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Fallo Nextel
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Fecha de publicación: 27-02-2017
 
Fallo Nextel Communications S.A. s/ recurso de apelación.
 

San Martín, 1ro. de septiembre de 2009.-

 

                  AUTOS Y VISTOS:

                  Las presentes actuaciones contravencionales registradas en los libros de esta Secretaría bajo el nro. 1278 (Nro. 1831/08) de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Deptal.), Secretaría única a cargo de la Dra. Laura d` Assuncao, seguidas a NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.A., llegadas a mi conocimiento en grado de apelación a los fines de resolver la misma de conformidad con lo normado por el art. 54 de la Ley de Faltas Municipales (Ley 8751/77).-

 

                 Y CONSIDERANDO:

                  PRIMERO:

                 a) Que el 29 de octubre de 2008, la Sra. Juez de Faltas de la Municipalidad de San Martín, Dra. Norma Masiero, rechazó el planteo de competencia efectuado por Nextel Communications Argentina S.A.; y encontró culpable a la citada firma de los hechos documentados en el acta de infracción nro. 89.923 – instalación, sin autorización municipal previa, de un soporte de antena ubicado en la calle 93 (Rouco) nro. 1536 de la Ciudad de San Martín-, por incumplimiento de lo normado por los arts. 17, 18 y cctes. de la OM 8233/02, y por encuadrar su conducta en las prescripciones de los arts. 1, 5, 8 y 23 de la O.M Nro. 2325/80.-

                     La Sra. Juez de Faltas, sin valorar atenuantes, aplicó a Nextel Communications Argentina S.A. una sanción de multa de pesos cincuenta y cuatro mil, equivalente a noventa sueldos mínimos municipales; e intimó a la imputada, al retiro del soporte de antena, en el plazo de treinta días corridos, bajo apercibimiento de aplicación de lo normado por el art. 1ero. de la O.M Nro. 2496/83, e imposición de astreintes a partir del vencimiento de dicho plazo, a razón de un sueldo mínimo municipal por cada día de morosidad (ver fs. 42/44).-

                  b) Que tal como se ha resuelto en el marco del recurso de queja por apelación denegada que corre por cuerda –res. del 10.12.2008-, en legal tiempo y forma, la Dra.  Andrea E. Lobato, apoderada de Nextel Communications Argentina S.A., interpuso recurso de nulidad y apelación contra el acto administrativo decisorio, acompañó prueba documental y ofreció prueba informativa, tal como luce a fs. 74/111.-

                     La Dra. Lobato al momento de fundar la vía recursiva intentada, cuestionó la competencia del municipio para ejercer el poder de policía sobre la antena de propiedad de Nextel Communications Argentina S.A., planteando la inconstitucionalidad de toda norma municipal que contravenga y/o establezca mayores recaudos que el Gobierno Federal en la materia; peticionó se declare la nulidad del procedimiento llevado a cabo en la sede de grado, y la del pronunciamiento dictado por la Sra. Juez de Faltas, solicitando a todo evento la declaración de inconstitucionalidad del art. 126 del C.P.P.; y reclamó en definitiva la revocación del fallo mencionado; e hizo expresa reserva de caso federal.-

                    La letrada circunscribió sus agravios puntualizando concretamente:

-que el control y fiscalización en materia de telecomunicaciones es de competencia exclusiva de las Autoridades Nacionales, conforme lo normado por la Ley 19.798 y el Decreto 764/00, y que el Municipio al carecer de facultades para habilitar y/o regular la instalación y funcionamiento de las estaciones radioeléctricas para la prestación del servicio radioeléctrico de concentración de enlaces, su intervención invade la esfera de las competencias delegadas por las Provincias a la Nación, conforme art. 75 incs. 13, 14, 18 y 32 de la C.N., vulnerando así el principio de supremacía legal establecido por el art. 31 de la Constitución Nacional;

- que con relación a la antena en presunta infracción, se han cumplimentado los trámites necesarios ante las autoridades nacionales competentes para disponer su habilitación, que el Municipio de San Martín carece de competencia para legislar en materia de telecomunicaciones, y que por lo tanto carece de la facultad  de ordenar el desmantelamiento y/o retiro de aquella;

