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Olores nauseabundos en proceso industrial
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Fecha de publicación: 28-10-2016
 
El Juzgado de Faltas Nro.1 de Hurlingham sanciona a empresa por contaminacion ambiental.
 

                               

    

                                                                              Hurlingham, 25 de  Agosto del 2016.-

AUTOS Y VISTOS:

  

                                    La causa N° 31816/1 incoada en virtud del acta de Comprobación     35268  labrada por infracción al Art. 112 de la Ordenanza Nro. 11.159/9 y la causa N° 31817/1 incoada en virtud del Acta de Comprobación  N° 35197  por la cual se procede a llevar adelante la Clausura preventiva dispuesta por el artículo 366 del mencionado cuerpo legal sobre el portón de entrada de materia prima y mal estado de funcionamiento de la Presa de Barro.

                             Que procede disponer la acumulación de las causas para proceder a su análisis conjunto previo a resolver.

                             Que se ha presentado el Sra. KARINA SCANDOLERO D.N.I. N° 27.167.462 en su carácter de apoderada con facultades suficientes tal como la acredita con la copia simple que adjunta y del que ha sido constatada su autenticidad por Secretaría.

                       Que habiendo tomado previamente vista de las causas, se presenta en la mesa de entradas del Juzgado notificándose personalmente de la CONFIRMACIÓN DE CLAUSURA dispuesta con fecha 23 de Agosto del 2016 y la fijación de la audiencia para el día 6 de septiembre del 2016 a los fines de lo dispuesto por el Art. 46 del Dto. Ley 8751/77.

                      Que con fecha 24 de Agosto del 2016 la imputada presenta descargo por escrito, acompañada por 53 fs. de documental.

                      Que expresamente consciente la imputada que la documentación y escritos presentados, hace a su descargo, y ofrecimiento de prueba en su defensa en los términos del Art. 46 del Dto. Ley 8751/77 quedando por tanto inoficiosa la audiencia fijada, la que se deja sin efecto y así se le notifica a la imputada.

 

                         

Y CONSIDERANDO:

                   El contenido del descargo, es decir lo expresamente reconocido por la infractora y que de sus dichos surge, corresponde atender distintas cuestiones en materia de infracciones  y al mismo tiempo,  por tratarse de interés público la materia ambiental a la que inexorablemente nos lleva el análisis de la actividad comercial de la imputada ( fabricación de gelatina) es que corresponde que, sin perjuicio de la infracción que en la presente causa se trate, atienda en mi carácter de Juez de Faltas de este Municipio,  la globalidad de la materia llevándome a tomar medidas de intimación  tendientes a evitar perjuicio a nuestra comunidad, y al medio ambiente.

                    A los efectos procesales, y dadas las circunstancias y características técnicas del descargo que realiza la infractora para ejercer su derecho de defensa, corresponde aceptar la presentación de escritos, que han de ser tomados como descargo y ofrecimiento de prueba tal y cual ha sido manifestado por la infractora.                  

                    Que comenzando con el análisis de la causa, la infractora nada dice en su descargo respecto del Acta N° 31816/, que le imputa la infracción al Art.12 de la Ordenanza N° 11.159/9, que prevé una sanción multa y/o inhabilitación hasta que se subsanen las causas que lo motivaron.

                     Que del mismo descargo de defensa surge que, “ los problemas de generación de olores de la semana anterior fueron ocasionados por la insuficiente evacuación de los residuos insolubles concentrados en el adensador  y que deberían  haber sido evacuados por los filtros de bandas.….

                   Este reconocimiento expreso respecto de la insuficiencia o déficit en la evacuación de los residuos insolubles, enmarcan los hechos en el TITULO II FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD E HIGIENE. – Capitulo I De la Sanidad e Higiene en General en su  Art. 53 de la Ordenanza 11.159/90, acción que corresponde ser advertida y sancionada por el suscripto, en cuanto los dichos han de ser tomados como una reconocida deficiencia en las plantas depuradoras de efluentes solidos.

