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Obligacion de publicar ordenanzas
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Fecha de publicación: 03-12-2016
 
Fallo que obliga al Ejecutivo de Alberti a publicar ordenanzas en el Boletin Municipal.
 

11.088

14/05/2010, "CABALEIRO, LUIS FERNANDO C/ MUNICIPALIDAD DE ALBERTI S/AMPARO".

Mercedes, 14 de mayo de 2010.

           VISTOS: 

            Estos autos caratulados “CABALEIRO LUIS FERNANDO C/ MUNICIPALIDAD DE ALBERTI S/AMPARO", expediente Nº 11.088, que tramitan por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar resolución definitiva y de los que,

                        RESULTA: 

                        I.- 1) Que  a fs. 15/20  se presenta  el Dr. Luis Fernando Cabaleiro iniciando acción de amparo contra la Municipalidad de Alberti, con el objeto de solicitar el cumplimiento de la Ordenanza nº 1477/05 de dicha comuna.

                       2) Relata los antecedentes fácticos y jurídicos que dan sustento, según su parecer,  al planteo que efectúa.-

                        Manifiesta que  con la sanción de la Ordenanza nº 1477/05, se dispone  la obligatoriedad a partir del año 2006 de la publicación  periódica en un Boletín Oficial de todas las resoluciones que  emanen de los poderes públicos del Municipio de Alberti; y  que hasta la fecha de interposición de la acción se ha omitido realizar  la publicación periódica en el  mismo .

                        Incluso refiere,  que las ordenanzas y resoluciones del Concejo Deliberante como los Decretos del Departamento  ­Ejecutivo del Municipio de Alberti no son publicados ni siquiera en  los medios privados y página oficial de internet del municipio (www.alberti.gov.ar), situación que  genera una  anarquía, gravedad institucional y violación manifiesta del principio republicano consagrado en la Constitución Provincial Nacional.

                       Refiere asimismo que es un derecho y una garantía constitucional de todos los ciudadanos conocer las leyes que los rigen, siendo ello un principio esencial de la república;  asimismo que ello atenta contra el derecho de defensa (violándose así una de las máximas garantias previstas en el art. 18 de la Constitución Nacional).-

                        Que la omision de la Municipalidad es abiertamente manifiesta y arbitraria, y cercena derechos inherentes a la actora como lo es el derecho a la defensa art 18 CN, garantía del principio de legalidad art 19 CN, y garantía del  principio de legalidad tributaria (art 17 CN).-

                        Que el Poder Ejecutivo hasta la fecha no ha dado cumplimiento con dicha ordenanza, la cual como bien rezaba en sus fundamentos, ­venia a subsanar una gravísima situación, dado que consolida el principio de seguridad jurídica y evita  el  desconocimiento de las normas que surgen de sus instituciones.

                        Que así se altera el principio republicano de gobierno (art. 1º C.N. art. 1º C.P.).

                       Que la publicidad de los actos de gobierno es una nota distintiva del régimen republicano. Publicidad en este contexto significa que tales actos deben ser comunicados a los ciudadanos de modo que estos tengan la posibilidad de tener conocimientos precisos de ellos, de su contenido, su motivación, gestación y de su concreción; solo así podrán ejercer un control del poder que le compete. El acto que no ha sido dado a publicidad, no puede generar derechos y obligaciones.-

                        3) Finalmente invoca el cumplimiento de los requisitos de legitimación y admisibilidad de la acción que interpone.

                       II) Que a fs. 21 se requiere a la autoridad administrativa accionada el informe sobre los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada en los términos previstos por el art.10º y ccts. de la ley 13.928; como así también los expedientes administrativos relacionados con las pretensiones deducidas.

                        III) Que a fs. 81/89 vta., se recibe el informe sustanciado por el Municipio demandado.

                        En principio sostiene  que la acción deviene extemporánea, ya que  habría vencido el plazo fijado por el art. 6º de la Ley 13.928 , pues la supuesta omisión habría ocurrido en el año 2006, no tratándose este caso de actos u omisiones lesivas  periódicas.

                        Por otra parte, se indica que la Municipalidad ha cumplido con la normativa vigente en la materia, y ha tenido un apego a los procedimientos legales correspondientes.

                        Que el amparista mal interpreta lo establecido por la Ordenanza  nº 1477/05, en cuanto pretende que se trate del único medio de publicación  de normas Municipales para su validez y obligatoriedad.

                        Que el dictado de dicha ordenanza, en modo alguno puede considerarse derogatoria de la restante normativa aplicable en la materia.

                        En este sentido, la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires en su art. 108 inc. 2, faculta a los Departamentos Ejecutivos Municipales a promulgar y publicar las Ordenanzas que dicte el Departamento Deliberativo. Dicha facultad debe complementarse con el art. 125 de la Ord. General 267, el cual expresa que: "Los reglamentos administrativos producirán efectos jurídicos a partir del día siguiente al de su publicación por el medio que determine el Departamento Ejecutivo ".

                        Cita jurisprudencia de la Suprema Corte Provincial que pone de relieve la facultad de publicación aún en cartelera en el hall central.

                        Refiere que en modo alguno podría sostenerse que la Ordenanza nº 1477/05 ha derogado la Ley Orgánica de las Municipalidades o la Ordenanza General 267.

                        Que el amparista ni siquiera se ha molestado en denunciar -mucho menos intentado probar-, que el medio utilizado por el Departamento Ejecutivo para la publicación de la normativa municipal de alcance general, cercene y vulnere los derechos y garantías constitucionales que mencionara al promover la acción.

                        Que no se ajusta a derecho afirmar que la ausencia de publicación de las normas en el Boletín Oficial previsto en la Ordenanza nº1477/05, obsta a la validez y obligatoriedad de las mismas.

                        Que el análisis de la cuestión lo realiza en abstracto, sin  la invocación de un perjuicio claro y concreto de aquél que ocurre en busca de la tutela jurisdiccional. Así, el actor debió invocar y luego probar, por qué razón la forma de publicación determinada por el Departamento Ejecutivo, en uso de sus atribuciones, cercenarían los derechos y garantías que la constitución nacional y provincial  le aseguran.

