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Defensa del Consumidor Ley 13.133
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Fecha de publicación: 15-06-2014
 
Bco. Nacion c/Municipalidad de Gral.Pueyrredon s/pretension anulatoria.Caso FernandezC/Bco. Nacion
 

REGISTRADO BAJO EL N° (S) FN°

En la ciudad de Mar del Plata, a los 30 días del mes de julio del año dos mil trece, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-3162-MP2 “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA c. MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON s. PRETENSIÓN ANULATORIA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli, Mora y Sardo, y considerando los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata dictó sentencia rechazando íntegramente la demanda promovida por el Banco de la Nación Argentina contra la Municipalidad de General Pueyrredon. Impuso las costas del proceso en el orden causado y reguló –por auto separado- honorarios a los profesionales actuantes en la causa [v. fs. 289/298 y 299].

II. Declarada por esta Cámara la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto a fs. 306/311 por la parte actora –replicado por la accionada a fs. 314/317- [v. Res. de fs. 380/381], y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia, corresponde votar la siguiente:

CUESTIÓN

¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto a fs. 306/311?

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:

I.1. A fs. 289/298 el a quo dictó sentencia rechazando íntegramente la demanda del Banco de la Nación Argentina por la que pretendía la anulación de la resolución administrativa dictada por el Sr. Juez Municipal de Faltas N° 4 de la ciudad de Mar del Plata con fecha 25-02-2008, que le aplicara una sanción de multa de $ 5.000,= al haberlo encontrado incurso en violación de los arts. 42 de la Const. Nac., 38 de la Const. local y 4, 36 y 37 de la Ley N° 24.240.

Luego de efectuar una reseña de las actuaciones administrativas, explicó que el proceder de la accionante tanto en ocasión de celebrar el mutuo hipotecario como en el devenir del sumario administrativo patentizaba el incumplimiento de la entidad financiera de la obligación de brindar adecuada y oportuna información al tomador del crédito –Sr. C. Fernández- acerca de “… cuáles resultaban ser los parámetros técnicos utilizados para la configuración de la tasa de interés y su eventual variación…”.

Para así concluir ponderó que: (i) la cláusula quinta del mutuo hipotecario establecía un sistema dual de modificación de la tasa de interés [vinculado a las disposiciones del B.C.R.A. y a “… las circunstancias propias del giro comercial…” de la entidad otorgante] aunque sin consignar en el contrato “… la estructura técnica del mecanismo para efectuar la variación…”; (ii) a pesar de los reiterados requerimientos efectuados por la O.M.I.C. durante el trámite del sumario para que se explicitara “… en forma detallada y expresa cómo es que se determina la variación de la tasa de interés y los parámetros utilizados a dichos fines…” solo se obtuvieron respuestas evasivas e imprecisas; (iii) la actividad administrativa desplegada por la O.M.I.C. en ejercicio de las facultades atribuidas por la ley 13.133 ha puesto al descubierto la infracción por parte de la entidad financiera del mandato de información adecuado y veraz, no solo en ocasión de la celebración y ejecución del contrato sino también al serle requerida por la autoridad estatal; (iv) la situación de incertidumbre en la que se coloca al contratante, a quien se le impide conocer los parámetros objetivos que autorizarían al otorgante del crédito a modificar unilateralmente la tasa de interés, torna a la disposición quinta del contrato de mutuo en una cláusula abusiva (arts. 36 y 37 de la Ley 24.240).

Asimismo, sostuvo que frente a la comprobada violación de la obligación legal de brindar información adecuada y veraz no correspondía receptar los cuestionamientos que la entidad financiera proyecta sobre la resolución administrativa y que se vinculan a la ausencia de perjuicio económico que pudiera haber sufrido el denunciante en sede administrativa. Tampoco –agregó- traduce vicio alguno el hecho de que el tomador del mutuo hipotecario [denunciante ante la O.M.I.C.] hubiera “puesto en marcha” el procedimiento administrativo adjuntando documentación –contrato de mutuo- que no se corresponde con el convenio efectivamente celebrado, pues –en definitiva- lo que se reprocha al banco se circunscribe al acuerdo efectivamente suscripto.

