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JUEZ IMPARCIAL E INDEPENDIENTE.
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Fecha de publicación: 20-02-2017
 
Notas sobre dos topicos de gran interes para nuestra institucion, en la vision de la constitucion y jurisprudencia europeas.
 

CONSTITUCION EUROPEA Y DERECHOS PROCESALES: NOTAS SOBRE EL JUEZ INDEPENDIENTE E IMPARCIAL*

Virginia Pardo Iranzo

Prof. Contratada Doctora Interina

Universidad de Valencia

SUMARIO:

I.INTRODUCCION. II. SOBRE LA NECESIDAD DE UNIFICAR LA NORMATIVA Y GARANTIAS EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. III. DERECHO A UN JUEZ INDEPENDIENTE E IMPARCIAL. 1. Regulación y ámbito de aplicación. 2. Significado del término ``juez``. 3. Necesidad de que este previamente establecido por la ley. 4. Derecho a un juez independiente. 5. Derecho a un juez imparcial. IV. A MODO DE CONCLUSIÒN: MECANISMOS DE PROTECCIÒN TRAS LA CONSTITUCIÓN EUROPEA.

 

I.       INTRODUCCIÒN

El camino seguido hasta la plasmación de un elenco de derechos fundamentales, en general, y de derechos fundamentales de naturaleza procesal, en particular, en la Constitución europea no ha sido sencillo. Ha sido necesario avanzar en la idea de la interdependencia entre los Estados, o dicho de otra manera, en lo que hoy se denomina globalización o mundializacion1. Esta interdependencia se ha ido produciendo poco a poco y a distintos niveles –inicial o principalmente a nivel económico- hasta alcanzar también a los derechos fundamentales.

Las Conferencias de la Haya de 1899 y 1907 han sido calificadas como el punto de partida en lo relativo a la consecución de soluciones pacificas para resolver los conflictos entre los diversos Estados2. Tras la primera guerra mundial y con la finalidad de conseguir ese amplio objetivo se aprueba el pacto de la Sociedad de Naciones -28 de abril de 1919-. La Sociedad de Naciones, organización de carácter político, fue ``la primera organización de fines generales dirigida al mantenimiento de la paz en un sistema igualitario, centralizado y sistemático a escala mundial, en la que grandes y pequeñas potencias cooperan en beneficio de la humanidad``3. De hecho, si atendemos al artículo 12 del Pacto, los Estados deberían resolver sus controversias bien vía arbitral, bien judicial o, en su defecto, a través de un arreglo político –sometiendo el conflicto al Consejo de Sociedad de Naciones-.

Pues bien, en la construcción de Europa y centrándonos en la consolidación de un catalogo de derechos fundamentales han concurrido, y siguen concurriendo en la actualidad, dos vías:

Por un lado, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y libertades fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, obligatorio para todos los Estados miembros del Consejo de Europa. La Convención de Roma constituye ``uno de los mayores avances realizados desde la aparición del Estado moderno en la defensa de los derechos humanos en el plano internacional``4. Además, y como instrumento para su defensa, se creo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se ha ido pronunciando en sus diversas resoluciones sobre el punto que nos ocupa, creándose una importante jurisprudencia al respecto.

Pero la verdadera cuestión planteada ha sido y es la de la eficacia de las resoluciones del Tribunal Europeo. Como se ha dicho, su valor fundamental es interpretativo: ``constituir criterios de interpretación del Convenio que, a su vez, son útiles para efectuar dicha labor en el ámbito interno de los Estados``5. Las sentencias del TEDH tienen naturaleza declarativa, es decir, no tienen efectos directos en el orden jurídico nacional; no sirven para anular o modificar las decisiones producidas en el ámbito interno. Así nos lo ha vuelto a recordar recientemente nuestro TC: `` Las sentencias del Tribunal de Estrasburgo carecen de eficacia ejecutiva, pues de la propia regulación del Convenio, y de su interpretación por el Tribunal Europeo, se deriva que las resoluciones del Tribunal tienen carácter declarativo y no anulan ni modifican por sí mismas actos, en este caso Sentencias, declarados contrarios al Convenio… Desde la perspectiva del Derecho internacional y de su fuerza vinculante (art. 96CE), el Convenio ni ha introducido en el orden jurídico interno una instancia superior supranacional en el sentido técnico del término, de revisión o control directo de las decisiones judiciales o administrativas internas, ni tampoco impone a los Estados miembros unas medidas procesales concretas de carácter anulatorio o rescisorio para asegurar la reparación de la violación del Convenio declarada por el Tribunal. Y es que el Tribunal internacional de Estrasburgo, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio (actual Art... 46 rubricado ``fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias``), tan solo ostenta una potestad declarativa, puesto que la fase de ejecución de sus Sentencias es encomendada al Comité de Ministros, órgano encargado de velar por su ejecución`` (STC de 12 de diciembre de 2005, Sala segunda)6.

Sentado lo anterior, resta precisar que las resoluciones del TEDH operan en dos vertientes:

``Una, mediante la oportuna reparación económica con el fin de satisfacer a la victima; otra, a través de la publicación de la resolución, hecho este que, de igual modo, constituye una satisfacción al menos de orden moral``7. De hecho, la propia constatación de la violación en la sentencia se considera, en ocasiones, y ``por si misma una indemnización justa en concepto de todo daño moral`` (STC de 12 de diciembre de 2005). No es de extrañar que ``algunos ciudadanos con sentencias favorables del Tribunal Europeo en las que se condena al Estado español se pregunten cual es el verdadero valor de esas sentencias``8.

Por Otro lado, están las diversas Comunidades Europeas: la CECA – Tratado de Paris de 18 de abril de 1951-, la CEE –Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957- y la CEEA-

Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957-. En los Tratados constitutivos de las mismas no se hace alusión a los Derechos Humanos, por varios motivos, entre ellos, por el hecho de que nacieron con una dimensión marcadamente económica o tecnica9; no obstante, ello no significa  que en este ámbito no se haya creado también una doctrina sobre los derechos fundamentales.

De hecho, aunque la posición inicial del TJCE fue considerar los derechos fundamentales ajenos a los Tratados constitutivos, a finales de los años sesenta dio un giro a su jurisprudencia, replanteándose esa postura inicial hasta tal punto que hoy en día se le atribuye el merito de que la protección y la toma en consideración de los derechos fundamentales sean hoy una realidad en las Comunidades Europeas  en la Unión Europea y en la Unión Europea10. Fue el TJCE quien, ``a golpe de resolución``11, y previa denuncia de la vulneración de un determinado derecho fundamental, determino que derechos tenían la consideración de fundamentales12. Sirvan de ejemplo las siguientes resoluciones –que recogen derechos fundamentales procesales-: sentencia Hoffman La Roche c. Comisión, de 13 de febrero de 1979 (asunto 85/76) reconoce el derecho de defensa; sentencia Johnston de 15 de mayo de 1986 (asunto 222/84) reconoce el derecho a un recurso jurisdiccional, etc.

En todo caso este sistema de protección que proporciona el TJCE no puede definirse como un ``mecanismo procesal autónomo dirigido a la protección inmediata de los derechos humanos, sino como un sistema mediato que permite la protección de tales derechos en tanto en cuanto dicha cuestión sea relevante para resolver el litigio referido a alguna de las materias respecto de las cuales los Estados han atribuido competencia a la Comunidad``13.