                        Que  la forma de publicación determinada por el Departamento Ejecutivo, cumple acabadamente con la publicidad necesaria para la obligatoriedad de las normas, sin que pueda alegarse su desconocimiento, ello independientemente de la puesta en marcha o no del Boletín Municipal, que sería un medio más a través del cual se publicarían las normas.

                        Que a través de la certificación emitida por el Departamento Ejecutivo, se expone  la forma que las Ordenanzas son publicadas en el Partido de Alberti. Allí consta su exhibición en la cartelera del hall central del Palacio Municipal, poniéndose a disposición de los ciudadanos en las respectivas oficinas municipales; además se publican en la página web "www.infopublicaalberti.com.ar", la cual ha sido abierta por la administración municipal y cuenta con suficiente difusión en los medios locales.

                       Que el hecho que no se encuentre actualizada la página "www.alberti.gov.ar", en modo alguno modifica o altera la posibilidad de acceso y conocimiento de la información.

                        Señala también que, por obligación legal, el Honorable Concejo Deliberante lleva un Libro de Sesiones en el que constan íntegramente los debates y ordenanzas dictados por dicho cuerpo. Asimismo refiere que  las sesiones de ese Honorable Cuerpo son integramente difundidas a través de la FM 94,1, de gran inserción en esa ciudad, en la cual también tendría una participación en un programa el propio amparista.

                       También argumenta que la Ordenanza no es operativa, pues el departamento Ejecutivo no ha reglamentado la forma en que se concretaría. Al mismo tiempo refiere que en las sucesivas sesiones donde se discutió el presupuesto, no se asignó ninguna partida con fondos disponibles para su implementación.

                        Refiere asimismo que no existió arbitrariedad, irrazonabilidad ni afectación de derechos constitucionales, como presupuestos que habiliten la vía intentada.        

                        CONSIDERANDO:

            1.) La acción de amparo, gestada por medio de la luminosa creación pretoriana de nuestra Corte Suprema, ha recibido, a partir de la reforma de 1994 consagración constitucional, tanto a nivel Federal como de la Provincia de Buenos Aires.

            Las nuevas orientaciones constitucionales, sin quitarle a la acción de amparo su carácter excepcional, la regulan en sentido menos restrictivo, para que la misma pueda cumplir sus altos objetivos en forma rápida y eficaz; por encima de cualquier ritualismo (arts. 20-2, Constitución Provincial; y 43  Constitución Nacional).

                         Resulta adecuado resaltar, mi postura coincidente con  los lineamientos provenientes de aquella parte de la doctrina (Morello, Palacio, Rojas ..."Revista de derecho procesal- nº 5 Ed. Rubinzal-Culzoni) que se inclina por la  habilitación de las vías del contradictorio , a partir de la previa igualdad de las partes frente a la ley, que hacer frente a la limitación por caso de las vías mas idóneas, ello sin desvirtuar el amparo.

                        Por ello considero importante recrear las fuentes que dieron origen al amparo, para advertir que no se lo constituyó como proceso dirimente de los derechos en disputa sino, por el contrario, como un proceso protectorio, pues precisamente si algo debe aparecer con certeza y nitidez son los derechos que fueron vulnerados para brindarles la protección adecuada.

              2) Cuestión liminar a resolver, porque así lo ha peticionado la demandada, resulta el tema de la temporaneidad del inicio de la acción.

              Es tan cierto que la Ley 13928, en su art. 6º fija un plazo de treinta días para intentar la misma, desde el conocimiento del hecho u omisión lesivo; como que el comienzo de dicho plazo, trae problemas de interpretación, precisamente porque lo que constituye la pretensión es la falta de adecuada publicación de las normas. Como infra se tratará.

                         En tal contexto, además de vislumbrar que contrariamente a lo sostenido por el demandado, podríamos estar presente a actos u omisiones lesivas que se mantienen en el tiempo, el tema también está  relacionado con la vigencia de la norma; ya que por ser de carácter general, los presuntos perjuicios los causa, o al tomarse conocimiento, o al pretender ejercerse derechos o cumplirse obligaciones relacionados con dicha norma.

               Es por ello, que el tema de la temporaneidad del inicio de la acción, debe tomarse en este caso, con un criterio amplio a los fines de no cercenar "ab initio" el derecho a concurrir a los estrados judiciales en busca de ejercer sus derechos.  

 

             3) Superado este primer valladar,  y antes de continuar con el análisis de la cuestión en debate, debo señalar que no resulta ajeno lo expuesto por el actor respecto a su legitimación para accionar, ante el rechazo solicitado por el Municipio demandado, en cuanto a lo que califica como ausencia o insuficiencia de prueba del perjuicio que alega como sustento de la presente.

            Y es que en tal caso, que no pasa desapercibido para el suscripto, entiendo debe circunscribirse en definitiva a la legitimación para intentar la acción; ya que está mencionando de manera genérica la vulneración de derechos de raigambre constitucional, que le son propios -derechos subjetivos-, situación que puede incluso ser extensiva  también a aquellos demás miembros de la comunidad local -derechos de incidencia colectiva-.

                        En tal sentido, debe resaltarse, que cada vez con más énfasis, la doctrina y jurisprudencia reconocen mayor amplitud de criterio respecto de la legitimación de la persona, en su rol de vecino o ciudadano.

                        La vigencia del principio de legalidad, supone para la administración, el apego y sometimiento incondicional al ordenamiento jurídico.

                        Y para permitir el control judicial de la actividad administrativa, no puede excluirse al ciudadano o vecino que no participa directamente en una relación jurídica concreta.

                       A partir de la introducción en el art. 43 de la C.N. de la noción de "afectado" , deben avizorarse nuevos horizontes para dar espacio a la protección jurisdiccional de ciertas situaciones jurídicas, sin que ello desvirtúe esta expedita acción.

                        Tan es así, que se ha dicho que la legitimación, es una cuestión más ligada al derecho de fondo, que a un problema  meramente procesal.

                        Y mas cuando aparece, como en el caso de marras, un ciudadano que estima que el comportamiento de la administración es manifiestamente ilegal o arbitrario; y que de  mantenerse, se perjudica por estar afectado el interés público.