Por último, descartó que la actuación estatal escrutada tradujera vicios en la causa, en el objeto o -por irrazonabilidad- en la sanción. En tal sentido, explicó que las constancias del expte. admt. n° 16926-0-2004 permitían tener por cumplimentadas las diversas secuencias formales de tramitación, descartando con ello que se hubiera afectado la garantía de defensa de la entidad financiera. Y en lo a atinente al quantum monetario fijado en concepto de multa ($ 5.000,=), tomando en cuenta la posición del Banco Nación en el mercado, descartó que pudiera tachárselo por irrazonable.

Concluyendo, desechó que la existencia de una causa promovida en el ámbito federal por quien ha excitado el procedimiento sumarial reglado por la ley 13.133 (Sr. Fernández) impidiera a la Administración ejercer, una vez comprobada la infracción al plexo legal de defensa del consumidor, la potestad sancionatoria.

2. Contra el mentado pronunciamiento se alza a fs. 306/311 la entidad financiera accionante.

Indica que el magistrado de grado ha omitido ponderar adecuadamente las constancias obrantes en el expte. admt. n° 16926-0-2004, de las que se desprende que su actuación -en oportunidad de celebrar el contrato de mutuo hipotecario con el Sr. C. Fernández- ha sido "ajustada a derecho" y con estricta observancia de la Ley N° 24.240.

En tal sentido, postula que la autoridad municipal ha malinterpretado el reclamo efectuado por el Sr. Fernández, y que fue a partir de tal desenfoque que la O.M.I.C. comenzó a actuar de manera “inquisitiva”, requiriendo informes sobre cuestiones ajenas al asunto que motivara la denuncia.

Explica que el Sr. Fernández conocía que el mutuo hipotecario incorporaba una cláusula de interés variable [del 14,75% nominal anual] que no varió en el devenir de la relación contractual. Por tal motivo –ahonda- mal pudo el denunciante pretender abonar una tasa inferior a la que se había comprometido de acuerdo con la línea de crédito contratada.

Indica que si bien la entidad bancaria lanzó ofertas crediticias con otros plazos y modalidad de cálculo de intereses, no lo es menos que la contratada por el Sr. Fernández debía regirse por las pautas establecidas en el mutuo hipotecario. Así, el absurdo de la autoridad estatal radica en desconocer cuál ha sido el alcance del convenio celebrado por el tomador del crédito.

Estima que ha existido una “animadversión” por parte del Director municipal a cargo de la O.M.I.C. pues mal puede calificarse de abusiva la cláusula quinta inserta en el mutuo hipotecario de la que se desprende la posibilidad lícita de variar la tasa de interés.

Concluyendo, entiende que la actuación de la O.M.I.C. y la Justicia Municipal de Faltas importa olvidar que el art. 15 de la Ley 21.799 habilita al Directorio del Banco de la Nación Argentina a “… determinar las modalidades y condiciones de las operaciones del banco y fijar las tasas de intereses, descuentos, comisiones y plazos…".

3. A fs. 314/317 la Municipalidad de General Pueyrredon materializa su réplica y, acompañando en lo sustancial lo resuelto a fs. 289/298, solicita el íntegro rechazo de los agravios blandidos a fs. 306/311.

II. El recurso no prospera.

1. Atendiendo el núcleo de agravios vertidos por la accionante [reseñados en el apartado II.2. de este voto] y a través de los cuales procura desbaratar la conclusión adversa a sus intereses que porta el fallo de fs. 289/298, habré de determinar si la conducta imputada al Banco de la Nación Argentina es susceptible de ser encuadrada, tal lo dispuesto por la Municipalidad accionada, como violatoria de los arts. 4, 36 y 37 de la Ley N° 24.240.

a. Observo, de un lado, que de la Resolución del Juez Municipal de Faltas N° 4 de Mar del Plata de fecha 25-02-2008 [v. fs. 107/110] surge que la sanción aplicada a la firma actora lo ha sido en razón de haber celebrado ésta un contrato de mutuo hipotecario, omitiendo informar al tomador del crédito de manera “… cierta, objetiva, veraz, detallada eficaz y suficiente…” sobre las características esenciales de la contratación y que se vinculan con el procedimiento para llevar a cabo el cálculo de la “tasa de interés variable” pactada. Señaló además la autoridad municipal que, por fuera del deber genérico de información incumplido -art. 4 Ley N° 24.240-, atendiendo a la "… posición predominante de la entidad bancaria…" en el mercado crediticio, y que se traducía en "… una falta de personalización de las relaciones…" que pudieran entablarse con los consumidores, se acentuaba para el Banco de la Nación Argentina el "… deber de información y obrar de buena fe…", máxime cuando las condiciones de la contratación reservaban para el ente estatal derechos exclusivos "… para ajustar el interés fijado o convenido…".