De lo dicho hasta este momento se observa fácilmente que los Derechos Fundamentales estaban y están reconocidos tanto a nivel internacional como a nivel interno. En consecuencia el problema no era ni es tanto de reconocimiento de los derechos como de garantías de los mismos, es decir, se trata de dilucidar principalmente si los Derechos fundamentales reconocidos están plenamente garantizados –o incluso, si con el pleno reconocimiento es suficiente para su plena garantía-.

II.     SOBRE LA NECESIDAD DE UNIFICAR LA NORMATIVA Y GARANTIAS EN MATERIA DE DERECHOS FUNDAMENTALES

La existencia de dos sistemas de protección –no siempre coincidentes- no convencía a nadie y, así, desde bien temprano se sintió la necesidad de unificar la normativa relativa a los derechos fundamentales14, de crear un sistema pacifico de protección de los mismos. De esta manera se planteo la posibilidad de que la Comunidad Europea como tal ratificara también el Convenio Europeo de Derechos Humanos, para de esta forma proceder a una convergencia entre ambos procesos de unión política europea. Solicitado dictamen al Tribunal de Justicia, este entendió que la Comunidad no tenía competencia sobre derechos fundamentales y, por tanto, solo sería posible la adhesión al Convenio previa modificación del Tratado (Dictamen 2/94, de 28 de marzo de 1996). Adhesión, por otro lado, desaconsejable según algunos autores puesto que significaría la inserción de la Comunidad en un sistema institucional internacional distinto, con el consiguiente peligro para el mantenimiento de la autonomía y primacía del Derecho comunitario15.

A pesar del dictamen el espíritu favorable a una positivización de los Derechos Fundamentales seguía subsistiendo. En este clima, y sobre todo a partir del Consejo Europeo de Laèken, celebrado en diciembre de 2001, surge el tratado por el que se instituye una Constitución para Europa en el que se incorpora una Carta de Derechos Fundamentales16. A la constitución Europea se le ha atribuido el merito de aglutinar en un solo texto de derechos que hasta ahora estaban dispersos, haciendo visible el compromiso de la Unión Europea con los derechos humanos17, no ha definido ex novo nuevos derechos, sino que ha recogido los que están vigentes y operativos en el ámbito de la Unión. Así, según el párrafo quinto del Preámbulo: ``La presente Carta reafirma… los derechos que emanan en particular de las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas por la Unión y por el consejo de Europa, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos``.

``La carta busca llenar un vacío; pero este vacío no proviene de la falta de protección de los derechos fundamentales  en los diferentes Estados miembros, que, por otro lado, con la excepción del Reino Unido, tienen todos una Constitución y forman parte del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. El vacio se da en el seno de la Unión: lo que pretende la Carta es proteger los derechos fundamentales en el plano de la Unión Europea, es decir, imponer a las instituciones de la Unión Europea, cuando legislan y actúan, el respeto a los derechos fundamentales, tal como quedan definidos en la Carta. La carta no tiene como objetivo obligar en ningún caso a los Estados miembros a modificar sus legislaciones nacionales``18.

Y con la Constitución Europea vuelve a surgir el tema de la adhesión al CEDH y, ahora sí, se incluye una cláusula que permitirá a la Unión adherirse al Convenio19. Así, el según el artículo 1-9.2 ``La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Esta adhesión no modificara las competencias de la Unión que se definen en la Constitución ``. En el informe final del grupo de trabajo sobre la incorporación de la Carta y la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos se enumeraban los argumentos a favor de la incorporacion20. ``En primer lugar, la adhesión trasmitiría un mensaje político claro en cuanto a la coherencia entre la Unión Europea y el Consejo de Europa y su sistema paneuropeo de protección de los derechos humanos. Asimismo. La adhesión al CEDH daría mayor credibilidad a un sistema en el que los ciudadanos carecen en la actualidad de una protección análoga frente a actos de la Unión a la que disfrutan frente a los Estados miembros de la Unión… En tercer lugar, la adhesión aseguraría la coherencia de la jurisprudencia de ambos Tribunales en materia de derechos humanos``.

De todas formas, lo bien cierto es que la adhesión de la Unión al CEDH no cambiara el sistema de protección, es decir, no significara la existencia de un único sistema de garantía –el que otorgue el TEDH-. La carta sustituye los principios generales del derecho comunitario por un texto escrito y, por lo tanto, los diversos sistemas jurídicos continúan coexistiendo, el TEDH y el TJCE también y, en consecuencia, no se evita y la posibilidad de incoherencias entre ellos.

Desde luego van a tener que convivir y relacionarse varias constituciones (las nacionales y la europea –si finalmente llega a prosperar-); relaciones calificables de atípicas, sin precedentes, puesto que no se asimilan al modelo de la pluralidad constitucional del Estado federal21. En estas relaciones debe tenerse muy presente, por un lado, el deber de las instituciones de la Unión de respetar las estructuras fundamentales de la Constitución de cada Estado miembro y, por otro, lo que dice el artículo 1-6, según el cual. ``La constitución y el Derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el ejercicio de las competencias que se le atribuyen a esta primaran sobre el Derecho de los Estados miembros``22.

 

III. DERECHO A UN JUEZ INDEPENDIENTE E IMPARCIAL.

1.      Regulación y ámbito de aplicación

Los derechos Fundamentales de carácter procesal están reconocidos en el Titulo VI –rubricado ``Justicia``- del libro II de la Constitución Europea; concretamente en los artículos II-107 a II-110. El primero de ellos, el II-107, titulado ``Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial`` reconoce, entre otros, los derechos que son objeto de nuestro comentario, y lo hace de la siguiente manera: ``Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída… por un juez independiente e imparcial. Establecido previamente por la ley``. Si nos fijamos, salvo algún matiz que a continuación destacamos, la redacción es similar a la del artículo 6 del CEDH pues según este ultimo ``Toda persona tiene derecho a que su causa sea vista… por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá sobre sus derechos y obligaciones civiles, sea sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella``.

Dado que el articulo II-112.3, relativo al alcance e interpretación de los derechos y principios, señala que ``en la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere relativo al derecho a un juez independiente e imparcial, son coincidentes, el sentido y alcance que debemos otorgar al derecho que reconoce la Constitución Europea es el mismo que se ha venido otorgando a este derecho fundamental por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por otro lado, y aunque en el articulo II.107 de la Constitución Europea no se hace referencia expresa al orden jurisdiccional al que resulta aplicable el derecho a un juez independiente e imparcial, es claro que, de acuerdo con el articulo 6 CEDH, es aplicable a todos los órdenes jurisdiccionales, no existiendo justificación alguna para limitar su ámbito de aplicación al orden penal. No debe olvidarse que ``además de una garantía  procesal en sentido estricto, es también y sobre todo, una garantía jurisdiccional, esto es relativa a la composición de los tribunales, independientemente del proceso de que estos conozcan. Es por ello por lo que en sentido estricto no cabe referir la predeterminación del juez a los tipos de procesos, sino a los órdenes jurisdiccionales y a las clases de tribunales``23.