                        Ese interés público que está íntimamente ligado a la función administrativa (Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, T. I, año 2002, Ed. Abeledo Perrot) ; y al que se lo ha concebido, como  la obligación de los gobernantes de cumplir del modo mas eficiente con los mandatos que reciben de la comunidad, para que  dirijan y administren con el mayor esfuerzo hacia la consecución del bien común y bienestar de la población.

                        Es por ello que entiendo que en este caso, estamos frente a un legitimado activo -vecino o ciudadano- que resulta ser "afectado" conforme el art. 43 CN, donde su actuar puede tener un doble carácter, es decir defendiendo su derecho propio subjetivo  y un derecho de incidencia colectiva (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, T.2, pág. II-16); por lo cual, el análisis del  perjuicio debe transitar por un andarivel mas amplio -y a la vez menos estricto- que de tratarse solo de un caso particular.

                        Como bien señala el tratadista citado,  tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido amplios en su evolución progresiva respecto a la legitimación, pues se remite a un punto de derecho sustancial , ya que negándola equivale a negar el derecho ( in re "Youssefian", LL,1997-F,270).                          Ihering, definió al derecho subjetivo como un interés jurídicamente protegido. Y esa protección del interés, existe tanto en el derecho subjetivo como del interés legítimo, e incluso del derecho de incidencia colectiva. Es hacia allí donde van los nuevos Códigos en materia contenciosa (Gordillo, ob. cit.,III-2).

                       Por ello, es que de alguna manera las nociones clásicas de derechos subjetivos o intereses legítimos quedan superadas con la de la nueva categoría constitucional de derechos de incidencia colectiva, que los ejercen tanto los afectados  (usuarios, vecinos,ciudadanos), como las asociaciones. Ante ello se entiende que la defensa de estos derechos admite la persecución de la cesación de conductas lesivas, como la adopción de medidas concretas, como de medidas genéricas a pedido de una persona individual, usuario, vecino, afectado, etc.

                       Sirven, en su caso, para anular, hacer cesar,  u ordenar conductas positivas con carácter erga omnes. De darse  tal supuesto, la misma conducta administrativa satisface, tanto el derecho de incidencia colectiva como el derecho subjetivo e intereses legítimos que puedan estar en juego.

                       Ante este devenir doctrinario,  sumado a los principios de tutela judicial efectiva, me convencen de que el caso debe ser tratado, por cuanto de una forma u otra existe un derecho del accionante que cualquiera sea su invocación, merece una respuesta de este órgano jurisdiccional. 

                       Y la jurisprudencia también transita por la misma vía. Así,  se pueden mencionar los casos "Labatón", LL,1998-F,345; "Viceconte", LL,1998-F, 355; como también en los dos fallos del caso "Gambier", del 18/6/98 CNFCA, Sala II (llamado Gambier I) y "Gambier II", Sala II, LL 1999-E, 623.

                        Cabe señalar que la Suprema Corte Nacional, al referirse al art. 43 C.N. dijo: "... la referida disposición constitucional es claramente operativa y es obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular. Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer  toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la  acción de amparo, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la  Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas garantías (Fallos: 239:459; 241:291 y 315:1492)..." (CSJN, Halabi Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986.H. 270. XLII, 25/8/09).

                       Es así, que el caso en análisis guarda bastante relación con este último citado. En efecto, existe un hecho único, la omisión respecto a la puesta en funcionamiento del Boletín Oficial,  que causa una lesión tanto al actor como puede causarla respecto a una pluralidad relevante de derechos individuales.

              Por ello me permito citar algunas frases de este importante precedente que, si bien enfocado en una "class actions", en lo pertinente puede aplicarse al que me ocupa, ya que en definitiva se trata de poner en funcionamiento las cláusulas operativas constitucionales - art 43 C.N.-; y así menciono lo que el Superior Tribunal Nacional dijo en cuanto a que : "... la procedencia de este tipo de acciones requiere la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado. Sin perjuicio de lo cual, también procederá cuando, pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados.... El primer elemento es la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales (aquí, la falta de publicación de las normas en el Boletín Oficial). El segundo elemento consiste en que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes .... De tal manera, la existencia de causa o controversia, en estos supuestos, no se relaciona con el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho...Como tercer elemento es exigible que el interés individual considerado aisladamente, no justifique la promoción de una demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la justicia. Sin perjuicio de ello, como se anticipó, la acción resultará de todos modos procedente en aquellos supuestos en los que cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en su caso, débilmente protegidos. En esas circunstancias, la naturaleza de esos derechos excede el interés de cada parte, y al mismo tiempo, pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección, entendido como el de la sociedad en su conjunto...(CSJN, in re "Halabi")".

                        Los preceptos constitucionales tanto como la experiencia institucional del país, reclaman de consuno el goce y ejercicio pleno de las garantías individuales para la efectiva vigencia del Estado de derecho, e imponen a los jueces el deber de asegurarlas (confr. causa "Siri", Fallos: 239:459).

                        Véase su importancia, que la CSJN en el fallo "Halabi", menciona que "...Es menester, por lo demás, que se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos...".

                       Y en este estado, traigo a colación  que, lo que resultó ser el objeto principal en materia de discusión en autos "Municipalidad de Alberti c/ Unilever de Argentina S.A. s/ Apremio", sentencia  de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial  Departamental, Sala I, del  17/09/2009, fue una cuestión directamente relacionada con la falta de publicación de las Ordenanzas, como en el caso de marras, lo que ampliaré infra.

                       Es por ello que se ha dicho, en afán de superar el tema de legitimación, que la solución en definitiva radica en el art. 43 de la C.N..

                        Así, para concluir esta cuestión referida a la legitimación y al agravio sufrido, me permito mencionar que: "El significado del término afectado es importante para determinar la legitimación activa del amparista....Dado que quien sufre alguna lesión  en sus derechos subjetivos está legitimado, como persona, para interponer un amparo individual, es obvio que el afectado en alguno de los derechos de incidencia colectiva esta legitimado en otra hipótesis. En efecto, ello ocurriría cuando, aún sin padecer daño concreto es tocado, interesado, concernido, vinculado, por los efectos del acto u omisiones lesivas. En esa situación esta legitimado también, a titulo individual, pero con muchos otros afectados en similar situación... (María Angélica Gelli, "Constitución de la Nación Argentina", 4ta. Ed. , T. I, pág. 621)".