La Administración, asimismo, indicó que la conducta desplegada por el banco estatal en el devenir de las actuaciones administrativas permitían corroborar la renuencia a suministrar los datos o informes que permitieran determinar con "claridad" cuál resultaba ser el mecanismo utilizado para efectuar el cálculo de la tasa de interés y sus eventuales variaciones. Con todo, la autoridad de aplicación concluyó que el descargo presentado y las pruebas aportadas al trámite administrativo ratificaban las circunstancias fácticas motivantes de la sanción, calificando a la conducta de la administrada como violatoria de los arts. 4, 36 y 37 de la Ley N° 24.240.

b. En tal contexto de análisis, no advierto razones para apartarme de la solución que porta el fallo de grado. Es que, a poco que se examina la conducta desplegada por el Banco Nación, se advierte la violación del deber impuesto por el art. 4, 36 y 37 de la Ley N° 24.240. 

He de recordar que el art. 4 de la Ley N° 24.240, citado por la Administración en su resolución, reza que “… el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión…”.

El art. 36 exige que en las operaciones de crédito se consigne : "… la tasa de interés efectiva anual, el total de los intereses a pagar o el costo financiero total…" y el art. 37 califica de abusivas aquellas cláusulas insertas en el contrato que "... importe[n] renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte…".

Frente al marco normativo reseñado y a las circunstancias patentizadas en el expediente administrativo, mal puede la accionante sostener que su actuación -tanto en ocasión de celebrar el mutuo hipotecario como durante el trámite de la actuación administrativa- abastezca con suficiencia la obligación de brindar acabada información al tomador del crédito.

Repárese que la cláusula quinta del contrato de mutuo [v. fs. 25/42], y que da origen al reclamo efectuado por el Sr. Fernández, expresa que: "… junto con cada cuota de capital, la parte deudora deberá pagar un interés variable calculado sobre el saldo de capital adeudado, por el plazo mensual transcurrido. El acreedor queda expresamente autorizado para ajustar el interés compensatorio fijado o convenido, a las modificaciones dispuestas por autoridad competente o cuando el banco así lo determine, las de tasa activa de cartera general en pesos que a su solo juicio y en función de los costos de captación de fondos se disponga en el futuro con carácter general durante el plazo de los servicios financieros pactados…". A poco que se examinan las condiciones vinculadas al "interés variable" que debe afrontar el tomador del crédito se advierte -tal como lo explicitara el a quo- la ausencia de pauta o parámetro objetivo alguno que permita descifrar el criterio que se sigue para fijar la tasa de interés y su eventual variación. Y tal incertidumbre no ha podido ser despejada siquiera durante el trámite del sumario administrativo, en el que la entidad bancaria, demostrando una actitud por demás remisa, se ha limitado a informar que la tasa de interés se habría mantenido invariable desde la firma del mutuo [v. fs. 59 y 65], mas sin explicitar cuáles resultaban ser los parámetros técnicos utilizados para su determinación.

Vale recordar que en la relación de consumo la información se erige en un elemento esencial entre las prestaciones indispensables para la concreción de un contrato (cfr. doct. esta Cámara causa C-2001-AZ1 “Cablevisión S.A.”, sent. de 30-IX-2010). La comunicación al consumidor debe ser apropiada, de manera tal que le permita tomar la decisión libre de aceptar el producto o servicio o de rechazarlo (cfr. Graciela N. Messina de Estrella Gutiérrez, “La Buena Fe en las Relaciones de Consumo con especial referencia al Deber de Información”, en Tratado de la Buena Fe en el Derecho, dirigido por Marcos M. Córdoba, Tomo I –Doctrina Nacional- Editorial La Ley, Buenos Aires 2004, págs. 436/438).