 

2.  Significado del término ``juez``

Como hemos señalado la redacción de la Constitución Europea y la del CEDH en este punto son prácticamente coincidentes. Empero existe una palabra en la que divergen: mientras el articulo II-107 utiliza el término ``juez``, el artículo 6 CEDH emplea el vocablo ``tribunal``. EN todo caso, ambos preceptos se están refiriendo a una misma realidad, veámosla.

El termino ``juez`` (también ``tribunal``) es equivalente a órgano jurisdiccional, es decir, que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída por un órgano jurisdiccional. Sin embargo, no siempre lo ha entendido así el TEDH quien en sus primeras resoluciones adopto un concepto meramente funcional de tribunal24 con el que no nos podemos mostrar de acuerdo:

``En este caso no se discute que un Comité de inspectores, cuando ejerza sus facultades litigiosas, es un tribunal establecido por la ley… El art. 6. 1 al utilizar la palabra ``tribunal`` no se refiere necesariamente a un órgano de tipo clásico, formando parte de la organización judicial ordinaria del país`` (Sentencia de 28 de junio de 1984, FJ 76, asunto Campbell y Fell).

``Según la jurisprudencia del tribunal, un ``tribunal`` se caracteriza, en el sentido de fondo del término, por su función judicial: resolver, conforme a las reglas del Derecho y después de un procedimiento reglado, cualquier cuestión que dependa de su competencia`` (Sentencia de 29 de abril de 1988, FJ 64, asunto Belilos).

Como se ha puesto de manifiesto25 ``si hubiera que limitarse a estas constataciones, la garantía jurisdiccional quedaría prácticamente anulada, porque cada Estado seria libre para configurar el régimen del órgano al que atribuya la función judicial``.

Por su parte, y en orden a concretar que es ``Juez`` o ``Tribunal`` debemos recoger la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Este ha indicado, en diversas resoluciones, los elementos que deben concurrir en un órgano para que pueda considerarse jurisdiccional. Son los siguientes (vid. Entre otras, Sentencias de 17 de septiembre de 1997 (TEJCE 1997, 180), de 21 de marzo de 2000, (TJCE, 47), de 30 de noviembre de 2000 (2000, 3003), 30 de mayo de 2002 (2002, 173), de 31 de mayo de 2005 (TJCE 2005, 157)):

1.    Origen legal del órgano.

2.    Permanencia.

3.    Carácter obligatorio de su jurisdicción.

4.    Carácter contradictorio del procedimiento

5.    Aplicación por parte del órgano de normas jurídicas.

6.    Independencia.

De todas formas, la aplicación de estos criterios no ha impedido que el TJCE considere órgano jurisdiccional a ``Tribunales`` que en España no tienen propiamente aquella consideración.

En este sentido, por ejemplo, la STJCE de 21 de marzo de 2000 (STJCE 2000, 47) estima que el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña es un órgano jurisdiccional (en el sentido el artículo 177 del Tratado):

La justificación que da el Tribunal del Luxemburgo para otorgarle tal consideración es la siguiente:

``A este respecto procede señalar, en primer lugar, que la misión de los Tribunales Económico-Administrativos ha sido definida por la Ley… El procedimiento de las reclamaciones tributarias ha sido regulado…La Ley…confieren así a los Tribunales Económico-Administrativos origen legal  y permanencia (FJ 34)

Procede indicar a continuación que… los Tribunales Económico-Administrativos están obligados o pronunciarse sobre las reclamaciones sometidas a su conocimiento. Se deduce además de artículo… que las decisiones de la Administración Tributaria solo son recurribles en vía contencioso-administrativa tras haber presentado una reclamación ante los Tribunales Económico-Administrativos. La jurisdicción de dichos Tribunales tiene por tanto carácter obligatorio (FJ 35).

Además… fuera de los casos de nulidad de pleno derecho y recurso extraordinario de revisión, las resoluciones firmes de los Tribunales Económico-Administrativos no pueden ser revocadas ni modificadas por la Administración Tributaria, que está obligada a ejecutarlas y, en su caso, a rectificar el acto impugnado o devolver las cantidades ingresadas indebidamente. Conforme al artículo 112 de dicho Decreto, los Secretarios de los Tribunales Económico-Administrativos vigilaran el cumplimiento de las resoluciones dictadas por dichos Tribunales y adoptaran las medidas pertinentes para remover los obstáculos que se opongan a su ejecución. Las resoluciones firmes de los Tribunales Económico-Administrativos tienen, por tanto, fuerza obligatoria (FJ 36).

En cuanto al carácter contradictorio del procedimiento de las reclamaciones tributarias, procede recordar que la exigencia de un procedimiento contradictorio no es un criterio absoluto (sentencia Dorsch Consut (TJCE 1997, 180), antes citada, apartado 31). En caso que aquí se analiza, los interesados pueden presentar escritos de alegaciones y pruebas en apoyo de sus pretensiones y solicitar la celebración de vista publica… Además…, el Tribunal Económico-Administrativo que estime pertinente resolver cuestiones no planteadas por los interesados debe exponerlas a los que estuvieran personados en el procedimiento y concederles un plazo de quince días para que formulen alegaciones. Dadas estas circunstancias, procede concluir

Que el procedimiento de las reclamaciones tributarias cumple el requisito de ser un procedimiento contradictorio (FJ 37).

Por otra parte… las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos deberán ser motivadas, con exposición de los fundamentos de hecho y de Derecho. El artículo 1 del Real Decreto 391/1996 (RCL 1996, 1072 y 2005) precisa que los tribunales Económico-Administrativos resolverán las reclamaciones tributarias con arreglo a lo establecido en las normas legales y en dicho Decreto. Según el artículo 40, apartado de 2, de dicho Decreto, los Tribunales Económico-Administrativos pueden, bien confirmar el acto impugnado, bien anularlo total o parcialmente, o bien, por último, formular las declaraciones de derechos y obligaciones que procedan u ordenar a los órganos de gestión que dicten determinados actos. De estas disposiciones se deduce que los Tribunales Económico-Administrativos aplican normas jurídicas (FJ 38).

Por último, procede subrayar que el artículo 90… garantiza la separación funcional entre los servicios de la Administración Tributaria responsable de la gestión, liquidación y recaudación, por una parte y, por otra, los Tribunales Económico-Administrativos, que resuelven las reclamaciones presentadas contra las decisiones de dichos servicios sin recibir instrucción alguna de la Administración Tributaria (FJ 39).

Tales garantías confieren a los Tribunales Económico-Administrativos la cualidad de tercero en relación con los servicios que adoptaron la decisión objeto de la reclamación y a la independencia necesaria para poder ser considerados órganos jurisdiccionales en el sentido del artículo 177 del Tratado (LCEur 1986,8), a diferencia de lo que ocurría con el directeur des contributions directes et des accises del que se trataba en la sentencia de 30 de marzo de 1993 (TJCE 1993, 37), Corbiau (C-24/92, Rec. P. 1-1277), apartados 16 y 16. (FJ 41).

Se deduce de las consideraciones precedentes que debe considerarse al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 177 del Tratado (LCEur 1896,8), por lo que procede declarar la admisibilidad de la cuestión prejudicial (FJ 41).

