Sitio de Intercambio de Informacion para la Justicia Municipal de Faltas
 

Antenas de radiocomunicacion en San Miguel
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Fecha de publicación: 27-02-2017
 
Fallo resolviendo la ilegalidad de una instalacion de torre y antenas para radio FM.
 

JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS DE SAN MIGUEL

JUZGADO Nº 3

San Miguel,  07 de diciembre del año 2009.-

EN ATENCION A LAS CONSTANCIAS DE AUTOS,  y vistos: 1) la causa 2267 de fecha 23 de julio de 2009, incoada contra Gustavo Estigarribia con domicilio real en la calle Concejal Tribulato Nº 1656  y constituido en la calle Belgrano 1528, Oficina 24,  ambos de la Ciudad de San Miguel,  por presunta falta de habilitación municipal para desarrollar actividad comercial de una antena de radio comunicaciones  en la calle Concejal Tribulato Nº1656  de San Miguel, y por impedir el normal desempeño de funcionarios públicos   ( Arts. 61, 62 y 143 O.M, 359/77- Código Municipal de Faltas de San Miguel); 2)  la realización de la audiencia prevista en el artículo 46 del DL 8751/77, otorgando al imputado el derecho a la más amplia defensa;  acto de procedimiento que tuviese lugar  en fecha 31/08/09, con asistencia de letrado patrocinante; 3) la documentación aportada por el encartado obrante a fs. 18/26 y  a fs. 45/64 del expediente agregado por cuerda identificado como Alcance 01; 4) la resolución de fs. 29/31  Alc. 01; 5) el manifiesto de fs. 64/64 vta. en el que se indica que la antena no funciona desde su clausura; 6) la resolución por parte del Juzgado Correccional Nº 3 del Departamento Judicial de Gral. San Martín en causa Nº 802 que luce a fs. 146/150 vta.  Referente al recurso de apelación y nulidad deducido a fs. 10/12; 7) El expediente administrativo de la Municipalidad de San Miguel Nº 4735/08 que fuera solicitado ad effectum videndi el 31/08/09 (fs. 28 Alc. 01) y como medida para mejor proveer el 03/12/09. Y CONSIDERANDO: 1) Que el infrascrito es competente para conocer en los presentes actuados contravencionales según lo establecido por el artículo  29 del Decreto Ley 8751/77, dejándose expresa constancia que dicha competencia nunca fue cuestionada por el encartado; 2) Previamente, es deseo del suscripto dejar debidamente aclarado, que la actividad desplegada por el órgano de contralor del Departamento Ejecutivo (competencia que tampoco fue cuestionada)  se condice con la noción de función y poder de policía que durante años se gestó. Debo dejar aclarado asimismo, que las autorizaciones emitidas por la Comisión Nacional de Comunicaciones son sin perjuicio del cumplimiento de leyes, decretos reglamentarios, convenios y demás disposiciones que rigen la materia y las que eventualmente se dicten encontrándose entre ellas las ordenanzas de carácter local. Así también es de destacar que la resolución 795/92 de la Comisión Nacional de Comunicaciones establece en sus considerandos: “Que existen en el ámbito municipal ordenanzas que reglamentan el desarrollo urbano y obras civiles asociadas” y “que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones no es el órgano competente para ejercer jurisdicciones sobre las obras civiles en general y estructuras soportes de antenas en particular”.   Con relación a la noción de  poder de policía municipal, cabe recordar que tiene origen jurisprudencial norteamericano cuando en el caso “Brown c/ Estado de Maryland” (1827) el juez John Marshall utilizó por primera vez ésta expresión, entendiéndolo como un poder de legislación; y caracterizado por un conjunto de restricciones a las que cada individuo debe someterse, en el ejercicio de su libertad o de sus derechos de propiedad. En efecto, el poder de policía se expresa a través de la potestad reglamentaria de los derechos y garantías reconocidos por la Carta Fundamental y que consiste en limitaciones a los citados derechos y garantías. De ésta manera