abonar la

suma de $27.988 al actor Jofré Esteban Javier, con más los intereses que surgen

del considerando X.; 2°) Imponer las costas a la demandada vencida (art. 68 del

CPCC, aplicable por reenvío del artículo 78 Ley 1305). 3°) Diferir la

regulación de honorarios para el momento en que existan pautas para ello; 4°)

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Con lo que se dio por finalizado el acto que previa lectura y ratificación

firman los Magistrados presentes por ante la Actuaria, que certifica.

Dr. RICARDO TOMAS KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI

Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria



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