-que la notificación que se efectuara a su mandante, de la sentencia dictada el 29.10.2008 por la Sra. Juez de Faltas, se encuentra viciada de nulidad, porque en la cédula de notificación sólo se transcribió la parte resolutiva de la sentencia, sin sus correspondientes fundamentos, y dicha circunstancia, en razón de los días y horarios de atención del Juzgado de Faltas, aparejó que su mandante no haya tenido posibilidad de acceder a los mismos antes del vencimiento del plazo establecido por el art.54 para interponer los recursos de nulidad y apelación, vulnerándose así la garantía de defensa en juicio (art. 18 de la C.N);

- que ello no hubiera sucedido si la Sra. Juez de Faltas hubiera dictado sentencia en el acto de la audiencia de descargo prescripta por el art. 47 del Dec. Ley 8751/77, tal como lo establece el art. 50 del citado cuerpo normativo, o si hubiera practicado la notificación respectiva dentro del término de 24 horas prescripto por el art. 121 del C.P.P., motivo por el cual dichos incumplimientos de las reglas de procedimiento aparejaron una violación a la garantía de defensa en juicio (art. 18 de la C.N.);

-que también se ha vulnerado el principio de congruencia, y el derecho de defensa en juicio de su mandante, y la garantía del debido proceso, porque ha sido condenada por hechos e infracciones a normas, respecto de lo cuales no ha sido acusada con anterioridad, y que no se condicen con las ordenanzas cuyo incumplimiento se le imputó en el acta de infracción (nro. 89.923) que originó la presente causa y que constituye la base de la acusación;

-que el acta de infracción no establece de modo claro, preciso y concreto la norma presuntamente violentada por Nextel Communications Argentina S.A., circunstancia que le impidió conocer concretamente el actuar típico imputado, y por lo tanto, ejercer su derecho de defensa;

-que a fs. 38/41 se han producido pruebas respecto de las cuales su mandante no ha sido notificada, circunstancia que le ha impedido ejercer eficazmente su derecho de defensa a fin de cuestionar y/o controvertir aquellos elementos probatorios;

-que la sentencia dictada por la Sra. Juez de grado es nula porque en ella no se da tratamiento, ni siquiera mínimamente, al planteo de nulidad del acta de infracción articulado por la presunta infractora, ni a la prueba por ella ofrecida en oportunidad de formular su descargo en sede administrativa; y porque además aquella decisión vulnera el principio de congruencia;

-que el informe obrante a fs. 40vta. se refiere a una antena sita en la calle Rouco nro. 536, en tanto que la antena de propiedad de Nextel Communications Argentina S.A., está situada en la calle Rouco nro. 1536 del Partido de Gral. San Martín;

-que la sentencia recurrida está viciada de nulidad, porque no determina en forma concreta el delito imputado a su mandante;

-que el pronunciamiento condenatorio puesto en crisis omite absolver a la empresa Nextel Communications Argentina S.A., respecto de las normas cuyo incumplimiento se le imputó en el acta de fs. 2 y por las cuales no ha sido condenada, y ello afecta su derecho de propiedad (art. 17 de la C.N.) en tanto la priva de obtener una sentencia absolutoria que integre su patrimonio, como así también, hacer uso de la garantía del “non bis in idem”, respecto de aquellas normas;

-que la sentencia apelada es nula, de nulidad absoluta, porque sus conclusiones son falsas y no constituyen una derivación razonada del derecho vigente;

-que el monto de la multa impuesta por la Sra. Juez de grado a Nextel Communications Argentina S.A. resulta irrazonable y confiscatorio;

-que la Sra. Juez de Faltas al momento de fijar el monto de la sanción no ha valorado la falta de antecedentes de la citada empresa;

-y que en razón de los agravios esbozados, y que en la emergencia se puede concluir que las instalaciones correspondientes a la antena en trato son seguras, y no representan peligro alguno para terceros, el desmantelamiento de la antena en presunta infracción deviene improcedente, producirá la interrupción del servicio de telecomunicaciones de alcance interjurisdiccional, y configurará la comisión de los delitos tipificados en los arts. 194 y 197 del Código Penal.-