señalo el maestro Fiorini que “las limitaciones mencionadas están dirigidas a garantizar la seguridad que tienen los individuos dentro de un Estado para desarrollar sin inconveniente su personalidad” (Bartolomé Fiorini, El poder de policía en el estado moderno, L.L., Tomo 22, Página 33); 3) Asimismo, el fundamento constitucional de la noción de poder de policía ha sido receptado en la reforma de 1994 en su artículo 75 inciso 30 y ya respecto de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, por el artículo 75 inciso 22, se puede hacer mención de lo siguiente: a) Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 29 inciso 2; b) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), artículo 32 inciso 2, c) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 4; 4) Dentro de éste espectro, que sintetiza la noción de “poder de policía” como conjunto de restricciones y limitaciones, en el Artículo 2611 del Código Civil se determina que: “Las restricciones impuestas al dominio privado solo en el interés público, son regidas por el Derecho Administrativo”.  Rige aquí, en consecuencia, como en cualquier tipo de actividad administrativa, el principio de legalidad, que exige la atribución expresa a la Administración de potestades específicas, al objeto precisamente, de garantizar y tutelar los bienes y derechos existentes en las actividades que le son propias. 5) Que en función de los preceptos anteriormente señalados, para el ámbito territorial de la Municipalidad de San Miguel, cabe mencionar que se encuentran vigentes normas precisas que regulan la instalación de estructuras soportes de antena, como la del caso de autos, específicamente la Ordenanza 08/2005 y su Dto.  Reglamentario Nº 617 del 29 de mayo del 2008. Dicha normativa que conforma una verdadera ley en sentido material conforme jurisprudencia de la CSJN (Rivademar, Angela c. Municipalidad de la ciudad de Rosario, R. 593,L.XXI del 21/03/89), estipula para el ámbito local las obligaciones que deben cumplir aquellos que pretendan instalar y poner en funcionamiento este tipo de estructuras con la finalidad posterior de utilizar el espectro electromagnético; específicamente estas normas exigen que quien solicita un Certificado de Prefactibilidad presente datos específicos de: “a)Localización de la antena a instalar indicando dimensiones mínimas del terreno, retiros, anclaje de la estructura, altura máxima, protección perimetral y tipología constructiva. Y distancias mínimas respecto a otros usos específicos y otras antenas, b) Estudio de Impacto Ambiental, c) Autorizaciones de los organismos extra municipales competentes debiendo estar extendidas las mismas utilizando como referencia los datos catastrales del bien” (art. 3 O.M. 08/2005). Además para su habilitación y construcción se requerirá toda aquella documentación cuyos detalles forman parte del Dto. Reglamentario (art. 4 O.M. 08/2005). El Dto. reglamentario 617 del 29/05/08 establece en su art. 10 que a los efectos de la construcción de las obras se deberá presentar los siguientes elementos: “a) Planos municipales aprobados de obras , de soporte de la antena y de las instalaciones electromecánicas, protocolo de mediciones de puesta a tierra incluyendo el o los pararrayos b) Contrato obligatorio conforme a disposiciones legales vigentes Ley n 2490 del ejercicio de la profesión c) Póliza de seguros por daños producidos a terceros, con vigencia durante todo el tiempo de permanencia e incluido el período de obra y de desmantelamiento, d) Póliza de caución equivalente al valor del costo del desmantelamiento, e) Dictamen de factibilidad emitido por la Secretaría de Obras Públicas, Dirección de Infraestructura.” Esta normativa municipal es obligatoria, además de la que se debe cumplir en el plano nacional ( COMFER,  Comisión Nacional de Comunicaciones y Fuerza Aérea) y provincial ( Resolución 144/07 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires);  