Es que, la obligación de brindar información completa a los usuarios y consumidores, en el contexto de la relación de consumo, se refiere a todas las circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios (cfr. Farina Juan M. “Defensa del Consumidor y del Usuario”, Ed. Astrea, Bs. As. 1995, pág. 7), ostentando tal deber una obligación de resultado en tanto la ley exige que esa información cumpla determinados y precisos contenidos (cfr. Gozaíni Osvaldo A., “Protección procesal del usuario y consumidor”, Ed. Rubinzal Culzoni, Bs. As., 2005, pág. 403). Es por ello que, la sola verificación del incumplimiento hace responsable al obligado, con prescindencia de cualquier circunstancia vinculada con la intencionalidad de tales sujetos (cfr. doct. esta Cámara causa C-2437-AZ1 “Nueva Card S.A.”, sent. de 13-XII-2011).

Con lo anterior en mira resulta inaceptable la premisa postulada por la entidad financiera cuando sostiene que durante el devenir del mutuo la tasa de interés se habría mantenido invariable. No es el quantum que se hubiera fijado en concepto de los frutos lo que ocasiona el reproche de la autoridad administrativa, sino el haber omitido transparentar cuáles son las pautas utilizadas para fijar esos intereses y su eventual variación.

Repárese que una de las prerrogativas fundamentales que se reconoce a los particulares en el ámbito de las relaciones de consumo radica en el derecho a ser nutrido de elementos ciertos y objetivos, detallados, eficaces y suficientes sobre las características esenciales del producto objeto de la contratación. Se trata de una herramienta basilar del sistema protectorio estatuido por los arts. 42 de la Const. Nac. y 38 de la Const. prov., y que se justifica en la desigualdad material que caracteriza a los partícipes de las relaciones de consumo (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 321:3345; S.C.B.A. causa C. 102.100 "Lucero", sent. 17-IX-2008). Esa información debe tener aptitud para colocar al cocontratante en una situación de discernimiento en el aspecto técnico ventilado en el negocio, cubriendo tanto la etapa genética como la de ejecución del acuerdo, ya que es cumplimiento del deber de buena fe la prestación de servicios informativos permanentes y actualizados, acordes con la complejidad del negocio y la educación del receptor (conf. doct. S.C.B.A. causa B. 65.834 "Defensa de Usuarios y Consumidores Asociación Civil", res. de 7-III-2007).

Menos aún puede la accionante pretender justificar su proceder arguyendo que el art. 15 de la Ley 21.799 -carta orgánica del Banco de la Nación Argentina- autoriza al Directorio de la entidad financiera a determinar "… las modalidades y condiciones de las operaciones y fijar las tasas de intereses y descuentos…". El reproche que se le endilga a la actora no pone en crisis -y menos aún desconoce- la prerrogativa que el legislador ha reconocido en cabeza del órgano de dirección del banco estatal. Por el contrario, lo que se recrimina se focaliza en haber omitido informar al tomador del crédito -en las condiciones que exige el art. 36 de la Ley 24.240 para la tipología de operaciones de crédito como la examinada- con suficiencia y claridad las pautas, parámetros y/o valores a partir de los cuales se determina la tasa de interés y sus eventuales oscilaciones tanto al alza como a la baja, por fuera de que durante el período transcurrido desde la celebración del mutuo y hasta la denuncia del deudor se hubiera mantenido –como sostiene pero tampoco prueba que en los hechos ellos debió ser así- inalterable.

La conducta remisa del banco –en ocasión del celebrar el contrato como durante su ejecución- de explicitar, aún frente al expreso pedimento que le efectuara la autoridad administrativa, cuál resultaba ser la estructura o fórmula en la que se apuntala el esquema de fijación de “interés variable” acordado en la cláusula quinta del convenio de mutuo hipotecario, patentiza la infracción formal de la entidad financiera al deber de información impuesto por la reglamentación.

c. Respecto del agravio que caracteriza la actuación de la O.M.I.C. y la Justicia Municipal de Faltas como una "animadversión" hacia la entidad financiera, estimo que su rechazo también se impone.