 

                         No encuentro por ello, un obstáculo respecto a la legitimación activa para continuar con la resolución del conflicto traído a sentencia.

             4) En tal sentido, debo propiciar la solución al caso planteado, recordando que en el caso Siri, la Corte señaló entre otras cosas: que basta esta comprobación - la vulneración de los derechos o garantías-  para que inmediatamente la garantía constitucional invocada sea restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente.

            Así, para la solución al caso, desde esta construcción pretoriana a partir del caso Siri, y la reforma constitucional mencionada, debe armonizarse a partir de lo que surge del propio texto constitucional , al poner el marco de actuación centrado en   "...  todo acto u omisión ... que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley...".(art. 43 C.N.)

                        Sin lugar a dudas, la procedencia del amparo está condicionada a que el acto u omisión impugnado, contenga esa nota de  arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, la que debe aparecer o presentarse como algo patente, claro, notorio, manifiesto, ostensible ; es decir, visible al examen jurídico más superficial (Palacio, Lino E., "La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994").

                        El acto lesivo, expresa Bidart Campos, "...debe mostrar fehacientemente en su primera apariencia la violación grosera y ostensiblemente visible del derecho subjetivo de quien promueve el amparo" ("El control de constitucionalidad en el juicio de amparoay   la  ilegalidad del acto lesivo", JA, 1969-II-169).

            María Angélica  Gelli ( Constitución de la Nación Argentina, ob.cit.,T.I, pág. 610, 4ta Ed., Ed. L.L.), expone en sentido concordante en su comentario al art. 43 que: "...esa caracterización del amparo que efectuaron los convencionales partió del supuesto de la eficiencia de todo el orden jurídico en la protección de los derechos ...puede sostenerse, razonablemente y sin querer alterar la voluntad constituyente, que en la medida que el orden jurídico no provea el remedio eficiente y pronto, para proveer la tutela judicial efectiva, la vía del amparo resulta admisible...".

            5) Siguiendo a Palacio ( obra citada supra), podemos decir que la arbitrariedad se presenta cuando el acto o la omisión aparecen formalmente fundados en ley pero ésta es aplicada con error inexcusable, exceso ritual o autocontradicción, o bien las conductas cuestionadas derivan de la transgresión de las reglas del debido proceso. Y la ilegalidad se configura cuando el acto u omisión se hallan desprovistos de todo sustento normativo, es decir, cuando entrañan la prescindencia lisa y llana de la ley.

                        Por ello cabe analizar, si el acto que la actora cuestiona como lesivo o restrictivo contiene los visus de  arbitrariedad o ilegalidad manifiesta que conlleven a la vulneración del derecho constitucional que invoca.

                        6) Y en mérito de los elementos obrantes y las pruebas aportadas, entiendo que la omisión de poner en funcionamiento el Boletín Oficial dispuesto por Ordenanza nº 1477/05, constituye una arbitrariedad, que permite la apertura de esta vía excepcional, como disparador del mecanismo de máxima eficacia tuteladora de manera directa y principal intentado.

                        En este orden de ideas, la interpretación de la ley -léase Ordenanza en este caso- debe comenzar por la ley misma, y en el sublite por la Interpretación de la norma que se invoca, es decir los arts. 4º y 9º de la Ord. nº 1477/05  que impone  ese deber de publicar.

            Al respecto, vale recordar  que la Suprema  Corte Nacional ha declarado, reiteradamente, que la acción de amparo constituye un remedio de excepción y es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, así como cuando la determinación de la eventual invalidez del acto o conducta que se impugna requiere amplitud de debate y de prueba (CSJN, doctrina de Fallos: 319:2955 -con sus citas-; 321:1252 y 323:1825, entre otros). En este caso, vislumbro arbitrariedad en la conducta omisiva del Municipio, y no exige mayor debate y prueba que la que obra en autos.

                        En igual sentido nuestro máximo Tribunal Provincial  tiene decidido que, a los fines de la acción de amparo, tanto la ilegalidad como la arbitrariedad deben ser manifiestas, lo cual implica que aquellos vicios tienen que aparecer visibles al examen jurídico más superficial de modo que la nota fundamental de este instituto no está dada propiamente por la inexistencia de discusión en torno al derecho invocado por el impetrante, sino por la indiscutibilidad de la pretensión enjuiciada. En síntesis, la "arbitrariedad" e "ilegalidad" tiene que resultar de manera visible, manifiesta; es decir, en forma clara, patente, indudable, inequívoca, notoria, ostensible, ...(SCBA, B. 58.002, sent. del 6-X-1998, Ac. 88.573, sent. del 2I-II-2005, Ac. 75.817, sent. del 11-IX-2002; B. 64.981, sent. del 23-II-2005).                                       7)   Respecto a la Ley, se ha dicho que el término utilizado en el art. 1º del Código Civil,  lo es en sentido material o sustancial.  O sea como “aquellas disposiciones de la autoridad pública que contengan normas de cumplimiento general, aunque no sean leyes emanadas del Congreso: decretos del Poder Ejecutivo, resoluciones ministeriales, ordenanzas municipales, reglamentos de policía, etc.”, añadiendo la doctrina que el requisito de la publicidad del art. 2 se refiere a la ley en ese sentido (Belluscio-Zannoni, Código Civil Comentado, T. 1, Astrea, 1993, ps. 6 y 12; Llambías, Código Civil Anotado, T. I, A. Perrot, 1978, p. 12; Bueres-Highton, Cód. Civil y Normas Complementarias, T. 1A, Hammurabi, ps. 7 y 62).

                        Y como  es sabido,  las ordenanzas  a  partir  de  la  ley  13.101 serán  consideradas  ley  en  sentido  formal  y  material  (art.  77  de  LOM).