todas ellas conforman un plexo regulatorio integrado, que articula las distintas competencias de un estado federal , y establece las obligaciones que deben satisfacer quienes pretenden realizar este tipo de actividad, con carácter previo al inicio de las mismas 6) A su vez en la audiencia del art. 46 DL 8751/77 el imputado arguyó: A) Que  en fecha 14/07/08 presentó expediente nº 4735 solicitando prefactibilidad de instalación y montaje de una antena de FM en la calle Tribulato  1656 (fs. 20 Alc. 01) B) Que el expediente 4735 tuvo un pase interno en fecha 17/08/08 y otro en fecha 20/08/08 y a partir de allí en más hasta el 23/07/09 la administración municipal hizo SILENCIO (fs. 21 Alc. 01) C) Que al no ser debidamente notificado de ninguna resolución administrativa el propio Estigarribia consideró CONSTITUIDA EN MORA (Sic) a la Municipalidad, y luego de insistir ( sin decir cuándo ni cómo) y no tener respuestas, procedió a la instalación de la misma (fs. 21 Alc. 01)  D)  Que le fueron contratados sus servicios comunicacionales para la radio (sin aportar prueba al respecto) (fs. 22 Alc. 01) E) Que efectivamente el 23/07/09 no permitió el ingreso de los inspectores municipales “ debido a la gran inseguridad de la zona en que vivimos y a que los mismos, jamás se dieron a conocer como tales ni exhibieron credenciales identificadoras” (fs. 22 Alc. 01) F) Que a pesar que manifestó que los inspectores “ no se dieron a conocer como tales”, a renglón seguido afirma que : “invocaron ser del municipio” en abierta contradicción a su propios dichos. 7) A las ocho preguntas formuladas al imputado (fs. 27 Alc. 01) no dio respuesta asertiva a ninguna de ellas, acompañando recién en fecha 09/09/09 documentación que cumple parcialmente algunos recaudos legales en fechas muy posteriores a la del labrado del acta 2267. v.g: a) Protocolo para la evaluación de las radiaciones no ionizantes- (fs. 47/48 y 51 a 63 Alc. 01) presentadas el 09/09/09. b) Registro de Encomienda Profesional de confección de protocolo para  la Evaluación de Radiaciones No Ionizantes de acuerdo a la metodología establecida por la Resolución 3690 CNC/2004, de fecha 26/08/09.(fs. 49 Alc. 01). c) Certificado de Cobertura de Seguro de RC por antena con fecha de vigencia 27/08/09 al 27/08/10 (fs. 50 Alc. 01) 8) Que de resultas del recurso de apelación impetrado por el imputado contra una resolución obrante a fs. 2 de la causa 2267 la alzada dispuso         “mantener la clausura preventiva de la antena de radio de comunicaciones  de autos hasta tanto el Sr. Juez de Faltas se expida en los términos del art. 43 in fine del DL 8751/77 y el art. 50 in fine de la O.M 359/77” Atento ello, considerando que el término de 24 hs, que establece el art. 43 in fine del DL 8751/77 ,  para resolver respecto de las medidas precautorias, que se cuenta a partir de la adopción de las medidas, se encuentra vencido en exceso y que los presentes autos están en condiciones de resolver el cargo formulado en acta 2267 en los términos del art. 50 DL 8751/77 considero que ello amerita dictar la resolución definitiva para esta instancia sin incurrir en dilación, pasible de ser entendida como retardo de justicia.  9) Que sentadas estas cuestiones corresponde proceder a dictar sentencia con las constancias existentes en autos, suficientemente acreditativa de una de las infracciones denunciadas.  