Adviértase que cuando se reprocha al actuar administrativo una conducta discriminatoria, o que trasunte un desvío o apartamiento del fin que justificó el dictado del acto, corresponde al interesado demostrar, mediante pruebas suficientes, que existe la intención de alterar ilegítimamente las situaciones sometidas al escrutinio de la Administración (argto. doct. esta Alzada causa C-1689-AZ1 “Farinella”, sent. de 28-IV-2010). Tal onus probandi recae sobre quien invoca la existencia de una intención distinta a la que se plasma en el acto (argto. doct. S.C.B.A. causa B. 57.253, “Rodríguez”, sent. de 9-V-2001).

Por fuera de los dichos que blande la accionante, no consta elemento probatorio alguno para acreditar, siquiera indiciariamente, que la sanción aplicada pudiera veladamente enfundar una razón persecutoria o la animosidad que se denuncia (cfr. doct. esta Cámara causa C-3079-AZ1 "Leguizamón", sent. de 29-V-2012).

Y teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en el que se desenvuelve la acción contencioso administrativa y las amplias facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de su pretensión, incumbía a la actora la carga de acreditar la existencia de un fin distinto al declarado, mediante pruebas claras y evidentes, no solo por revestir tal calidad en el proceso (argto. arts. 375 del C.P.C.C.; 77 inc. 1º de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-), sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública (doctr. S.C.B.A. causas B. 59.009, “Allo”, sent. de 3-XII-2003; B. 60.905, “Diez”, sent. de 22-XII-2004 y B. 58.924, “Fiscal de Estado”, sent. de 12-IV-2006 y sus citas; esta Cámara causa C-2308-MP2 “Braña”, sent. de 17-XI-2011), carga que, reitero, juzgo incumplida en el sub lite.

d. Por último, también habré de repeler el restante agravio esgrimido por la accionante en cuanto aduce que las constancias obrantes en la causa "Fernández C. c. Banco de la Nación Argentina s. Revisión de contrato" –de trámite ante el Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata- resultarían demostrativas de la sinrazón de la sanción aplicada por la autoridad comunal.

Vale recordar -tal como lo pusiera de resalto el magistrado de la instancia- que el eventual reclamo que pudiera haber efectuado el Sr. Fernández ante la jurisdicción procurando la revisión del mutuo hipotecario importa el tránsito por un cauce de composición de conflictos individuales que, como tal, dista de cercenar o limitar el ejercicio por la autoridad administrativa de las competencias expresamente atribuidas por la ley 13.133 para la materialización de los derechos de los consumidores y usuarios consagrados en el art. 42 de la Const. Nac., 38 de la local y en la Ley N° 24.240.

III. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo rechazar el recurso de apelación articulado a fs. 306/311 por el Banco de la Nación Argentina y, consecuentemente, confirmar el pronunciamiento de fs. 289/298 en cuanto fue materia de agravios.

En atención a que el apelante pudo actuar en la creencia de hallarse amparado por el régimen de costas establecido en el art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –texto según ley 13.101-, razones de equidad me persuaden de propiciar la imposición de las costas de esta alzada en el orden causado (art. 51 inc. 1° segunda parte del C.P.C.A., texto según ley 14.437, B.O. 8-02-2013).

Voto, en consecuencia, por la negativa.

Los señores Jueces doctor Mora y doctora Sardo con igual alcance e idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, votan a la cuestión planteada por la negativa.

De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:

SENTENCIA

1. Rechazar el recurso de apelación articulado a fs. 306/311 por el Banco de la Nación Argentina y, consecuentemente, confirmar el pronunciamiento de grado de fs. 289/298 en cuanto fue materia de agravios.

2. Distribuir las costas de esta instancia por su orden (art. 51 inc. 1° segunda parte del C.P.C.A., texto según ley 14.437).

3. Por los trabajos realizado ante este Tribunal, estése a la regulación efectuada por auto separado.

Regístrese, notifíquese, y una vez firme, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría.

 

 

ROBERTO DANIEL MORA
JUEZ

EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE

 

ELIO HORACIO RICCITELLI
JUEZ

EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE

 

ADRIANA M. SARDO
JUEZ

EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE

 

MARIA GABRIELA RUFFA
SECRETARIA

EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 



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