 

                       CUESTION PRELIMINAR:

Al cuestionar la accionante la competencia material de la Sra. Juez de Faltas de la Municipalidad de San Martín, y reclamar la declaración de inconstitucionalidad de toda norma municipal que contravenga y/o establezca mayores recaudos que el Gobierno Federal en la materia, corresponde decidir, en primer término, sobre este punto central de la contienda. Ello así, a fin de determinar si la legislación local atribuye al Municipio competencias delegadas por las Provincias a la Nación, vulnerando así el orden jurídico establecido por el art. 31 de la Constitución Nacional; y/o si el órgano municipal actuó ejerciendo el poder de policía local, respetando los límites que fija la competencia en razón de la materia, o sí, por el contrario, aquella se halla en cabeza de las autoridades nacionales y en el marco de actuación de los órganos jurisdiccionales con competencia federal.-

                      Para ello entiendo imprescindible iniciar el análisis,  destacando que el art. 1ro. de nuestra Constitución Nacional, establece para nuestro sistema de gobierno, la forma representativa, republicana y federal, que implica que las provincias (entidades políticas autónomas), han delegado en el Estado Federal, aquellas facultades expresamente establecidas en su art. 126, siendo soberanas en cuanto a todas las restantes, como lo refleja (reafirmándolo), el art. 1ro. de la Constitución Provincial.-

                    Y es la misma Carta Magna, tras señalar que las Provincias conservan todo el poder no delegado, lo que impone a cada una de ellas (me refiero a las provincias) dictar su propia Constitución y darse sus propias instituciones, asegurando la administración de justicia, la educación primaria y la autonomía municipal, y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero (arts. 5, 121, 122, 123, 126 y cctes. de la C.N.).- En armonía con la Carta Magna – como lo adelantara- el art. 1 de la Constitución Provincial, establece que “La Provincia de Buenos Aires, como parte integrante de la República Argentina constituída bajo la forma representativa, republicana federal, tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al gobierno de la Nación”, disponiendo, en la sección séptima, referida al Régimen Municipal, que “la administración de los intereses y servicios locales en la Capital y cada uno de los partidos que formen la Provincia, estará a cargo de una municipalidad…” (art. 190), siendo competencia de la Legislatura Provincia deslindar las atribuciones y responsabilidades de cada departamento, atendiendo eficazmente a todos los intereses y servicios locales 8art. 191), siendo atribuciones inherentes al Régimen Municipal –entre otras- la de tener a su cargo el ornato, la seguridad, salubridad, y la vialidad públicas, y dictar ordenanzas y reglamentos (art. 192 inc. 4to. Y cctes. de la Constitución Provincial).-

                       Queda así establecido, con rango constitucional, que las Municipalidades detentan el poder de policía necesario para garantizar y asegurar la preservación de los intereses locales, dentro de los límites que las normas señaladas imponen.-

                     Y a  partir de esta estructura político-institucional, puede afirmarse, que la Nación y las Provincias tienen competencia -concurrente – para reglamentar y limitar legislativa y/o administrativamente, el ejercicio de esos derechos, en tanto no se produzca una situación de incompatibilidad por tratarse de competencias excluyentes o porque las facultades resultan incompatibles con la legislación federal.-

                   Por otra parte, receptando los principios consagrados en la Constitución Nacional y en la Provincial, la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires (Decreto Ley 6749/58), refleja con claridad ese poder de policía local, el establecer, en tal sentido que “la sanción de las ordenanzas y disposiciones del Municipio corresponden con exclusividad al Concejo Deliberante” y que “Las ordenanzas deberán responder a los conceptos de ornato, sanidad, asistencia social, seguridad, moralidad, cultura, educación, protección, fomento, conservación y demás estimaciones encuadradas en su competencia constitucional que coordinen las atribuciones nacionales y provinciales (arts. 24, 25, 26 y 27 del citado texto legal).-

Puntualizando, en concordancia con lo9 expuesto, que los órganos municipales, dentro de sus límites territoriales, conservan el ejercicio del poder de policía, en todo aquello que sea compatible con la jurisdicción y potestades federales, a fin de asegurar sus intereses y servicios.-