10) Que ninguna duda cabe que, el imputado ha aceptado su participación en la comisión de la infracción tipificada en el Art. 61 OM 359/77,  ya que ello surge de las constancias colectadas. Igualmente es cierto que mas allá de toda la documentación, explicaciones y manifestaciones vertidas, las mismas no hacen sino reconocer la trasgresión a las normas municipales, atento que el imputado desarrollaba al momento de labrársele el acta contravencional origen de estos actuados, actividad comercial como emisora radial de frecuencia modulada, sin contar entre otros requisitos con: plano de obra de la torre aprobado, plano electromecánico aprobado, plano de soporte de la antena, protocolo de medicion de puesta a tierra, polica de caucion y por ende carecia de permiso para funcionar ni habilitación municipal y mucho menos de autorización de la Secretaria de Política Ambiental provincial para el funcionamiento, y pretendiendo justificar el inicio de facto de su actividad en el supuesto silencio de la Administración y la tácita puesta en mora en que él interpretó se hallaba la misma;  en el hecho que la Municipalidad no le había informado suficientemente las normas vigentes a las que debía sujetarse y amparándose  a posteriori en la extensión de un permiso para presentación de documentación, otorgado en el trámite de procedimiento administrativo habilitatorio, inmediatamente despues del labrado del acta 2267, que de ninguna manera lo autorizaba a funcionar y mucho menos sin dar cumplimiento a las exigencias anteriormente mencionadas (fs. 24 Alc. 01). A mayor abundamiento cabe destacar que dicho permiso, de fecha 24/07/09 (exactamente un dia posterior al labrado del  acta 2267) fue extendido por el Ingeniero Guillermo Vadillo – Subsecretario de Tierra,Vivienda y Habitat- al SOLO efecto de otorgarle al Sr. Estigarribia un plazo de 180 (ciento ochenta) dias habiles para la confeccion y posterior presentacion de planos de la antena, calculo de estructura y electrico, y en ninguna parte de dicho permiso se facultaba al solicitante a realizar actividad comercial, ni siquera con carácter prcario . ; 11) Que es necesario dejar debida constancia que la legitimación para actuar que posee el municipio, a mérito de la evolución del Derecho Contravencional resulta incuestionable ya que actúa como “afectado” y en representación de los habitantes del partido de San Miguel pues ejerce su poder de policía no sólo a través del dictado de decretos y ordenanzas sino también mediante la adopción de aquellas medidas tendientes a evitar su incumplimiento en la medida de la protección del interés público. 12) Respecto del acta 2267 que diera origen a estos actuados y cuya vigencia ha sido sostenida por la alzada  (causa 802 registro 763/2009) la misma se encuentra  labrada de conformidad con lo normado por el Artículo 38 del Decreto Ley 8751/77 y los cuestionamientos efectuados por el encartado no han sido receptados por el órgano judicial revisor; 13) Que ya en lo referente al derecho aplicable, y en función de analizar la norma , debemos destacar que resulta de aplicación la Ordenanza Municipal 08/05  promulgada mediante decreto 593/ 05, y su decreto reglamentario Nro.617 de fecha de entrada en vigencia 29/05/08 ; actos administrativos que no merecieron objeción constitucional por parte del imputado; quien consintiendo dicha normativa inició el 14 de julio del año 2008 ,  o sea con posterioridad a la vigencia de las mismas, el expediente municipal 4735 (ver fs. 20 Alc. 01) solicitando la autorización de emplazamiento de conformidad con el artículo 3 de la ordenanza precitada, que establece los requisitos a cumplir antes de la instalación. (Arts. 3 y 4). 14) Que contrariamente a lo que afirma el imputado el expediente 4735, a partir de su presentación mediante nota obrante a fs. 1 y el pago de los derechos de oficina de fs. 2, tuvo un activo desarrollo de procedimiento, hasta la fecha del labrado del acta 2267 que es el siguiente: Fs.3 – Secretaría de Obras Públicas a Dirección de Infraestructura (21/07/08); Fs.3 vta. – Pase de Infraestructura a Electromecánica (22/07/08); Fs.4/6 – Texto Ordza. 