                       Son dictadas por el órgano representativo de la voluntad popular dentro del ámbito de su competencia material y territorial.                                   Podemos decir en tal sentido, que tanto las Ordenanzas como los Decretos y Resoluciones de ambos poderes del estado Municipal, forman parte del concepto de ley.

                       Aquellos forman parte del sistema normativo que rige las relaciones de aquellos que viven, transitan o pretenden establecer relaciones jurídicas  dentro del ejido Municipal.

                         "La calificación jurídica que del régimen municipal argentino hiciera la CSJN en "Rivademar" (Fallos: 312:326) sigue teniendo vigencia. Y una de las bases de dicho régimen está dada precisamente por la natura­leza jurídica de las ordenanzas, las que fueron caratuladas por entonces como "legislación local". El razonamiento sigue siendo tan simple como entonces, en tanto si el municipio es autónomo, sus disposiciones tienen la misma entidad que el resto de los niveles del Estado trinitario argen­tino (Bidart Campos, 1995)".

                        En relación a las Ordenanzas, el criterio fue ratificado el mismo año en "Promenade" (Fallos: 312: 1394), cuando el Superior Tribunal partió de "Rivademar" y asimismo estableció que "Las ordenanzas emanan de un órgano de gobierno elegido por el sufragio popular, es como la ley, una expresión 'soberana' de la voluntad popular, de la voluntad comu­nitaria organizada [ ... ] son verdaderos actos legislativos de carácter comunal" (dictamen de la procuradora fiscal Dra. Reiriz al que adhirie­ron los ministros).(citados por Enrique J. Marchiaro, en "Función Legislativa Municipal", Revista de Derecho Público, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2005-I).

                                   En el caso "Promenade" la CSJN dejo sentado que "...Conforme al art. 24 de la L.O.M. la sanción de las ordenanzas y disposiciones del Municipio corresponde con exclusividad al Concejo Deliberante; las Ordenanzas así sancionadas por el órgano competente regirán mientras no sean derogadas por otras que expresamente las mencionen (art. 281)...".

                        Es por ello, que no puede ser de recibo lo expuesto por la demandada en cuanto a que, el dictado de la Ordenanza no puede considerarse derogatorio de la normativa aplicable. La misma , como ya vimos, se impone en el orden local en tanto no resulte reñida con las normas de mayor jerarquía, teniendo en cuenta su origen, ámbito de aplicación, y la autonomía de los  Municipios.

                        A todo evento, no puedo sino considerar que la Ordenanza nº 1477/05, ha sido dictada por el órgano deliberativo local en uso de sus facultades; y que en cuanto a la disposición que ordena publicar toda la normativa local en un boletín oficial,  guarda armonía con toda la normativa de mayor jerarquía, desde una mirada  que desde la base de su famosa pirámide ha desarrollado Kelsen.

                        8)  El  conocimiento de las normas resulta indispensable y fundamental para los  vecinos y para  aquellos que, aunque no lo sean, pretendan establecerse de modo alguno en la localidad.

                        El autor supra citado decía: "...causa asombro que...Legislativos locales no difundan sus Ordenanzas.No se trata...sino de no arrinconar la presunción de conocimiento de la ley al acto de promulgación, incluso cuando muchas veces esta es ficta...( Marchiaro,E., ob. cit. pág. 52)".

                       Veamos entonces, porqué entiendo que ese conocimiento resulta fundamental para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones.

                    Conocimiento que está directamente relacionado con la publicación, y en su caso, con la publicidad.

                       Alega el Municipio demandado, que la publicidad está suficientemente resguardada. Puede que así sea, respecto de algunas normas, ya que ha demostrado que puso a disposición distintos medios para ello.

                       Pero el tema central pasa por otro lado,  ya que mas que a la publicidad, la Ordenanza mencionada se refiere a la publicación, tema que hace al efectivo conocimiento inicial de las normas. Y en tal sentido, ello no ha sido cumplido por el Departamento Ejecutivo.

                        El art. 2° del Código Civil, reformado por la Ley 16.504 establece: "Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial".

                        Parten entonces de esta norma, dos cuestiones que no resultan ser de menor importancia: la obligatoriedad de su publicación -oficial-, y su entrada en vigencia .

 

               Por su parte, la jurisprudencia estableció que: "La publicación de las leyes es lo que hace posible que el derecho se presuma conocido por todos, y que por ende la ignorancia de las leyes no sirva de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley (art. 20 C.C., que guarda coherencia con el art. 923 del mismo código). Como tantas veces se ha dicho se trata de una ficción legal, una presunción "iuris et de iure" sin la cual sería imposible reglar la vida en sociedad, ficción que se aplica no sólo a las leyes. sino también a los decretos. resoluciones u ordenanzas..." (Municipalidad de Alberti cl Unilever de Argentina S.A. s/ Apremio , CC Mercedes, Sala I, citado supra ).

                        Por ello, coincido con el criterio expuesto en tal precedente, ya que resulta arbitraria si no existiera una previa publicación de tales normas, de forma tal que sean accesibles al conocimiento público desde su vigencia.

                        Encuentro ante ello, vulnerados los derechos constitucionales que cita el actor, ya que  la necesidad de conocimiento efectivo de las normas lo preveen los art.19 de la C.N. - principio de legalidad- como el art. 17 C.N. -principio de legalidad tributaria aplicable al ámbito Provincial por art. 5º C.N.-;  es decir,  exigencias constitucionales para la plena publicidad de las leyes en sentido material.

                       Asimismo surgiría la violación de principios constitucionales federales y provinciales (art. 1º y 5º de la Constitución Nacional y art. 1º de la Constitución Provincial), como es la publicidad de los actos de gobierno; a lo que debo sumar el derecho a la información, que tiene raigambre constitucional en los arts. 1,14, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, y en los arts.13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; asimismo en los arts. 12 inc. 4 de la Constitución Provincial .