En cambio, la STJCE de 31 de mayo de 2005 (2005, 157) señala que el Epitropi Antagonismou (Comisión de Defensa de la Competencia Griega) no es un órgano jurisdiccional. La propia Sentencia sigue manteniendo que los Tribunales Económico-Administrativos son órganos jurisdiccionales, aun afirma que la Comisión de Defensa de la Competencia griega no lo es puesto que su posición en el ``proceso`` no es de tercero sino de parte. Sin duda, se introduce con esta última sentencia un elemento de confusión respecto de la configuración de lo que un órgano jurisdiccional debe ser pero, en todo caso, lo que es importante ahora analizar son los diferentes argumentos utilizados para, ante casos aparentemente similares, arribar a soluciones distintas.

Veamos, en primer lugar, los argumentos con base en los cuales el TJCE niega el carácter de órgano jurisdicción al Epitropi Antagonismou:

``sobre el particular conviene señalar, en primer lugar, que el Epitropi Antagonismou se halla bajo la tutela del Ministro del Desarrollo. Pues bien, una tutela de esta índole implica que el citado Ministro se halla facultado, dentro de ciertos límites, para controlar la legalidad de las resoluciones del Epitropi Antagonismou (FJ 30).

A continuación, si bien es cierto que los miembros del Epítrope Antagonismou disfrutan de una independencia personal y operativa y únicamente están sujetos, en el ejercicio de sus funciones a la Ley y a su conciencia, en los términos de la Ley núm. 703/1977, no es menos verdad que no consta que la revocación o anulación de su nombramiento estén sujetas a garantías especiales. Pues bien, un sistema  de esta índole no parece tener entidad suficiente como para obstaculizar eficazmente las intervenciones o presiones indebidas por parte del poder ejecutivo sobre los miembros del Epitropi Antagonismou… (FJ 31).

Debe recordarse, además que, conforme al artículo 8c, apartado 1, letras b) y d), de la citada Ley, por una parte, el Presidente del referido organismo está encargado de la coordinación y de la orientación general de la Secretaria; por otra parte, es el superior jerárquico del personal de esta misma Secretaria y ejerce las facultades disciplinarias sobre el citado personal (FJ 32).

…el Epitropi Antagonismou, órgano decisorio, no se distingue  con nitidez, como tercero, del organismo estatal que, por su cometido, puede asemejarse a una parte en el marco del procedimiento, en la medida en que guarda una relación funcional con su Secretaria, órgano de instrucción a propuesta del cual actúa (FJ 34).

Finalmente, debe recordarse que un organismo de defensa de la competencia como el Epitropi Antagonismou se halla obligado a trabajar en estrecha colaboración con la Comisión de las Comunidades Europea y puede ser privado de sus atribuciones en virtud de una Decisión de la Comisión… (FJ 34).

De los datos examinados, considerados en su totalidad, se desprende que el Epitropi Antagonismou no tiene el carácter de un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 CE (FJ 37).

Vistos los argumentos argüidos por el TJCE para negar la naturaleza jurisdiccional al Eptropi Antagonismou, conviene a continuación destacar el distinto tratamiento que se realiza en la propia Sentencia entre el Epitropi Antagonismou griego y los Tribunales Económico-Administrativos españoles y que determina, según el Tribunal de Luxemburgo, que aquel no sea considerado órgano jurisdiccional y estos sí:

``Debe considerarse este respecto que el Tribunal de Justicia considero, en los apartados de 39 y 40 de la sentencia Gabalfrisa y otros (TJCE 2000, 47), antes citada, que los Tribunales Económico-Administrativos (España) son terceros respecto a los servicios de la Administración tributaria encargados de la gestión, liquidación y recaudación del IVA, en particular debido a la separación funcional entre unos u otros. Ahora bien, el Epitropi Antagonismou, órgano decisorio, no se distingue con nitidez, como tercero, del organismo estatal que, por su cometido, puede asemejarse a una parte en el marco de un procedimiento en materia de competencia, en la medida en que guarda una relación funcional con su Secretaria, órgano de instrucción a propuesta del cual actúa (FJ 33).

3.  Necesidad de que este previamente establecido por la ley

Además y según se establece en el mismo artículo II-107, párrafo segundo, ese órgano jurisdiccional –el juez- ha de estar ``previamente establecido por la ley``, con lo que, con carácter general, se prohíben los tribunales ad hoc o de excepción, es decir, aquellos creados con posteridad a un caso para enjuiciarlo. De todas formas, entendemos que, al igual que ocurre con el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, consagrado en el artículo 24 de nuestra norma fundamental, la obligación de que el juez este ``previamente establecido por la ley`` debe ir más allá de la simple prohibición de los Tribunales de Excepción. Incluye, por supuesto, lo relativo a la creación del órgano jurisdiccional y también todo lo relativo a la competencia del mismo. Es decir, el juez que conozca un asunto ha de haber sido creado con anterioridad al hecho que va e enjuiciar y su competencia le ha de haber sido atribuida también con anterioridad al caso.

Además, creemos que debe ser necesario también que la composición del órgano jurisdiccional venga determinada por la ley y que se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación de las personas que han de formar dicho órgano26. Es decir, que ``previamente establecido por la ley`` abarca también al aspecto denominado juez-persona puesto que ``en caso contrario, lo que el legislador u otros poderes públicos no podrían conseguir manipulando la creación o la atribución de competencia de los órganos jurisdiccionales, lo tendría a su alcance a través de una manipulación de los mecanismos de determinación de las personas de los juzgadores``27. Esta interpretación viene avalada, además, por el hecho de que el precepto utiliza el término ``juez`` y no ``órgano jurisdiccional`` o ``tribunal``. Esto no significa evidentemente que el derecho a que el juez este previamente establecido por la ley no supone el derecho a un juez concreto.

4. Derecho a un juez independiente.

El juez a que se tiene derecho es un juez independiente. La independencia significa que ``los jueces y magistrados, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional y en el cumplimiento que su función, quedan sometidos única  y exclusivamente a la ley``28. No están sometidos, por tanto, ni a tribunales superiores ni a ningún otro tipo de entidad29 –llámense partidos políticos, otros poderes del Estado, asociaciones, etc.-.

Como hemos visto en el apartado anterior, el TJCE une la independencia a la esencia del órgano jurisdiccional, es decir, que uno de los requisitos que afirma que ha de concurrir en un determinado órgano para que sea considerado jurisdiccional. Para comprobar si un órgano es independiente se utilizan varios criterios como el modo de designación de los integrantes del órgano jurisdiccional, la duración de su mandato, la apariencia o no de independencia, etc.30.

Con ORTELLS  entendemos que ``sería conveniente partir, para la comprobación del requisito de la independencia, de la distinción entre las normas configuradoras de la independencia y las normas que establecen garantías para la misma``31. Las primeras, que determinan que el juez, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, no está sometido a instrucciones, órdenes distintas a la ley, no son suficientes para garantizar la independencia. Es necesario también establecer garantías a la misma para evitar determinadas presiones que pueden sufrir los jueces32.