08/2005; Fs.7/8 – Nota 0234 – COMFER – “Las estructuras soportes de antenas son en sí mismas obras civiles, por lo que la jurisdicción sobre ellas corresponde a la competencia específica del ente municipal” – Dr. Ignacio M. Cingolani- Director Nacional Dirección Planeamiento y Desarrollo – COMFER; Fs.9 – Nota CNC a Dra. De la Vega (de fecha 25/04/01)- Reiterando que el soporte de antenas es responsabilidad municipal; Fs.10 – Plancheta catastral manzana España-Fraga-Tribulato-Ms. Blois; Fs.11 – Electromecánica envía a Infraestructura nota adjuntando planillas con normas técnicas. Sugiere que intervenga Control y Ordenamiento Urbano para citar al solicitante para que efectúe la consulta en el área de competencia (12/08/08); Fs.11-Infraestructura lo eleva el 13/08/08 a Obras. 15/08/08 - Fs.12 – Obras envía a Ordenamiento Urbano- Ingresa el 21/08/08; Fs.13 – 4/09/08- El Dr. José M. Nieto de Control Urbano pasa orden a Inspector para que verifique e informe sobre las características de la zona; todo otro dato de interés; realice croquis del lugar, realice consulta de vecinos; realice informe de inspección de 9 manzanas; Fs.13 vta. – Informe sin fecha de Inspectores, Ferreyra y Marini. Manifiestan existencia de la Antena; Fs.14 – Inspector Smeca Legajo 37437 el 10/02/09. Dice que constituído en distintos horarios no encuentra persona alguna en el predio de la “antena”; Fs.15 – Detalla en croquis de comercios y rubros existentes cercanos a la antena, entre otros: Enet. Nº 1,  Jardín de Infantes, Playa estacionamiento línea de transporte 740; 15) Que entonces, es menester destacar que en materia de trámites municipales y a fin de no transgredir el ordenamiento jurídico, el Sr. Gustavo Estigarribia debió haber solicitado la pertinente localización municipal antes de construir y/o instalar la antena, consignando y presentando todos los elementos que requieren la ordenanza y el decreto reglamentario mencionados, y solicitar de acuerdo a las normas sobre zonificación, usos y destinos vigente que la administración ejecutiva se expidiese favorable o desfavorablemente antes de la instalación; para el primero de los casos, recién ahí iniciar los trámites correspondientes a la habilitación municipal y posteriormente los trabajos para la construcción y/o instalación de la antena y de sus estructurra autoportante y para la segunda alternativa plantear en el fuero correspondiente  el reclamo de sus derechos presuntamente afectados. Por el contrario no habiendo obtenido aprobación de la localización, como fue su caso, no se pueden iniciar ni los trabajos, ni el trámite de habilitación, y mucho menos dar inicio a la realizacion de la actividad comercial, toda vez que la actividad a desarrollar no resulto debidamente autorizada, evitándose un dispendio innecesario de la actividad administrativa posterior. De la claridad del acta de comprobación 2267 surge palmaria su responsabilidad y la materialidad de la infracción por transgresión al art. 61 de la O.M 359/77 (falta de habilitación municipal o permiso para desarrollar actividad comercial);  en cuanto respecta a la imputación de violación del art. 62 de la O.M. 359/77 entiendo que a la fecha del labrado dela cta 2267 no se encontrabann reunidos los extremos que tipifican esta infracción y en relación a la presunta falta consistente en haber impedido o dificultado el accionar de los inspectores municipales (art 143 O.M 359/77) si bien tengo presente la contradicción de los dichos del propio imputado,  considero que el obstáculo eventualmente no fue tal que impidiese realizar la función de los inspectores tal como da cuenta el acta 2267 ;  16) Que de ésta manera, lo analizado forma íntima convicción en el suscripto, teniendo en cuenta además la falta de otros elementos que contrarresten los instrumentos contravencionales labrados, vale reiterarlo, de conformidad con el artículo 38 del DL 8751/77 y que no han sido enervados por medio probatorio alguno, por lo que los mismos son tenidos como plena prueba de la responsabilidad del infractor en los términos del artículo 41 del DL 8751/77, teniendo en cuenta que el acta de comprobación es un acto administrativo de constatación de hechos y circunstancias, razón por la cual se impregna de la “presunción de legitimidad” (en ésta materia no rige la presunción de inocencia precisamente por lo dispuesto en el artículo citado). Podríamos decir que el acta de comprobación es un mero acto administrativo de conocimiento, ubicado dentro del trámite del procedimiento,  en el que la autoridad administrativa, por intermedio de la actuación de sus funcionarios competentes y con los requisitos que la ley establece, comprueba una contravención que determinará efectos jurídico-administrativos directos e individuales respecto de terceros. 