                       Respecto a ello, he tenido oportunidad de expedirme en otro precedente en este juzgado: "La reforma de la Constitución Argentina en el año 1994 introdujo avances significativos en materia de reconocimiento de nuevos derechos y garantías fundamentales, permitiendo un importante giro en la consagración del derecho de acceso a la información pública como una facultad constitucional. Entre ellos podemos citar: I) los nuevos derechos y garantías constitucionales y, II) la modificación del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que otorga jerarquía constitucional a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; que junto a otras normas constituyen  el marco legal que complementa la temática del derecho de acceso a la información pública...Es por ello, que la información constituye un elemento de poder de suma importancia, ya que su posesión o conocimiento permite una adecuada toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado. Además, la información reviste características instrumentales pues, también implica un medio imprescindible para el ejercicio y goce de otros derechos y deberes de los individuos...la documentación oficial tiene carácter público cuando es generada o producida por el propio Estado; y por ello, le cabe la aplicación de la regla de publicidad para permitir su conocimiento por todos...          Esta afirmación se deriva por un lado, del principio republicano de la publicidad de los actos de gobierno, de los tres poderes del Estado, como una obligación de comunicar la actividad o gestión gubernamental a la sociedad y, por el otro, de las siguientes garantías constitucionales: el derecho a saber y el derecho a la información de las personas. Se torna imposible concebir un Estado democrático que administre de espaldas a los ciudadanos, ocultando información...  La ley suprema consagra que todas las personas en la Provincia gozan del derecho  a la información y a la comunicación (art. 12 inc. 4); lo cual guarda relación con las cláusulas de la Constitución Nacional (arts. 18, 43, 75 inc. 22 y concts.).(Bani Alfredo c/ Municipalidad de Mercedes s/ Amparo, expte. nº 10570, sentencia del 10/12/09).

                        La Excma.Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, al confirmar la sentencia de mención, y en lo que aquí guarda relación con el derecho a la información -y sin entrar a los pormenores del caso-, expuso:"...Bajo esta óptica, el acceso a la información pública así consagrado, se muestra como un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y transparencia de la administración. ...-Voto del Dr. Spacarotel-";:"...Y no vacilo en afirmar categóricamente que esa publicidad es inherente al estado republicano y democrático y que constituye una carga política de la función de gobierno.No obstante, y por ello, sin ribetes justiciables, mientras no se vincule con la vigencia o la eficacia de prescripciones generales o actos individuales, en cuyo caso la situación podría adquirir un sesgo de condición jurídica distinta y de otro rigor...-Voto del Dr. De Santis-"; "...La publicidad de la actividad administrativa es uno de los principios rectores del Estado republicano, además del carácter esencial que reviste en el ejercicio de la defensa (arts. 12 inc. 4, 15 y concs., Const. Prov. cfr. mis votos en causas Nº 546 “Gantus”, sent. 9-8-05; Nº 2352, "Di Pietro", sent. 20-4-06)...-Voto de la Dra. Milanta-".(Causa nº 10542-M CCALP “Bani Hector Alfredo c/ Muncipalidad de Mercedes y otro/a s/ Amparo”, Sentencia del 4/5/2010).                     La CSJN  ha afirmado, en sentido coincidente: “...el derecho a la información, de naturaleza individual, adquiere conexión de sentido con el derecho a la información de naturaleza social, al garantizar a toda persona el conocimiento y la participación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y administrativos“ (“Fallos” 314:1517 “Vago” y 318:1114 “Rodríguez”).

                        Ante ello, encuentro el agravio a los derechos constitucionales de  suficiente recibo en esta acción, por lo cual no resulta abstracto, como alega la demandada, la alegación del perjuicio que esgrime la actora.

                        9) Ahora bien, en lo atinente al comienzo o  extinción de las obligaciones  debemos atenernos al régimen del Código Civil, que no es otra cosa que hacer hincapié  respecto de su nacimiento; y tratándose de aquellas  de fuente legal, el mismo no puede tener lugar sin que la ley haya sido publicada oficialmente (art. 2 del C.C.).

              Discutido resulta el tiempo que debe transcurrir desde la publicación al  comienzo de la vigencia, ello en caso que la norma nada diga al respecto, inclinándose muchos doctrinarios por los 8 días ( art. 2 C.C.) y otros por el día siguiente (art.125 del Reg. Administrativo que cita el demandado); pero lo que no resiste embates es respecto a la necesidad de su publicación oficial.

                       La forma de ésta será determinada por la Constitución Provincial o las normas locales que rijan el régimen municipal, incluso  hay quienes se inclinan  en nuestra provincia, por  la publicación por la prensa (en base al art. 193 Const. Prov.), aún cuando no necesariamente sea por un medio público.

                        Entiendo que ello escapa un poco a lo que resulta materia de litis, ya que precisamente en tal sentido, no existiendo una norma constitucional que obligue a los Municipios a realizarlo de determinada forma, debemos atenernos a lo que surge de la demás normativa Provincial -por caso la L.O.M.- o lo que se disponga expresamente en el ámbito local.

                        En tal sentido, el Superior Tribunal Provincial ha dicho:  "La Ley Orgánica Municipal atribuye al Departamento Ejecutivo la promulgación y publicación de ordenanzas y, consecuentemente, cabe reconocerle atribuciones para determinar razonablemente el medio de publicidad a utilizar (SCBA, B 50816 S 14-11-1989 ,Santos, Eladio c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Demanda contencioso administrativa "; mas en este caso en particular, amén de ello, existe una norma de cumplimiento obligatorio, como lo constituye la Ordenanza nº1477/05, ya que es la que fija, en el ámbito local, una forma diferenciada y excluyente de cumplir con la publicación, y en estricto orden de: "... las ordenanzas  sancionadas por el Concejo Deliberante, como así también decretos y resoluciones  del poder Ejecutivo Municipal, sentencias del Juez de Faltas, y otras publicaciones..."(conforme art. 4º de esta Ordenanza citada).

                        Tema que está emparentado con la transparencia o la probidad de la administración, por una parte, como por la imposibilidad de hacer valer la ignorancia de la norma como excusa para su incumplimiento por parte de los administrados. Así, el tema se centra en la posición que se deja a  quienes  les será  exigido algo que,  ni se publica en debida forma  ni se permite conocer.