El Epitropi Antagonismou no es independiente –o mejor, su independencia no queda suficientemente garantizada- y, en consecuencia no es órgano jurisdiccional porque si bien es cierto que sus miembros ``disfrutan de una independencia personal y operativa y únicamente están sujetos, en el ejercicio de sus funciones, a la Ley y a su conciencia, en los términos de la Ley núm. 703/1997, no es menos verdad que no consta que la revocación o anulación de su nombramiento estén sujetas a garantías especiales. Pues bien, un sistema de esta índole no perece tener entidad suficiente como para obstaculizar eficazmente las intervenciones o presiones indebidas por parte del poder ejecutivo sobre los miembros del Epitropi Antagonismou (STJCE de 31 de mayo de 2005).

Si bien nos fijamos la sentencia está confundiendo los dos aspectos a los que hacíamos referencia puesto que, primero afirma que los miembros del Epitropi Antagonismou disfrutan de una independencia personal y operativa, estando sujetos en el ejercicio de sus funciones únicamente a la ley. Y, posteriormente, le niega la independencia porque no consta que la revocación o anulación del nombramiento de sus integrantes este sujetas a garantías especiales.

5. Derecho a un juez imparcial

A diferencia de nuestra Constitución en la que no se recoge expresamente el derecho a un juez imparcial, la Constitución Europea ha optado por que el contenido del derecho fundamental instaurado en el art. II-107 párrafo segundo, no se limite a ``un juez``, sino que éste ha de ser, además de independiente, imparcial. De todas formas, y a pesar de lo dicho, lo bien cierto es que la doctrina ha venido incluyendo esta garantía dentro del derecho a un proceso con todas las garantias33.

La imparcialidad hace referencia a cada juez concreo34 –estamos ante una garantía orgánica, referida al órgano jurisdiccional35 –y con relación a un proceso determinado36. En este sentido, se señala en la STC de 12 de diciembre de 2005 que ``la imparcialidad objetiva despliega su eficacia sobre el especifico objeto del proceso, sin que pueda extenderse al resultado del contraste entre dicho objeto y el de cualquiera otros procesos de los que haya podido conocer el juzgador``.

La imparcialidad, que en última instancia tiende a garantizar la confianza de los ciudadanos en los Tribunales (STC de 12 de diciembre de 2005), podemos definirla, atendiendo a la jurisprudencia del TEDH, como la ausencia de prejuicios o parcialidades necesaria para lograr la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democratica37. Ciertamente, como ha sido puesto de manifiesto38, la definición es paupérrima puesto que deja reducido el concepto de parcialidad a la idea de ``prejuicio``, idea, por otro lado, ampliamente imprecisa.

Por otro lado, el TEDH suele distinguir dos aspectos de la imparcialidad: uno subjetivo y otro objetivo. El primero hace referencia a la convicción personal del juez respecto de un caso concreto y determinado; el segundo va dirigido a asegurar que se ofrezcan garantías suficientes para excluir toda duda legítima acerca de su imparcialidad.

En este sentido, entre otras, la STEDH de 25 de julio de 2002 señala que ``la Cour rappelle qu`aux fins de I`article 6, I, impartialite doit s`apprècier selon une dèmarche subjetive, essayant de dèterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle ocasión, et aussi selon une demarche objetive amenant à sàssurer qu`il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cetègard tout doute lègitime``.

 La imparcialidad en sentido subjetivo debe ser presumida, salvo que se demuestre lo contrario39, demostración, en todo caso, harto difícil porque ``requiere la prueba de un factor interno o espiritual como es el de un determinado pre-juicio del juez respecto del caso``40. La falta de imparcialidad en sentido objetivo, en cambio, es más fácil de probar; de hecho, se presume la falta de imparcialidad si no concurren las citadas garantias41.

De entre las distintas causas que colocarían al juez como sospechoso de parcialidad interesa destacar la siguiente: haber actuado como instructor en la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia. Estamos de acuerdo con MONTERO42 que, en ambos casos, realmente la razón de ser de la causa no es el principio de imparcialidad, o el derecho a un tribunal imparcial, sino la incompatibilidad de funciones, con las consecuencias que en ello puede acarrear:

``Si la regla de que quien instruye no puede luego juzgar, no es tanto consecuencia del principio de imparcialidad del juez, como manifestación concreta de la incompatibilidad de funciones procesales, manifestación que responde a la concreta manera como se ha regulado el proceso penal, dividido en dos fases, la de instrucción y la de juicio oral, se estaría desvirtuando el proceso mismo, la manera en que este ha sido regulado, pues entonces la convicción del juez sentenciador podría basarse en algo distinto de lo oído y visto en el juicio oral.

Si la regla de que quien ha realizado el pleito o causa en la instancia no puede conocer de un recurso devolutivo, no es tanto, consecuencia del principio de imparcialidad del juez, como otra manifestación concreta de la misma incompatibilidad de funciones procesales, pues si un mismo juez conociera de la instancia y del recurso se estaría desvirtuando la manera como el legislador ha configurado el proceso, distinguiendo dentro del mismo una instancia y luego uno o más recursos.

Lo que estamos proponiendo es una reinterpretación de las causas de abstención y de recusación enunciadas en el número 10 del artículo 219 de la LOPJ –haber actuado como instructor en la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia-, las cuales no encontraría su razón de ser en el principio de imparcialidad…``43

Pero, pese a estar de acuerdo, lo bien cierto es que la jurisprudencia del TEDH lo sigue considerando como directamente relacionado con el principio de imparcialidad, con lo que si el juez no se abstiene o no es recusado los actos serán validos. En cambio, si estuviéramos ante un caso de incompatibilidad de funciones, el incumplimiento de la norma debería acarrear la nulidad de los actos realizados concurriendo la causa44.

Por otro lado, debe también matizarse que el TEDH ha entendido que no toda actuación anterior del juez en el asunto que luego se somete a su potestad jurisdiccional, determina su falta de parcialidad45. En este sentido, por ejemplo, señala la STEDH de 25 de julio de 2002:

``Pareille situation peut susciter chez le prèvenu des doutes sur I`impartialitè des juges. Cependant, la rèponse à la question de savoir si Iòn peut considèrer ces doutes comme objetivement justifiès varie suivant les circonstances de la cause; e simple fair qu`un juge ait dèjà pris des dècisions avant le procès ne peut donc, en soy, justifier des apprèhensions quant à son impartialitè

De todas formas en el caso concreto al que se refiere la sentencia si se estima la falta de imparcialidad:``La cour estime en consèquence que, dans les circonstances de la cause, I`impartialitè de la jurisdiction de juguement `pouvait susciter des doutes sèrieux dans la mesure où tan son prèsident que son juge-rapporteur ètaient intervenís dans de nombreux actes d`intruction dont, en particulier, le reset de I`appel contre I`ordonnance d`inculpation prononcèe à I`encontré du requèrant et les dècisions prorogeant sa dètention provisoire ferme. Elle estime que les craintes du requèrant à cet ègard puvaient passer pour objetivement justifièes``.

Para finalizar, indicar simplemente que los mecanismos para garantizar la imparcialidad son, en nuestro derecho, la abstención y la recusación pero, lo que importa ahora destacar, es la necesidad de objetivar las causas o situaciones que desencadenan que un juez sea excluido de un determinado proceso. Es decir, ante la imposibilidad de descubrir el ánimo o intención –o si se quiere ``prejuicio``- del juzgador, el legislador ha de objetivar una serie de causas que, si concurren, lo hacen sospechoso de parcialidad y, en consecuencia, acreditada la existencia de alguna de ellas ha de apartarse del conocimiento del asunto.