17) Que es deber ineludible de los poderes públicos velar por el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en todos sus aspectos  y así se ha dicho: “Pues bien, si es en la actividad de las Administraciones Públicas donde se juega la efectividad de los postulados constitucionales, corresponde al Derecho Público, en su doble vertiente de instrumento garantizador de los ciudadanos y herramienta del poder, esbozar técnicas que tiendan a facilitar el cumplimiento de los fines de aquellas, potenciar la eficacia, lograr la correcta prestación de los servicios que gestiona. Porque al ciudadano, le interesa, en primer lugar el buen funcionamiento, la buena gestión, la calidad, la rapidez, el servicio. Sólo en última instancia le interesa lo patológico, el recurso, la garantía. Pero la garantía debe estar prevista porque la eficacia no puede lograrse a cualquier precio y, desde luego, no a costa del control” ( Luis Martín Rebollo, Los fundamentos de la responsabilidad del Estado, en Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público Jornadas organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, Editorial Ciencias de la Administración, División Estudios Administrativos, Año 2001, Página 22); 18) Que situaciones como las de autos , se encuentran fuera de los cánones establecidos por el Artículo 19 de la Constitución Nacional, toda vez que no cabe ninguna duda que dicho accionar atenta contra terceros.- En dicho sentido, la primera parte del artículo citado no renuncia a los fines tuitivos, ni de bien común, ni de bienestar general, todos ellos reconocidos en el Preámbulo de la Constitución, en el artículo 14 bis, y en el hoy articulo 75, incisos 18 y 19 relacionados, en principio, con la moral pública, que también tiene una dimensión social.- Es deber ineludible en ésta ocasión hacer mención de los intensos reclamos de la población por la colocación en forma totalmente indiscriminada de mástiles y/o antenas, sin solicitar los correspondientes permisos de emplazamiento, remitiéndome a periódicos, revistas y notas de actualidad que resultan de público y notorio(ver:http://www.eldia.com.ar/edis/20090814/laciudad39.htm;http://diarionco.com/blog/index.php/2009/02/26/los-vecinos-piden-que-se-desarme-la-ante?blog=12). En línea con lo antedicho, no huelga recordar los más numerosos antecedentes que registra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos respecto de las llamadas “obligaciones positivas” de los estados, que ponen en cabeza de éstos el deber de “garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos de los individuos en relación con el poder, y también en relación con actuaciones de terceros particulares” ( v. Entre otros: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC- 17/2002, 28-8-2002, Informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2002, San José, 2003, páginas 461/462, párr. 87 y sus citas).  