                  Y a la luz de una interpretación integral y armónica de los bloques normativos analizados, tengo para mí, que las normas (municipales) que la accionante intenta poner en crisis, sólo plasman el poder de policía local reconocido por nuestra Constitución Nacional y por la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, dentro del radio del territorio de su competencia, en miras a asegurar los intereses y servicios locales, en todo aquello que sea compatible con la jurisdicción y potestad nacional.-

Y digo ello, pues la conducta en juzgamiento, aparece transgrediendo disposiciones locales, que tutelan y resguardan el ornamento, la salubridad, seguridad y vialidad públicas del Partido de San Martín, de exclusiva incumbencia provincial, al ser atribuciones inherentes al régimen municipal (arts. 190, 191, 192 inc. 4to. Y cctes. de la Constitución Provincial).-

                  Continuando con el análisis y refiriéndome directa y específicamente, al marco normativo que rige específicamente la materia, en razón de la “aparente superposición” de leyes y decretos nacionales y provinciales que parecieran regular el tema, cabe formular las siguientes consideraciones.-

                  La apoderada de Nextel Communications Argentina S.A. proclamó la competencia nacional exclusiva en la materia, invocando en respaldo jurídico de esta afirmación, la aplicación de la Constitución Nacional – Art. 75 incs. 13, 14, 18 y 32-, la Ley Nacional de Telecomunicaciones Nro. 19.798, los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 1185/990, 1620/96 y 764/00, y la Resolución Nro. 2701/94 de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – Reglamento del servicio radioeléctrico de concentración de enlaces-, modificada y ordenada por la Resolución Nro. 3085/99 de la Secretaría de Comunicaciones.- Y con fundamento en el citado bloque normativo de orden nacional, Nextel Communications Argentina S.A. atribuyó competencia – en definitiva- al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones, para intervenir en cuestiones como la ventilada en el legajo, proclamando así la recurrente, implícitamente, la competencia exclusiva y excluyente de la Justicia Federal para intervenir en materia de telecomunicaciones.-

                  Ahora bien, no advierto que la normativa invocada por la empresa agraviada, bloquee, obstaculice, o limite la facultad de los organismos municipales, de ejercer el poder de policía local, en relación al control de las obras realizadas por la presunta infractora, en el ámbito del Municipio de San Martín.-

                  Y, no desconozco que la competencia en materia de regulación y fiscalización del servicio de telecomunicaciones, por tratarse de un servicio público y de comercio interjurisdiccional, es exclusiva y excluyente de las autoridades federales, conforme lo normado por el art. 75 inc. 13 de la C.N., los arts. 3, 4, 6 y cctes. de la Ley Nacional de Telecomunicaciones Nro. 19.798, decretos y resoluciones citados por la apelante. Más, no menos cierto es, que la Ley Nacional de Telecomunicaciones nro. 19.798 – que la instalación de estaciones radioeléctricas, requiere la autorización del municipio correspondiente al territorio sobre el cual aquella va a emplazarse, y ello, sin perjuicio de la autorización que a tal efecto deba expedir la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Fuerza Aérea Argentina.

Concretamente el art. 39 de la ley 19.798 establece que: “ A los fines de la prestación del servicio público de telecomunicaciones se destinará a uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal, con carácter temporario o permanente, previa autorización de los respectivos titulares de la jurisdicción territorial para la ubicación de las instalaciones y redes- el resaltado me pertenece-. Este uso estará exento de todo gravamen”.