                   Que va de suyo ante la falta mencionada tener en cuenta lo dispuesto por el Código de Faltas Municipales de la Provincia de Buenos Aires, Dto. Ley 8751/77 en su artículo 4 bis ( incorporado por Ley 11.723) que establece que se considerarán faltas de especial gravedad aquellas que atenten contra las condiciones ambientales. Dentro de ellas menciona en el inc. a): Condiciones de higiene y salubridad que deben reunir sitios públicos, de lugares de acceso público y los terrenos baldíos.

                  Este inciso clasifica como faltas de especial gravedad las infracciones a las ordenanzas que regulan las condiciones de higiene y salubridad que deben reunir los sitios públicos, los lugares de acceso público y los terrenos baldíos. La norma no hace sólo una mera referencia a aquellos lugares públicos, entendidos como bienes dominiales, que son aquellos bienes de dominio público del Estado Municipal destinados al uso público, pues si bien éstos no están excluidos del alcance de la norma, ésta se refiere a aquellos lugares públicos o de acceso público, es decir, aquellos sitios a que asistan terceras personas en relación al dueño o guardián de un lugar, como lo son los locales comerciales, los establecimientos industriales, los lugares de esparcimiento público, aún cuando éstos sean de dominio de personas de carácter privado.( Código de Faltas Municipales de la Provincia de Buenos Aires, Mauro Alfredo Tulia. Librería Editora Platense, pág. 149). Claramente, comparto el concepto y corresponde sin duda por tanto, el encuadre de la infracción del Art. 53 de la Ordenanza 11.159/90 en las infracciones de especial gravedad que prevé la normativa procesal.

                Consecuentemente, va de suyo que debe de aplicarse en estos autos lo dispuesto por el art. 6 bis (incorporado  por la Ley 11.723) del Código de Faltas Municipales de la Provincia de Buenos Aires, Dto. Ley 8751/77  en cuanto, en caso de infracción a las normas cuyas materias se detallan en su artículo 4° bis, corresponde el  agravamiento de la pena.

               Esta norma procesal, denota que queda en mi discrecionalidad la fijación  del agravamiento de la multa, por lo que he de tener en cuenta al momento de resolver que, en este caso ha sido un proceso, que aún perdura, de destrucción sistemática del ambiente en que vivimos en el cual habitan personas, animales, plantas que se encuentran afectados por no vivir en su ámbito natural. Debemos tener en cuenta que los procesos de producción desde el siglo pasado (siglo que se estableció la infractora en este Municipio) hasta ahora, han ido evolucionando desde los procesos productivos más primitivos a los más modernos, y que en este caso no se han tomado en cuenta, mejorar y adecuar el proceso de protección de la naturaleza y el medio ambiente, dejándolo a éste, como última medida para tener en cuenta.

             Claramente la infractora que lleva más de 50 años produciendo en el distrito no se ha ocupado de adecuar a la tecnología disponible en la actualidad el  proceso productivo, lo que ha generado especialmente que, el vecino de nuestra ciudad, próximo  ( y no próximo según el viento) a la planta de producción  deba vivir, dormir, comer, descansar y respirar los olores nauseabundo que emanan de la planta reconocidos por la empresa en su descargo  y reclamados históricamente por nuestra sociedad. Sin perjuicio de que además de toda la “ subjetividad “ que quiera invocarse, también existe una desvalorización “ objetiva” de los bienes de nuestros vecinos, e incluso la imposibilidad del real disfrute de los espacios públicos, considerando que dicha acción debe llegar a su fin de manera definitiva, terminante y permanente.

               Debo mencionar, que en la presentación del Plan de Acción, en el petitorio, la infractora, casi intentado deslindar responsabilidades, hace saber las fuertes implicancias que el cierre (clausura) pudiera provocar consecuencias graves de generación de olor.

              De sus dichos, claramente surge que las condiciones de vida de los vecinos no son percibidas como graves por la infractora, alertando un posible agravamiento, es momento de recordarle a la empresa que esta situación es consecuencia de la acción o inacción de la propia actividad y conducta de los responsables de la empresa.