Así se ha dicho también, algo que considero de aplicación analógica al tema en tratamiento: “Seamos oportunos en la intervención preventiva y correctora del mal en ciernes; no esperemos la consumación del mal que se transforma virtualmente irremediable para la sociedad: indemnizar al damnificado no ayuda a la sociedad que debe ver como la justicia permite la perpetración del daño que luego todos de algún modo pagaremos”( Agustín Gordillo, Axel en la Justicia Administrativa de la Provincia de Buenos Aires, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, Abril 2004, Año II, Nº 13, página 11). Existe así, un número creciente de bienes y derechos que necesitan ser tutelados, que los mismos son de rango constitucional y que ello es lo que justifica la existencia de una regulación jurídica de éstas materias en todas sus fases, desde la preventiva hasta aquella en que se dicta el acto administrativo que pone fin a la situación planteada.- 19) Que no dejo de tener en cuenta al emitir ésta resolución que uno de los problemas centrales que plantea el derecho administrativo de nuestros días, es hallar el justo equilibrio entre las prerrogativas estatales y los derechos de las personas sean éstas físicas o jurídicas, y es por ello que no puedo dejar de señalar que es norma corriente observar la desidia y desinterés que se advierte en el accionar de las empresas y/o particulares en relación al cumplimiento de las normas municipales, y de las cuales éstas actuaciones no son una excepción, 20) Que en función de lo argumentado, ameritando todas las probanzas acumuladas en autos se demuestra claramente que el Sr. Gustavo Estigarribia no ha ajustado su accionar a las normas de aplicación, ya que no posee localización municipal aprobada (como trámite previo obligatorio), ni habilitación municipal que autorice la instalación y/o construcción de dicha antena para la posterior prestación del servicio, ni permiso municipal para desarrollo de actividad comercial radiofónica; surgiendo claramente la plena responsabilidad del hecho constatado en el acta de comprobación 2267 como falta de habilitación municipal (art. 61 OM 359/77); 21) Que existen particularidades específicas con el tipo de obras civiles denominadas torres o autoportantes, que constituyen el soporte material de las antenas y de los elementos de balizamiento, como también en lo referente a los equipamientos electromagnéticos; estas particularidades  llevan a  identificar en algunos casos y a diferenciar en otros a esta clase de instalaciones de otras que se encuentran bajo el control municipal y también ocurre ello en cuanto a las eventuales perturbaciones a los distintos tipos de seguridad. Vale abundar sobre el particular ya que tanto el inciso a) como el b) del artículo 10 DL 8751/77 referencian a la seguridad como uno de los justificativos para la determinación de condenaciones accesorias.  Ademas y recordando que en esta materia, a los fines de poder desenvolver actividad radiofónica, es necesario cumplir con disposiciones nacionales, provinciales y municipales y en el ámbito provincial el órgano de aplicación es la ex Secretaría de Política Ambiental, cabe preguntarse en qué medida pueden estas actividades configurar un riesgo a la seguridad y al mismo tiempo cual es la implicación medioambiental que puede verse afectada. El término seguridad utilizado en forma genérica en los dos incisos del artículo 10 DL 8751/77, abarca distintas causas de afectación en este tipo de emprendimientos. Por una parte hay un riesgo a la seguridad aérea por lo cual es necesario realizar obras de balizamiento y contar con aprobación de Fuerza Aérea; hay una potencial afectación a la seguridad física de personas que puedan ser alcanzadas por una deficiente obra civil de emplazamiento de la estructura autoportante; existe luego un potencial riesgo por la seguridad electromecánica dado que las antenas se abastecen de energía eléctrica y por último, pero no por ello menos importante, un riesgo a la salud de la población por la emisión de ondas electromagnéticas no ionizantes, que a diferencia de las demás circunstancias no se visibilizan, pero no dejan de ser materia de estudio y ocupación por parte de quienes abordan este particular, y no parece apropiado relativizar la importancia de los numerosos y documentados informes y estudios sobre esta materia( Ver: ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL,  CONTAMINANTES - La contaminación electromagnética y sus efectos sobre la salud -Por Arq. Liliana Álvarez en  http://www.dsostenible.com. ar/ tecnologias/ impacto/ contamin- electromagnetica.html/ CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA–Viviana Vila-http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/ContElctro.htm/ ¿Cuál es el nivel de las ondas de radio frecuencia que incide sobre la salud humana? Néstor Hugo Mata- http:// www. frbb. utn. edu. ar/electronica/grupo-investigacion/Publicaciones/irpa/PAPER%20-%20ONDAS%20DE%20RADIO%20FRECUENCIA%20final.pdf)  y pasar a considerar que no existe riesgo a la salud por el informe particular de un profesional de parte (fs. 51/63 Alc. 01),  que no ha sido debidamente incorporado en los expedientes pertinentes y validado por el cúmulo de exigencias de toda la normativa vigente en esta cuestión. En consecuencia y atento no haber disipado en modo alguno el imputado los riesgos a los distintos tipos de seguridad analizados, entiendo procedente la adopción de la medida accesoria de clausura, con cese de emisiones radiofónicas, con carácter de definitiva en función de la resolución adoptada en el expediente 4735/08 fs. 55/57 donde se denegó la prefactibilidad por razones de zonificación establecidas en el Dto. Reglamentario 617. Por último, tratándose como ha quedado determinado de una falta que atenta contra las condiciones ambientales y de salubridad públicas considero a la misma alcanzada por los preceptos de los Arts. 4º BIS y 6º BIS del DL 8751/77 que tipifica las faltas graves,   agregando comentario al primer artículo mencionado, en la afirmación que “El ejemplo más claro que ha ocurrido en los municipios es la instalación de las antenas de telefonía celular – que irradian partículas nocivas para el hombre”- (Código de Faltas Municipales – BROLA D. E. Código de Faltas de la Provincia de Bs.As. Comentado, Pág. 37). 22) Que son consideradas como circunstancias atenuantes de las infracciones la falta de  antecedentes del imputado y por todo ello, siendo mi intima convicción, citas legales, doctrinarias y reglas de la sana crítica. 

FALLO: 1) Condenar a Gustavo Estigarribia a pagar una multa de 50  Salarios Básicos del Trabajador Municipal, pesos …………………………. ($..............) por infracción al articulo 61 O.M 359/77 de conformidad con el art. 6º BIS DL  8751/77 en ésta causa Nº 2267 -con más la accesoria de clausura definitiva por razones de seguridad, de las antenas sitas en la calle Concejal Tribulato 1656 de San Miguel y consecuente cese de emisiones radiales. 2) Sobreseer a Gustavo Estigarribia por las infracciones a los arts. 143 y 62 de la O.M 359/77. 3) INTIMAR A GUSTAVO ESTIGARRIBIA PARA QUE EN EL PLAZO DE CINCO (5) DIAS HABILES A CONTAR DESDE QUE QUEDE FIRME EL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO PROCEDA AL DESARME Y/O DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LA ANTENA DE MARRAS SITA EN EL INMUEBLE DE LA CALLE TRIBULATO 1656 DE SAN MIGUEL, PARTIDO DEL MISMO NOMBRE, BAJO APERCIBIMIENTO DE SER EFECTUADO POR EL MUNICIPIO CON CARGO AL IMPUTADO.

Articulo 41 C.N., Codigo Civil Art. 2611, Ley 25675, Ordenanza 08/2005, Artículos 3 y 4 – Dto. Reglamentario 617/08- Ordenanza 359/77  Articulo 61, 62, 143 -  Resolución de la Secretaria de Política Ambiental 144/07  ; Decreto Ley 8751/77, Artículos 1, 2, 4, 6, 10, 29, 38, 41, 43, 47, 50 y 51.- Código de Procedimientos Penal de la Provincia de Buenos Aires, Artículo 378 y concordantes – Resolución 795/92 de la Comisión Nacional de Comunicaciones.-  

NOTIFIQUESE CON LA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE DEBERA ABONARSE DENTRO DE LOS TRES DIAS DE NOTIFICADA BAJO APERCIBIMIENTO DE INICIAR SU EJECUCION POR LA VIA DE APREMIO. FECHO: ARCHIVESE.-DR. CARLOS REY. JUEZ DE FALTAS.

 

 



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