                 En consecuencia, más allá de la competencia federal en lo atinente a todas aquellas cuestiones vinculadas exclusivamente al servicio público d e telecomunicaciones prestado – y las concesiones del mismo- (referidas a prestación, desarrollo, comercialización y fiscalización del servicio radioeléctrico de concentración de enlaces) tengo para mi, que a la luz de la citada norma, la instalación de una estación radioeléctrica requiere necesariamente, la autorización del Organo Municipal, con jurisdicción en el territorio en el cual aquella va a emplazarse.- Y esa autorización se cristaliza a través de la habilitación municipal respectiva, sin perjuicio que el uso del espacio utilizado se encuentre exento de todo gravamen, conforme lo prevé la norma analizada.-

                 Por otra parte, en el análisis que vengo efectuando, reviste extrema relevancia, el hecho que la propia empresa agraviada, con fecha 07.08.2008, es decir, con anterioridad a la iniciación de la presente causa contravencional, efectuó una consulta de uso conforme ante la Municipalidad de San Martín para una “estructura soporte de antena sistema radioeléctrico de concentración de enlaces” con relación al domicilio sito en la calle Rouco Nro. (93) Nro. 1536 (Trámite Nro. 1344), tal como se acredita con la constancia obrante a fs. 39; y a partir de esta conducta, de adverso a lo sostenido por la apelante, puede inferirse inequívocamente, que la accionante reconoció así, la competencia del Municipio respectivo, para autorizar, en el marco de la esfera del poder de policía municipal, la estructura mencionada.-

              En consecuencia, un análisis conglobado de toda la normativa vinculada a la materia, me refiero concretamente, a las cláusulas constitucionales invocadas, la Ley Nacional de Telecomunicaciones, y la legislación Nacional y Provincial individualizada en párrafos anteriores, me permite concluir, que las Provincias delegaron en el Estado Federal todas aquellas cuestiones vinculadas intrínsecamente a la prestación y comercialización del servicio – público- radioeléctrico de concentración de enlaces, y a las concesiones del mismo, pero que no existe superposición de normas nacionales y municipales, en materia de contralor, supervisión y/o fiscalización del mentado servicio público, entendiendo que tanto la jurisdicción nacional como municipal, se encuentran habilitadas para actuar de manera armónica, sin interferir la una con la otra en las funciones y atribuciones que a cada una le competen, debiendo en consecuencia la empresa prestataria del servicio, cumplir con la normativa nacional y local.-

             Y al decir que las normas nacionales (por un lado) y las provinciales y municipales (por el otro) no se superponen, quiero significar que las mismas regulan ámbitos distintos, en protección de bienes jurídicos distintos, y que la empresa prestataria del servicio, se ve obligada a cumplir y respetar la totalidad de ese universo normativo, es decir, la normativa nacional y también el sistema normativo local, promulgado – éste último- en el marco de atribuciones inherentes al régimen municipal tendiente, como ya lo expresara, a lograr una eficiente administración de los intereses y servicios locales.-

            Y en igual sentido la CSJN ha sostenido que “ Es por todo ello que entendemos que las autoridades locales, como consecuencia del poder de policía que les está reservado, tienen la legítima facultad de crear contravenciones, a fin de sancionar la violación de las normas dictadas en el ejercicio de dicha función administrativa”. (Fallos T. 267-97, citado por Eduardo Hortel en su obra Régimen de Faltas”, Ed. Universidad, pág. 19).-

              La hipótesis en juzgamiento, aparece vinculada directamente a conductas que afectan la seguridad, protección, salubridad, ornato y vialidad pública (inherentes al régimen municipal) y no a circunstancias inherentes al servicio de telecomunicaciones o relacionadas al contrato de concesión del servicio – de interés público – de telefonía celular, de allí que su regulación resulte ajena al alcance contemplado en las leyes federales dictadas al respecto, y sí vinculadas a las actividades alcanzadas por el poder de policía municipal.-

                Finalmente debo señalar, que tampoco advierto que las disposiciones que integran las ordenanzas municipales, presuntamente transgredidas por la empresa Nextel Communications Argentina S.A., contribuyan a frustrar la prestación del servicio de interés público que brinda la empresa apelante, muy por el contrario, la autoridad municipal actuó en ejercicio del poder de policía local y en cumplimiento de las ordenanzas vigentes,  a efectos de resguardar los intereses y servicios locales, fin supremo de los Municipios.-

                 En igual sentido me he pronunciado, entre otras, en las causas contravencionales Nro. 135 “Edenor S.A. s/ Infracción O.M Nro. 5323/93 y O.M Nro. 6168/95 RTA. 29.11.1999”, Nro. 697 “ GTE PCS S.A. s/Infracción O.M. Nro. 2712/85 y O.M Nro. 5994/95, RTA. 23.08.2001”, Nro. 1206 “ TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A. s/ iInfracción O.M. Nros. 8233/02 y 2325/80 RTA. 29.04.2008” y Nro. 1246 “AMX ARGENTINA S.A.”.-