              Entonces, he de tener en cuenta, al momento de resolver y disponer la fiscalización del Plan propuesto por la infractora, que sistemáticamente ha ofrecido soluciones que no fueron tal,  y que lo pactado oportunamente lo ha  incumplido en los tiempos pactados en un compromiso con la administración y los vecinos, es decir que claramente me veo en la obligación de extremar la fiscalización minuciosa del cumplimento y en tal sentido resolveré. 

               Con esta resolución, intento devolverle a la sociedad de Hurlingham la decencia y calidad de vida que realmente se merece, objeto social que el estado Provincial pareció desconocer durante estos años.

               Que el caso como el de autos, invita a reflexionar sobre la normativa y la jurisdicción de la materia, atento que tanto el medio ambiente como la dignidad de la ciudadanía en vivir  en un ambiente natural sin contaminación subjetivas ni objetivas. Por ello repasando la normativa vemos: que con la Reforma Constitucional del año 1994 consagra un nuevo derecho “ el del medio ambiente”.

                 Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

                      De la lectura del Art. 41 de nuestra C.N., en su segundo párrafo, sin duda, se establece la más importante pauta de interpretación respecto de la competencia en esta materia, cuando al referirse el precepto constitucional a las “autoridades”, expresamente contempla que ellas, “proveerán a la protección de este Derecho”.

                    Es dable destacar que el legislador constituyente de 1994 al emplear el término genérico “ autoridades” – sin ningún tipo de distinción ni aditamento- esta involucrando en el mismo, al Estado en todos sus órdenes       (Nacional- Provincial- Municipal) y con ello, a los poderes públicos constituidos en cada orden ( Ejecutivo- Legislativo – Judicial). De modo que, a todos ellos, sin distinción, les corresponde el deber inexorable de “ proveer” a la protección de este nuevo derecho a vivir en un “ ambiente sano”.  Proveer, es hacer. Proveer a la protección es hacer todo lo necesario para que esa tutela sea real, es hacer todo lo posible para que esa obligación se cumpla y para que ese derecho se ejerza. –( Conf. Hector J. Bibiloni – “El Proceso ambiental “ – Ed. Lexis Nexis Bs.As., 2005, pag 230, 231.)

                     Siguiendo con el análisis del Art. 41 de la C.N, en el tercer párrafo se hace referencia al ejercicio de las “facultades concurrentes” que sobre la materia , tienen el Estado Nacional, las Provincias y los Municipios. En este sentido, cabe destacar que los Municipios poseen competencia para gobernar y administrar  “los intereses públicos locales “dirigidos al bien común, como así también para atender las siguientes materias:  “ salubridad” “ salud” y centros asistenciales; “ protección del medio ambiente”, paisaje, equilibrio ecológico y polución ambiental “ . De modo que corresponde principalmente- a los Municipios adoptar las medidas que estimen pertinentes a los fines de la protección del derecho en ciernes, esto es así, por cuanto son lo Garantes principales del mismo, toda vez que la problemática ambiental es esencialmente “ local”.-

                   Así lo ha entendido la  Corte Suprema de Justicia de la Nación al señalar más recientemente, lo siguiente: “ En el precedente de Fallos: 318:992, el Tribunal dejó bien establecido que corresponde reconocer a las AUTORIDADES LOCALES la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que consideren conducentes para el bienestar de la comunidad para la que gobiernan, así como valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus autoridades, en ejercicio de poderes propios, afecto al bienestar perseguido. Tal conclusión procede de la Constitución Nacional, la que, si bien establece que le cabe a la Nación “ dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección”, reconoce expresamente las jurisdicciones locales en la materia, las que no pueden ser alteradas.