                        Dicen algunos autores que 'publicación' es la acción y efecto de publicar,  esto es, el punto de partida. Y colocan luego a la 'publicidad' , de la que dicen es la cualidad o de público de las cosas o de los hechos o el conjunto de medios que se emplean para dar o extender la noticia de las cosas o de los hechos.

                        A partir de estas definiciones, es posible decir que la publicación es un acto que se agota en sí mismo; mientras que  la publicidad, al contrario, aparece identificada con un estado o con los medios a través de los cuales se mantiene en ese estado.

                        Pero ese status con el que se identifica la publicidad de determinado hecho o cosa es altamente dinámico y depende de las herramientas que se usan para mantener esa publicidad , por caso la iniciativa de mantener las normas  expuestas en el sitio web oficial, conforme lo expone la demandada. Situación que resulta altamente importante en estos tiempos como medio amplio de difusión y de acceso general a la información; a la que todos los estados Municipales deberían aspirar a tener como herramienta útil para la transparencia de gestión y efectivo y masivo conocimiento de la normativa que rigen en ese ámbito.   Permitiría ello un acceso posterior ágil, ilimitado, sin retaceo de información, gratuito y permanente a lo largo del tiempo.

 

                       Ello es,  temporalmente, mucho más que la acción de publicar.                       No obstante lo cual, lo obligatorio solo resulta la publicación de las normas, ya que en el  derecho argentino la norma no se encuentra vigente ni es obligatoria para quienes son destinatarios actuales o futuros hasta tanto ella no sea publicada por primera vez .

                        En este contexto, la falta de publicación inicial impacta en forma primaria en la acción de conocimiento  de los actos de contenido  normativo -vigencia inicial-.

                        10) Como  señalan algunos autores,  "el derecho a recabar información sobre asuntos estatales tiene, con relación al tipo de obligación estatal, tres facetas: a) la obligación por parte del Estado de producir cierta información, b) la obligación de publicarla a través de medios masivos y c) la obligación de ponerla a disposición de los particulares" (Nino, Ezequiel, "El derecho a recibir información pública -y su creciente trascendencia- como derecho individual y de incidencia colectiva," SJA, 21- VI-06 y lA 2006-11-1231). En igual sentido,  Scheibler, "Acceso a la información en manos del Estado...", nota a fallo en  RAP, 325, p. 117.

                        Otros autores han dicho, refiriéndose al nivel municipal,  que "en la medida en que no existe un acceso rápido del vecino al conocimiento de la legislación comunal vigente, se afectan postulados democráticos, se atenta contra el conocimiento del derecho e inclusive contra el control de la actividad de nuestros representantes, se debilita el vínculo entre el gobierno municipal y la población destinataria de la norma y en consecuencia, se agrega una causa más que favorece la típica inclinación nacional por el incumplimiento de la ley," (Pulvirenti, Orlando, "Ordenando ordenanzas: haciendo nuestros municipios mas democráticos", Poder Local, 14-XIl-06.) .

                        La publicación en cartelera conforme expone la demandada, no alcanza a satisfacer -mas allá de que resulta difícil de comprobar en juicio ya sea a favor o en contra- una eficiente publicación. Como alega esta parte, también se publican en el diario local y la  radio,  e incluso refiere que se publican en la página web oficial de la Municipalidad, pero sin que se vislumbre la nota de continuidad necesaria.    

                       Todo ello, sería bueno a los fines de la publicidad de las normas, pero en lo que al tema en particular se refiere, es decir a la publicación, ese uso dispar de medios no alcanza, ya que no es adecuado para lo que los concejales han votado como método de publicación oficial válido y eficaz.

                        Se ha sostenido que :"...En conclusión, parece razonable sostener que las normas y los actos de alcance generalizados" a través de carteleras no pueden ser tenidos por verdaderamente publicados en términos que exigen la Constitución y el Código Civil, entendidos éstos con una mirada en el Siglo XXI y no ya desde el Siglo XIX. No pueden serlo para el momento de la publicación inicial y, casi con certeza (aunque dependiendo de los formatos de sistematización y consulta pública), tampoco para su vida posterior... Ante altemativas de tan fácil implementación como la publicación y posterior publicidad de los actos y las normas en sus textos actualizados a través de Intemet (sin perjuicio de los demás medios que pudieran implementarse en paralelo), aceptar su vigencia y obligatoriedad en todos aquellos casos en los que han sido mantenidos convenientemente a resguardo tras el escudo de medios vetustos de consulta no parece posible...(Agustín García Sanz, "La publicidad de las normas a través de internet como estándar mínimo para que sean exigibles", Res Pública Argentina, 2008-3, pág. 55 y sgts).

                        No deja de ser cierto, ese antagonismo que cita el mencionado García Sanz ("La publicidad....",ob.cit.), entre la obligación de publicación de las normas y los actos , con aquellas otras que las presumen conocidas, cuando ni la publicación ni el conocimiento - menos la publicidad- existen ya sea por voluntad o desidia de quienes deben publicarlos; o como se desprende del caso de autos, donde cuando se lo hace se realiza en forma aislada - respecto a los medios utilizados-.

                        Me permito también mencionar,  que en esta línea argumental,  la jurisprudencia ha sido restrictiva, frente al deber de dar publicidad a las normas y a los actos de alcance general como una cuestión de hecho y prueba.

                        Citando a una Cámara del Fuero, me permito traer a colación que : "...no podría asignársele el mismo tratamiento al cómputo de plazos de caducidad de la impugnación de un acto general -cuyo punto de partida radica en un conocimiento ficto, que al correspondiente a la de un acto particular que en la generalidad de los casos importa un conocimiento cierto de su destinatario. [ ... ) Dicho de otro modo, ha de estarse por el derecho de acceso a la justicia de quien sólo se presume que ha tomado conocimiento del acto cuestionado y no ha manifestado ni una actitud convalidatoria del mismo, ni negligente en la defensa de sus intereses, frente al valor «seguridad jurídica» de una norma cuestionada como arbitraria o inconstitucional con entidad vulneratoria actual o inminente" (CCAyT CABA, Sala 11, Arnaldi Granados, Maximiliano Alberto y otros v. GCBA s/amparo (arl. 14, CCABA), Exp. 4603/0, 8-VIII-02.).                                        Resulta alineado en tal supuesto el Superior Tribunal Provincial, alegando que el  principio según el cual los jueces deben conocer el derecho -iura novit curia- no se extiende a la totalidad de las reglamentaciones locales que, al igual que el derecho extranjero, les resulta imposible conocer, por lo cual no tuvo por probada la existencia de una ordenanza (SCBA, "Saisí, Gríselda c. Municipalidad de General Rodríguez". B 63.590. 5-111-03).