                Sentado lo expuesto, corresponde desestimar la declaración de inconstitucionalidad reclamada por la accionante genéricamente contra toda normativa municipal que contravenga y/o establezca mayores recaudos que el Gobierno Federal en la materia, como así también la cuestión de competencia material, planteada por aquella, y continuar con las restantes cuestiones que han sido materia de agravio en ésta instancia judicial.-

                En consecuencia, siendo el objeto del presente proceso consecuencia directa del ejercicio del poder de policía local – no delegado al Estado Nacional- corresponde intervenir en el control y juzgamiento de las conductas investigadas a la autoridad municipal, en el marco de la legislación local vigente.-

               SEGUNDO:

                Relevando los agravios explicitados por la recurrente al dar fundamento fáctico-jurídico a la vía recursiva intentada, habré de analizar previamente si existen en el expediente vicios o defectos que invaliden los actos procesales cumplidos durante la instancia de grado, o si aquellos fueron realizados en violación a garantías constitucionales.-

               Y en esa dirección, tras su análisis, afirmo que el acta de infracción nro. 089923 (constatación de fs. 2) resulta formalmente válida, pues no refleja defecto formal alguno que impida relevarla como eficaz elemento probatorio, ni vicios que la invaliden; y ello así pues, aquel instrumento satisface plenamente la totalidad de los requisitos exigidos por el art. 38 del Dec. Ley 8751/77.-

              En efecto, de adverso a lo argumentado por la Dra. Lobato, tengo para mí, que aquel instrumento refleja una relación clara, precisa, y circunstanciada del hecho que con relevancia contravencional le es atribuido a su representada; y ello permite afirmar sin dudar, que la recurrente, sin perjuicio de cierta imprecisión en las citas legales consignadas por el agente municipal actuante en aquel documento de constatación, desde el tramo inicial de la investigación, y a lo largo de todo el proceso administrativo, la recurrente tuvo conocimiento pleno y cabal de los extremos de la plataforma fáctica imputada por la autoridad de contralor, dato este de relevancia no menor.

Y digo ello pues, es sabido que la imputación fáctica correctamente formulada es la llave que abre la puerta a la posibilidad de defenderse eficientemente, motivo por el cual no puede reposar en un relato impreciso y desordenado de la acción u omisión que se pone a cargo del imputado, sino que debe tener como presupuesto la afirmación clara, precisa, circunstanciada de un hecho concreto, singular (conf. Julio Maier, “Derecho Procesal Penal-Fundamentos”, pág.553, ed.  Del Puerto, 1996).-

              En esta misma dirección el Dr. Julio Maier expresó “…que para que alguien pueda defenderse es imprescindible que exista algo de que defenderse, esto es algo que se le atribuya haber hecho u omitido en el mundo fáctico, con significado en el mundo jurídico, exigencia que en materia procesal se conoce como imputación (Julio E. Maier, Derecho Procesal Penal, Tomo 1, pág 553).-

             Sentado lo expuesto, y tal como ya adelantara, cabe afirmar que el contenido del acta de constatación de fs. 2  refleja claramente el hecho que constituye la plataforma fáctica objeto de imputación contravencional. En efecto, el inspector municipal que labró ese documento, consignó (expresa y claramente) que el 10 de septiembre de 2008 siendo las 10.30 hs., se constituyó en la calle (93) Rouco Nro. 1536 de la localidad de San Martín, oportunidad en la que constató que “… se llevó a cabo la construcción de una estructura soporte de antena, sin la correspondiente autorización municipal (plano de obra)…”, hecho que ya en aquel primer momento, se le imputó con relevancia contravencional, a la empresa Nextel Communications Argentina S.A., con domicilio en Palestina Nro. 977, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo expuesto permite sostener, que la recurrente ha sido notificada y pormenorizada informada del hecho que se le imputa con relevancia típica contravencional – instalación de una estructura soporte de antena sin habilitación del Municipio de San Martín, en la calle Rouco (93) Nro. 1536-, plataforma fáctica por la cual, a la postre, ha sido condenada en sede municipal. En consecuencia debo concluir, que en modo alguno se han vulnerado garantías constitucionales, me refiero al derecho de defensa en juicio y debido proceso, pues el contenido del acta de constatación que luce a fs. 2, le ha permitido a la presunta infractora proyectase en un campo conocido, y al juzgador, determinar la plataforma fáctica con relevancia contravencional materia del fallo, sin menoscabo del principio de congruencia.-