                           Al momento del análisis de lo que dispone la Constitución Nacional, en comparativa con la Constitución de la Pcia, de Buenos Aires, podemos notar que, las Constituciones comprendidas en el período reformador que surge a partir de 1994, presentan una mayor homogeneidad alrededor del reconocimiento de la autonomía municipal, e incluso mencionan distintos ámbitos en los que ésta puede manifestarse. Pero paradójicamente, la única salvedad a esta tendencia histórica es la Provincia de Buenos Aires ( 1994) que  no menciona la autonomía y su nueva Constitución no modificó el régimen municipal, legislando lo mismo que su anterior versión de 1934. Obviamente en la reforma de 1994, la omisión de la autonomía municipal derivó de la decisión política de desoír el mandato que el constituyente federal le impuso al constituyente provincial, y su incumplimiento ubica a la provincia en una situación de inconstitucionalidad ( Zuccherino, 1998).

                      Por todo lo dicho, y como dijera ut – supra, corresponde no solo resolver respecto de las infracciones sino sobre la pertinencia y fiscalización de todo proceso que tienda a definitivamente terminar con los olores nauseabundos que emanan de la empresa ROUSSELOT ARGENTINA S.A.

FALLO: I).-LEVANTAR LA MEDIDA DE CLAUSURA DE MANERA TEPMPORAL. Que atento lo manifestado por la infractora, en cuanto a la adquisición de un nuevo equipo ,filtro de bandas, que se halla en puerto a la espera de la entrega, y la descripción del proceso de instalación,  incorporado en el escrito presentado con fecha 25 de Agosto del 2016, se dispone el levantamiento de la Clausura por el plazo de 45 días corridos, momento en el que se deberá acreditar en autos, la instalación y funcionamiento del nuevo equipo, asegurando el correcto funcionamiento de las instalaciones y terminando con toda clase de contaminación objetiva y subjetiva del medio ambiente, bajo apercibimiento de Clausura ante incumplimiento. II) INTIMAR a que el día 29 de Agosto del 2016, acredite la puesta en funcionamiento final del sistema de lavado de gases en la planta de desgrase. Ofíciese por Secretaría a la Dirección de Fiscalización y Control del Municipio con el fin de que constate el cumplimiento de este apartado.  III) INTIMAR a que el día 5 de septiembre del 2016 acredite en autos, la culminación de la instalación de la cubierta del adensador de la planta de tratamiento de efluentes. Ofíciese por Secretaría a la Dirección de Fiscalización y Control del Municipio con el fin de que constate el cumplimiento de este apartado. IV) INTIMAR a que, el día 3 de Octubre del 2016, presente en autos el estudio de ingeniería  que llevará adelante la empresa VAICSA  y copias por ante mesa de entradas dirigidas a la Dirección de Obras Particulares y Dirección de Fiscalización y Control, a los fines de su análisis. Obra que una vez obtenidos los permisos  correspondientes deberá iniciarse en un plazo de 15 días, bajo apercibimiento de Clausura. V) CONDENAR por la infracción cometida al art. 112 de la Ordenanza 11.159/90 al pago de la multa de 1000 módulos, lo que hace la suma de $ 61.180 (pesos sesenta y un mil ciento ochenta). VI) CONDENAR  por infracción al Art. 53 de la Ordenanza 11.159/90, Art. 4 bis, inc. a) y 6 bis del Dto. Ley 8571/77 al pago de la Multa de 20.000 módulos, lo que hace la suma de $ 1.223.600 (pesos un millón doscientos veintitrés mil seiscientos), la que deberá abonarse en un plazo de 72 horas hábiles de notificado, bajo apercibimiento de  lo dispuesto por el Art. 6 del Dto, Ley 8571/77. II) Tasa administrativa: De conformidad con el Art. 36, apartado 1 de la Ordenanza Fiscal vigente, sin perjuicio de la sanción impuesta, el infractor abonará en concepto de tasa administrativa la suma de  $ 180 ( ciento ochenta). III) Se hace saber que contra la sentencia podrá interponerse recurso de nulidad y apelación,  ante la autoridad que la dictó, dentro de las setenta y dos horas de notificada, en los términos del Art. 54 del Dto. Ley 8751/7. IV).-Tomen conocimiento Mesa de Entrada y Registro de Reincidentes, la Contaduría General.V.- Notifíquese. Fecho Archívese.

RAFAEL DEFRANCESCO. JUEZ DE FALTAS NRO. 1. HURLINGHAM.

 



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