 

IV. A MODO DE CONCLUSIÒN: MECANISMOS DE PROTECCIÓN TRAS LA CONSTITUCIÓN EUROPEA

Como hemos visto, la Constitución Europea no innova respecto de los mecanismos ya existentes para la protección de los derechos fundamentales. Podríamos concluir pues, con GARCIA ALONSO46 que ``la solemne proclamación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea puede considerarse, creo, un paso más en la línea que comenzó a dibujarse en la década de los setenta.

Evolución pues, que no revolución, que se traduce, por lo pronto, en una mayor visibilidad de los derechos fundamentales, tal y como propuso primero el informe Simitis… y asumió después el Consejo Europeo de Colonia…``.

Queremos, no obstante, rescatar algunas de las propuestas realizadas para intentar mejorar la protección de los derechos fundamentales. Una de las propuestas que tradicionalmente se han ido solicitando es

 la creación de un recurso comunitario al estilo del recurso de amparo; recurso que permitiría que la tutela de los derechos fundamentales a nivel comunitario fuera una realidad con consecuencias prácticas en los diversos Estados.

Sobre la incorporación del recurso de amparo comunitario se han puesto de manifiesto varios de los interrogantes que plantea su incorporacion47: en primer lugar, ``no existe un modelo prototipo y único de procedimiento de amparo y, en consecuencia, resultaría imprescindible clarificar los perfiles concretos del recurso de amparo. En todo caso, si por tal recurso de amparo se concibiera aquel procedimiento jurisdiccional mediante el cual cualquier persona sometida a la jurisdicción de los Estados miembros de la Unión Europea pudiera recabar del TJCE la reparación de las violaciones sufridas en los derechos que le reconoce la CDFUE por parte de los actos de las instituciones comunitarias e, incluso, de los Estados miembros cuando apliquen Derecho comunitario, se plantearía inmediatamente, por ejemplo, la necesidad de conciliar dicho procedimiento con el sistema de recursos jurisdiccionales comunitarios o las competencias propias de la jurisdicción comunitaria  la de las jurisdicciones nacionales (ordinarias y constitucionales) o la revisión interna del funcionamiento del propio TJUE en tanto en cuanto uno de los riesgos derivados evidentes residiría en la ampliación del volumen de litigios que al mismo se le plantearían``.

Otras propuestas48 para la mejora del sistema de protección han sido las siguientes:

1.      Articular mecanismos de cooperación jurisdiccional entre los Tribunales de Estrasburgo y Luxemburgo.

2.      Activar la naturaleza consultiva del TEDH, es decir, que el tribunal comunitario antes de decidir sobre un asunto, en el que tuviera aplicación una disposición de la Convención de Roma, solicite al Tribunal de Estrasburgo dictamen consultivo. De todas formas debe tenerse presente que tanto esta propuesta como la anterior no generaría un efecto jurídico inmediato a la vez que alargarían el tiempo para la resolución de los conflictos influyendo negativamente sobre el derecho a la tutela judicial efectiva49. Lo que sí es cierto es que se avanzaría en la igualación interpretativa de los derechos realizada por ambas jurisdicciones50.

3.      Posibilidad de admitir un sistema de solicitud reciproca de recursos prejudiciales entre TJCE y TEDH; aunque este sistema tiene el importante inconveniente del aumento de la complejidad y duración de los procedimientos.

 

 

 

1.      Como señala PASTOR RIDRUEJO, A., la globalización o mundialización ``no es otra cosa que la culminación de la idea de la interdependencia entre los Estados… Pero el termino globalización tiene hoy una coloración predominantemente económica… Sin embargo, el termino globalización es multìvoco y puede ser considerado desde ópticas o perspectivas distintas de las puramente económicas`` (``La globalización de los Derechos Humanos. El reto del siglo XXI``, en Revista Europea de Derechos Fundamentales, num.2, 2.o semestre 2003, p. 20).

2.      LASAGA SANZ, R., ``Los orígenes de la Justicia internacional: la Sociedad de Naciones``, en Hacia una justicia internacional, Civitas, 2000, p. 790.

3.      3LASAGA SANZ, ``Los orígenes…``, cit., p. 791.

4.      GARRIDO MAYOL, V., ``Las disfunciones del recurso de amparo constitucional: el problema de las sentencias platónicas``, en Revista Europea de Derechos Fundamentales, núm. 2,2.o semestre 2003, p.

5.      ASENCIO MELLADO, J.M.a  ``Los derechos contemplados en el art. 8 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de fecha 4 de noviembre de 1950``, en Seminario sobre jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos``, Generalitat Valenciana, 1998, p. 142.

6.      En Diario La Ley, núm. 6405. Lunes, 23 de enero de 2006.

7.      ASENCIO MELLADO, ``Los derechos contemplados…``, cit., p. 142. Como señala ORTELLS RAMOS, M., ``reparar específicamente, en el ordenamiento del Estado responsable, el derecho lesionado no consistirá en ejecutar un pronunciamiento de condena (que como tal no existe), sino mas bien en acciones constitutivas dirigidas contra el acto o la disposición, que eliminen del ordenamiento esos acto o disposición y sus efectos jurídicos que el TEDH ha entendido lesivos de un derecho reconocido`` (``El juez español ante el Convenio Europeo de Derechos Humanos y ante las sentencias del TEDH``, en Seminario sobre jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Generalitat Valenciana, 1998, p. 32).

8.      GARRIDO MAYOL, ``Las disfunciones del recurso…``, cit., pp. 111-112. Y apostilla: ``por ello es necesario que pongamos en práctica los compromisos y obligaciones asumidos por los Estados que suscribieron la competencia del Tribunal de Estrasburgo. No parece admisible que, tal y como ha destacado el Tribunal  Supremo después de más de cincuenta años solamente Noruega, Luxemburgo, Malta y el cantón suizo Appenzell reconozcan efectos en su ordenamiento a las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos``.

9.      CASTILLO DAUDI, M., ``La protección internacional de los Derechos Humanos en las Comunidades Europeas y en la Unión Europea``, en El papel de la jurisprudencia del TJCE en la armonización del derecho europeo. Situación y perspectiva tras cincuenta años, Coord. Vilata Menadas, S., Universitat de Valencia, 2005, pp. 122-123.

10.  CASTILLO DAUDI, ``La protección internacional…``, cit., p. 124.

11.  La expresión es de AGUILERA MORALES, M., ``Presunción de inocencia y derechos de la defensa``, en Comentarios a la Constitución Europea, Libro II, Dir., Álvarez Conde, E., y Garrido Mayol, V., Tirant lo Blanch, p. 1546.

12.  Como ha señalado ESCOBAR HERNANDEZ, C. el TJCE tuvo que vencer un importante número de obstáculos, ``en especial, la falta de atribución de competencia a favor de la Comunidad Europea en materia de derechos humanos, la ausencia de un texto comunitario de naturaleza normativa que enumere los derechos protegibles en sede comunitaria y la falta, no menos importante, de una vía de recurso especialmente diseñada para la defensa y garantía de los derechos fundamentales (``La protección de los Derechos Humanos en la Unión Europea``, p. 4).