                        Y en el mismo sentido se ha expresado el Superior Tribunal Nacional, en "Municipalidad de Santiago de Liniers c/ Irizar José M ( Fallos: 327:4474. con Nota de Casas José, LL, 10-1l-05) donde los jueces  hacen propio el dictamen del Sr. Procurador Nicolás Becerra que reza en su parte pertinente: "...Contrariamente a lo sostenido, pienso que -en rigor- la solución definitiva del caso sólo requiere la simple constatación de la publicación oficial de la mencionada ordenanza, acto requerido para la satisfactoria divulgación y certeza sobre la autenticidad del texto de aquellas decisiones de contenido normativo general (Fallos: 293:157, cons. 61)".

                         Se ha expuesto en alusión al tema, que:"...la mencionada Ordenanza no habría sido publicada... en franca oposición con el articulado del Decreto Ley 6769/85, art. 112 de la Ordenanza General Nro 267 y el principio de publicidad de los actos estatales, derivado del principio republicano de gobierno (art. 1ero de la Constitución Nacional y art. 1ero de la Constitución Provincial) ...que representa una garantía para los administrados y para el propio Estado puesto que de otro modo no podría esgrimirse mínimamente la existencia de seguridad jurídica, debe primar el resguardo del interés público comprometido -entendido éste no como el interés de la Administración sino de la comunidad que conforma el Estado-, hasta poder apreciar la totalidad del accionar municipal...(Juzg. Cont. Adm. Morón N° l. Elia Alicía G y olros c Municipalidad de La Matanza s/ proceso sumario de ilegitimidad, nº 8030, 26-XII-06)".

                        Véase que, en "Centro de lmplementación de Políticas Públicas E. y C. y otro c/ Cámara de Senadores del Congreso de la Nación", (CNFed. CA, Sala III, 27/5/05) se ordenó al Senado de la Nación lo necesario para que se cumpla con la publicación de los decretos administrativos y parlamentarios - en su página de Internet-.

                        Por ello, es que la falta de publicación o de adecuada publicidad,  pone en peligro el ejercicio de los derechos y de los remedios judiciales.

                        Agustín Gordillo, también había llamado la atención sobre la falta de publicación en el Boletín Oficial de los contratos de concesión, ni de los anexos a los llamados de licitación para las privatizaciones("La promulgación y publicación de las leyes," Derecho del Trabajo, año XXIX, N° 1O, Buenos Aires, 1969, p. 594).  También advirtió acerca de la ignorancia del derecho respecto de normas reglamentarias (Introducción al Derecho, cap. II, punto 3, "El conocimiento del derecho," Buenos Aires, La Ley, 2007, pp. 10-11).

             11) Así vista las cosas, la conducta del Departamento Ejecutivo del Municipio de Alberti cuestionada, confrontada con el bagaje normativo, fáctico, probatorio y axiológico descrito (Cfr. Vigo, Rodolfo, "Interpretación Judicial") se exhibe como manifiestamente  arbitraria, por lo que debe ser descalificada y merecedora de corrección por la vía del amparo.-

             La gravedad institucional denunciada, la afectación de derechos constitucionales ya descriptos supra en relación al amparista y de los demás vecinos, habitantes presentes y/o futuros, justifican, antes que el seguimiento de otras vías ante cada acto u omisión que los afecten, la ocurrencia a esta vía excepcional en busca de la urgente solución a su caso.                Que  la pretensión peticionada en la demanda  requiere, en consecuencia, de una sentencia que imponga la obligación al Departamento Ejecutivo para disponga lo necesario para reglamentar y poner en funcionamiento el Boletín Oficial Municipal.   

                        POR ELLO,

                        En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, Doctrina y Jurisprudencia citados, y con fundamento en lo dispuesto por los  arts.5, 16,17,18,19,42, 43, 75 inciso 22º C.N.; arts. 12, inciso 4º, 15, 20 inc.2º,  38, 39,  40, 57 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 1, 2 inc.1º -a contrario sensu-, 4, 5, 7 segundo párrafo,  14, 19, y

conc. de la Ley 13.928;

                        RESUELVO:

                        1.- Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por Luis Fernando Cabaleiro contra la Municipalidad de Alberti, en atención a los fundamentos y normas expuestos.

                        2.- Ordenar al Departamento Ejecutivo Municipal de Alberti,  que en el plazo de 90 días disponga lo necesario para que se haga efectiva la Ordenanza nº 1477/05,  poniéndose en funcionamiento el Boletín Oficial en ese Municipio, y se reglamente el mismo en cuanto fuera materia necesaria para su puesta en marcha (arts. 1, 4, 9 y ccts. Ord. 1477/05, art. 14 inc. 2º Ley 13.928).

                        3.- Imponer las costas  a la demandada  (art. 19 ley 13.928), regulando los honorarios del  Dr. Luis Fernando Cabaleiro en la suma de pesos un mil novecientos ochenta ($1.980,00)  - Arts. 9,  16,  49, 51, 54 y conc. Dec. Ley 8904/77- ;  cantidad a las que se deberá adicionar el 10 % en concepto de aportes previsionales (Ley 6716 y sus modificatorias) y en su caso el porcentaje correspondiente al I.V.A. conforme sea la situación del profesional frente al mismo; no correspondiendo regular los honorarios del letrado apoderado del Municipio demandado, Dr. Daniel Oscar Palazzo conforme al resultado de esta litis (conf. arts. 203 L.O.M. y  Dec. Ley 8838/7).

                        REGISTRESE, y -por secretaria-, NOTIFIQUESE..-

Sentencia definitiva registrada bajo nº 108/10.          

Honorarios registrados bajo nº  37/10.



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