                   En éste orden de ideas resta señalar, que la sola circunstancia que el agente municipal actuante, haya omitido consignar alguna de las normas legales en las que funda su imputación, no acarre por sí sola la nulidad de aquel documento inicial (fs. 2) – en tanto como lo he señalado en los párrafos que preceden- se ha descripto claramente la conducta reprochada. Pues, reitero, es el pleno conocimiento de la hipótesis fáctica materia de intimación penal – y Nextel lo tuvo- lo que garantiza el efectivo ejercicio del derecho de defensa en juicio. Máxime, cuando el inspector municipal que labró el acta de infracción, ha citado expresamente los cuerpos normativos en los que reposa la obligación de solicitar el permiso municipal pertinente para la instalación dela estructura soporte en trato (O.M Nros. 8233/02 y 9300/05) y el Código de Edificación de la Municipalidad de San Martín (O.M Nro. 2712/85), aunque sin especificar con toda precisión los artículos en los cuales se encuentra prevista la sanción aplicable por el incumplimiento de dicha obligación.- En consecuencia, con fundamento en las consideraciones fáctico-jurídicas trazadas corresponde rechazar los agravios formulados por la Dra. Lobato en tal sentido.-

               El análisis hasta aquí explicitado, permite en consecuencia, concluir sin dudar, que la hipótesis fáctica objeto del presente proceso contravencional- tal como ya adelantara-, fue descripta de manera clara y precisa en el documento labrado a fs. 2 (acta de constatación nro. 089923) y la empresa Nextel Communications Argentina S.A. – hoy agraviada- ha conocido los extremos y alcances de la intimación contravencional, pues fue debidamente notificada, y tuvo la posibilidad efectiva de ser oída y de ofrecer la prueba de la que intentó valerse, a efectos de resistir los extremos de la imputación, como lo reflejan la presentación efectuada en la sede municipal de grado y la documentación aportada (glosadas a fs. 5/21 y 22/33 respectivamente), y la interposición y fundamentación de la vía recursiva concretada en la sede administrativa (fs. 46/111), y posteriormente en esta sede judicial (fs. 128/vta. del recurso de queja que corre por cuerda), asegurándose así, de conformidad con el texto legal vigente, el derecho de defensa en juicio, de raigambre constitucional, en concordancia con lo normado en los arts. 18 de la C.N., y 15 y 16 y cctes. de la Constitución Provincia, y 46 del Dec. Ley 8751/77.-

               Finalmente, tras un análisis comparativo, efectuado a la luz de la plataforma fáctica, materia de intimación, descripta y delineada en el acta de constatación 089923, lo actuado en el legajo y el hecho motivo de condena en la sede de la Justicia de Faltas Municipal, puedo afirmar, que en la emergencia, el fallo en crisis no compromete el principio de congruencia, no se han visto comprometidas las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio de la empresa Nextel  Communications Argentina S.A.-