13.  ESCOBAR HERNANDEZ, C., ``La protección de los Derechos Humanos…``, cit., p. 4.

14.  El camino hasta la formalización escrita de un catálogos de derechos fundamentales en la Constitución Europea ha seguido un largo camino que puede resumirse en los siguientes pasos: 1. El Acta Única Europea, de 27 de enero de 1986 incluye en su Preámbulo una mención relativa a la responsabilidad que incumbe a Europa de procurar el respeto a los derechos humanos. 2. En el Tratado de Maastricht de 2 de febrero de 1992, se afirma el compromiso de la Unión Europea de respetar los derechos fundamentales tal  y como se garantizan en el CEDH. 3. Con el tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997, por un lado se establece que el respeto  garantía de los derechos humanos es uno de los pilares sobre los que se asienta la Unión Europea. Por otro lado, se formaliza la competencia del Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre los derechos humanos. 4. El Tratado de Niza de 26 de febrero de 2001 sigue en la línea de Ámsterdam e incluye una formula de control preventivo. Vid. CASTILLO DAUDI, ``La protección internacional…, cit., pp. 128 y ss.

15.  RUIZ MIGUEL, C., ``El largo y tortuoso camino hacia la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea``, en Revista Europea de Derechos Fundamentales, núm.2, 2.o semestre 2003, pp. 84 y ss. Como se ha puesto de manifiesto ``si un particular pudiera recurrir ante Estrasburgo contra un acto estatal de aplicación del Derecho Comunitario o contra un acto mismo comunitario, resultaría muy difícil evitar que la fuerza expansiva de la jurisprudencia del TEDH se limitara a resolver un supuesto de vulneración de derechos sin invadir ámbitos ajenos a su competencia como la interpretación del Derecho Comunitario, puesto que en la realidad practica de los casos es muy difícil –cuando no imposible- hacer una separación clara y tajante entre la legalidad del Derecho comunitario (originario o derivado) y la localidad de los derechos fundamentales (derivada del texto del CEDH) cuando se trata de examinar por un Tribunal si en un determinado caso concreto una norma (Reglamento o Directiva comunitaria)o un acto de aplicación del Derecho Comunitario ha violado un derecho fundamental garantizado en el CEDH`` (RALLO LOMBARTE, A., ``Las garantías jurisdiccionales de los Derechos Fundamentales reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea``, en Comentarios a la Constitución Europea, Libro II, Dir. Álvarez Conde y Garrido Mayol, Tirante lo Blanch, Valencia, 2004, p. 1646.

16.  En Colonia -3 y 4 de junio de 1999- se acuerda la elaboración de una Carta de Derechos Fundamentales para la Unión y en Tampere –cumbre de 15 de 16 de octubre de 1999- se encomienda dicha tarea una comisión denominada ``Convención``. Con relación a los pasos seguidos hasta la Constitución Europea, vid. PEREZ BUSTAMANTE, R., ``El camino hacia la Constitución Europea``, en Comentarios              a la Constitución Europea, Libro I, Dir. Álvarez Conde Y Garrido Mayol, Tirant lo Blanch, 2004, pp. 27 y ss.

17.  ESCOBAR HERNANDEZ, ``La protección de los Derechos Humanos…``, cit., p. 8.

18.  Conferencia pronunciada por JAQUÈ, J. P., en Barcelona el 23 de octubre de 2000. ``La carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea``, Observatorio de la Globalización, Serie General núm. 1, publicada en noviembre de 2000. www.ub.es/obsglob/Seriegeneral1.html.

19.  Como ha señalado PASTOR RIDRUEJO, J. A., parece lógico que si, en el dictamen 2/94 de 28 de marzo de 1996, el TJCE señalo que la adhesión a la Convención de Roma tenia incidencia  y envergadura constitucional, sea la propia Constitución Europea la que exhorte a que la adhesión se haga (``La interrelación de los sistemas de protección de los derechos fundamentales``, en Comentarios a la Constitución Europea, Libro I, Dir. Álvarez Conde y Garrido Mayol, Tirant lo Blanch, 2004, p. 1662).

20.  MORTE GOMEZ, C., ``El papel del Convenio de Derechos Humanos en el sistema de derechos fundamentales de la Unión Europea``, en Comentarios a la Constitución Europea, Libro I, Dir. Álvarez Conde y Garrido Mayol, Tirant Lo Blanch, 2004, pp. 1623-1624.

21.  CRUZ VILLALON, P., ``Constitución Europea y Constituciones nacionales``, en Comentarios a la Constitución Europea, Libro I, Dir. Álvarez Conde y Garrido Mayol, Tirant lo Blanch, 2004, p. 85.

22.  Para DIEZ-PICAZO, L. M.a, ``La proclamación del principio de primacía en la Constitución  para Europa significara su aceptación explicita por los Estados miembros y, por consiguiente, una autolimitación de la vocación de ultima autoridad que aun tienen no pocas constituciones nacionales`` (`` ¿Tratado o Constitución? El valor de la Constitución para Europa``, en Comentarios a la Constitución Europea, Libro I, Dir. Álvarez Conde y Garrido Mayol, Tirant lo Blanch, 2004, p. 85.

23.  MONTERO AROCA, K., Sobre la imparcialidad del Juez y la incompatibilidad de funciones procesales, Tiran lo Blanch, Valencia, 1999, p. 126. Además como indica el autor, en las pp. 128 y ss. El derecho al juez predeterminado por la ley –previamente establecido por la ley, por seguir los términos utilizados por la propia Constitución europea- no es aplicable en los procedimientos administrativos, o mejor, a los órganos administrativos como tampoco lo es en el caso de que las partes decidan someterse a arbitraje.

24.   ORTELLS RAMOS, M..., ``Jurisprudencia del TEDH sobre el art. 6 del CEDH en el proceso penal (La doctrina de la ``noción autónoma de materia penal``. Derechos a un tribunal independiente e imparcial  que la causa sea oída equitativamente. Presunción de inocencia) ``, en La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Cuadernos de Derecho Judicial, CGPJ, Madrid, 1993, pp. 177-178.

25.   ORTELLS RAMOS, ``Jurisprudencia del TEDH…``, cit., p. 178.

26.  DIEZ-PICAZO, I., Comentarios a la Constitución española de 1978, Tomo III, artículos 24 a 38, dir. Alzaga Villaamil, O., Cortes Generales, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1996, pp. 57 y ss. Vease lo indicada por el autor en esas mismas páginas sobre las normas de reparto. Vid. También. CORDOBA CASTROVERDE, D., ``Algunas cuestiones relativas al derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley``, en Cuadernos de Derecho Público, núm. 10, mayo-agosto 2000, El artículo 24 de la Constitución: algunos problemas pendientes, pp. 92 y ss.

27.  DIEZ-PICAZO, Comentarios…., cit., p. 59. Como ha señalado CORDOBA CASTROVERDE, ``cabe preguntarse si también cualquier incumplimiento del procedimiento legalmente establecido o de los criterios legalmente marcados (por ej., piénsese en irregularidades administrativas en la resolución en la resolución de un concurso) conlleva la vulneración de este derecho fundamental, pues ello implicaría constitucionalizar todas las cuestiones organizas de nombramiento y traslados de los miembros de la carrera judicial, con la consecuencia inmediata de que tales cuestiones pasarían a ser conocidas por el Tribunal Constitucional mediante la invocación de este derecho y, lo que es más importante, la apreciación de cualquier irregularidad administrativa en dicho procesamiento o en la designación realizada conectaría con la existencia de una lesión del derecho fundamental al juez predeterminado por ley… Tal consecuencia aparece como desproporcionada… y en este punto conviene recordar que el TC ha señalado que este derecho no se extiende a garantizar un juez concreto, si no la presencia en las actuaciones  y la resolución de lo debatido por un juez –más concretamente por el juez concreto, sino la presencia en las actuaciones y la resolución de lo debatido por un juez –más concretamente por el juez competente al que corresponda el ejercicio de tales funciones- o por quien, y eso es lo esencial, funcionalmente haga sus veces`` (``Algunas cuestiones relativa…``, cit., pp. 94-95)

28.  MONTERO AROCA, Sobre la imparcialidad del Juez…, cit., p. 99.

29.  Vid. MONTERO AROCA, J., Independencia y responsabilidad del Juez, Civitas, Madrid, 1990, pp. 118 y ss.

30.  Vid., entre otras, SSTEDH de 28 de junio de 1984 (asunto Campbell y Fell), de 1 de octubre de 1982 (asunto Piersack) y de 17 de enero de 1970 (asunto Delcourt).

31.  ``Jurisprudencia del TEDH…`` cit., p. 180.

32.  Vid. ORTELLS RAMOS, ``Jurisprudencia del TEDH…``, cit., pp. 180-181.

33.  Vid. CALDERON CUADRADO, M.a P., ``El derecho a un proceso con todas las garantías (aspectos controvertidos y jurisprudencia del Tribunal Constitucional)``, en Cuadernos de derecho público, núm. 10 mayo-agosto 2000, El artículo 24 de la Constitución: algunos problemas pendientes. Pp. 166 y ss. Vid. MONTERO AROCA, J., Sobre la imparcialidad del Juez…, cit., pp. 122 y ss. Como ha señalado DIEZ-MONTERO AROCA, J., Sobre la imparcialidad del Juez…, cit., pp. 122 y ss. Como ha señalado DIEZ-PICAZO, refiriéndose al art. 24 de la Constitución  Española, ``el termino ordinario no protege todos los caracteres del status constitucional de los jueces. El derecho al juez ordinario no es el derecho a un juez con todas las garantías constitucionales (imparcialidad, independencia, inamovilidad, responsabilidad, etc.) El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley no es un cajón de sastre en el que quepan todas las cualidades constituciones del juez y de la jurisdicción. Nadie discute que todas esas otras garantías deben respetarse (con mayor motivo que la de la predeterminación legal, pues, como es obvio, ésta existe para proteger la independencia), pero el derecho del artículo 24.2 CE no es del derecho al juez con todas las garantías, sino el derecho al juez predeterminado por la ley`` (Comentarios…, cit., p. 64).

34.  De hecho, como señala PICO I JUNOY ``este carácter subjetivo, personal e individual de la imparcialidad judicial, hace que resulte inadmisible el planteamiento colectivo de la recusación de todo un tribunal colegiado salvo, obviamente, que cada uno de los jueces que lo componen carezca, individualmente considerado, de la mencionada legitimación. Si ello es así no estaremos en presencia propiamente de una falta de imparcialidad colectiva sino ante diversas y singulares parcialidades judiciales`` (La imparcialidad judicial y sus garantías: la abstención y la recusación, Bosch, Barcelona, 1998, pp. 29-30

35.  CALDERON CUADRADO, ``El derecho a un proceso…``, cit., pp. 166-167.

36.  MONTERO AROCA, J., Sobre la imparcialidad del Juez…, cit., p. 12.

37.  Sentencia de 1 de octubre de 1982, parágrafo 30, caso Piersack. Como señala PICO I JUNOY, j., ``mediante esta imparcialidad pretende garantizarse que el juzgador se encuentre en la mejor situación psicológica y anímica para emitir un juicio objetivo sobre el caso concreto ante el planteado…

En todo caso –y ello es algo que no se puede obviar- el mito de la absoluta neutralidad de quienes ejercen la función jurisdiccional debe relativizarse. El juez, como cualquier otra persona, posee una determinada escala de valores adquirida por muy diversas vías (su origen y posición social, formación, cultura, etc.…) que inexorablemente incide en sus resoluciones judiciales. Partiendo de esta realidad, la ley pretende garantizar el máximo de objetividad en el enjuiciamiento de las cuestiones litigiosas…`` (La imparcialidad…, cit.., pp. 23).

38.   MONTERO, Sobre la imparcialidad del juez…, cit., pp. 214 y ss.

39.  PICO Y JUNOY, La imparcialidad judicial…, cit., p. 24.

40.  ORTELLS RAMOS, ``Jurisprudencia del TEDH…``, cit., p. 182.

41.  PICO Y JUNOY, La imparcialidad judicial…, cit., pp. 24-25.

42.  Sobre la imparcialidad del juez…, cit., pp. 16 y ss.

43.  MONTERO AROCA, Sobre la imparcialidad del juez…, cit., pp. 16-17.

44.  MONTERO AROCA, Sobre la imparcialidad de juez…, cit., pp. 333-334.

45.  Recoge MONTERO algunos supuestos en los que el TEDH ha entendido que no se ha producido vulneración del artículo 6.1 del CEDh. Por ejemplo, en el caso al que se refiere la STEDH de 16 de diciembre de 1992, se niega que el haber decretado prisión provisional implique necesariamente falta de imparcialidad para luego asumir la función juzgadora. Además se indica que el conocer de un recurso de apelación contra la resolución que acuerda la detención provisional no impide luego integrar el órgano que ha de conocer del recurso de apelación contra la sentencia (Vid. MONTERO, Sobre la imparcialidad del juez…, cit., pp. 56 y ss.).

46.  ``El triple marco de protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea``, en Cuadernos de Derecho Público, núm. 13, mayo-agosto de 2001, Constitución Europea, constituciones internas e integración, pp. 16-17.

47.  RALLO LOMBARTE, A., ``Las garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales reconocidos en la CDFUE``, en Comentarios a la Constitución Europea, Libro II, Dir. Álvarez Conde y Garrido Mayol, Tirant lo Blanch, 2004, pp. 1640-1641.

48.  RALLO LOMBARTE, ``Las garantías jurisdiccionales…``, cit., pp. 1641 y ss.

49.  RUIZ-JARABO, P., ``La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y su renuncia a regular la competencia de los tribunales Comunitarios y de Derechos Humanos: ¿Virtud o defecto``, Noticias de la Unión Europea, 2001, p. 22; RODRIGUEZ BEREIJO, A., ``La carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea``, en Noticias de la Unión Europea, núm. 192, 2001, p. 19.

50.  RALLO LOMBARTE, ``Las garantías jurisdiccionales…``, cit., p. 1643.

 

 



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