              En efecto, el pronunciamiento administrativo en crisis, encuentra suficiente fundamentación fáctica-probatoria en el acta de constatación de fs. 2, y en la prueba documental (fs. 39) e informativa ( fs. 40vta.)reunida en la etapa de grado, material convictivo que se ve concatenado con el grave indicio de cargo que se desprende de la actuación administrativa previa, efectuada por la empresa agraviada al 07/08/08, al requerir al órgano municipal correspondiente, una consulta de uso conforme para una “estructura soporte de antena sistema radioeléctrico de concentración de enlaces” con relación al domicilio sito en la calle Rouco Nro (93) Nro. 1536 (Trámite Nro. 1344). Por lo que no advierto, en el análisis y valoración del material convictivo colectado en la etapa de grado y efectuado por la Sra. Juez de Faltas como fundamento de su decisión, vicios en el razonamiento de la Juzgadora, ni circunstancias que demuestren quebrantamiento de las leyes de la lógica y de los principios de la experiencia.- Finalmente debo puntualizar que la sentenciante no ha incurrido en absurda valoración de la prueba colectada, y menos aún obran en el legajo elementos probatorios que controviertan el contenido del acta de constatación labrada a fs. 2 por el funcionario municipal actuante, tal como analizaré seguidamente.-

                Sentado lo expuesto, y en este tramo del análisis que vengo efectuando, corresponde dar respuesta a los agravios formulados por la apelante con relación al pronunciamiento condenatorio dictado por la Sra. Juez de Faltas, y al informe de fs. 40vta., prueba informativa ésta que la Sra. Juez, entre otras, ha valorado como elemento de cargo en perjuicio de Nextel Communications Argentina S.A.-

               En ese orden de ideas, en primer lugar cabe destacar, de adverso a lo sostenido por la Letrada, que el pronunciamiento administrativo puesto en crisis, determina en forma concreta la conducta con relevancia típica contravencional motivo de condena. En efecto, la Sra. Juez de Faltas, ha afirmado que “…La imputada no cuenta con la autorización municipal PREVIA, para la instalación del soporte de antena cuestionado…”, y también en la parte dispositiva del fallo, cuando resuelve:”…Encontrando culpable a NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.A… de los hechos documentados en acta contravencional nro. 89.923…”, acta que, tal como he analizado más arriba, describe en forma clara y precisa los hechos imputados.-

             Y las citas legales en las que la Sra. Juez de Faltas funda su pronunciamiento condenatorio resultan precisas, toda vez que al encuadrar jurídicamente la conducta en juzgamiento, la Dra. Masiero en el resolutorio de fs. 42/44, alude a los “arts. 17; 18 y cc. De la O.M. 8233/02, al quedar su conducta encuadrada en los términos de los arts. 1; 5; 8; 23 y conc. De la O.M. 2325/80”, abarcan la normativa municipal que sanciona el hecho reprochado en el marco de la presente causa. En consecuencia, concluyo sin dudar, que el fallo puesto en crisis, encuentra suficiente respaldo jurídico en las disposiciones legales invocadas por la sentenciante, cumplimentando así, holgadamente los requisitos legales de carácter esencial previstos en el Código de Faltas Municipales (arts. 47 y 51 del Dec. Ley 8751/77), resultando en definitiva el fallo atacado, formalmente válido.-

            Y esas circunstancias, clara y precisa descripción del hecho imputado, y cita de las normas legales infringidas y de aquellas que sancionan la conducta infraccionaría, me permiten afirmar, tal como ya adelantara, que la resolución condenatoria atacada por la apelante, no vulnera el principio de congruencia, y tampoco compromete las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio de la empresa imputada.-

             Resta puntualizar, que la circunstancia que el pronunciamiento recurrido (fs. 42//44) omita, tal como sostiene la Dra. Lobato, absolver a Nextel con relación a las normas cuyo incumplimiento le fue imputado en el acta de infracción de fs. 2, y por las cuales en definitiva no ha sido condenada,  no afecta su derecho de propiedad, y menos aún, compromete la garantía “non bis in idem”.-

            En ese orden de ideas, cabe puntualizar, que el objeto de este proceso, en éste caso del proceso contravencional, está circunscripto a la plataforma fáctica con relevancia típica contravencional descripta en el acta de constatación de fs. 2, hecho concreto que en la emergencia consiste en la instalación por parte de la empresa Nextel Communications Argentina S.A., de una estructura soporte de antena en la calle (93) Rouco Nro. 1536 de la localidad de San Martín, sin la correspondiente habilitación municipal. Y mientras esa plataforma fáctica, guarde identidad en el acta de constatación y en el pronunciamiento condenatorio dictado en consecuencia (particularidad que se cumple en el caso traído a juzgamiento, tal como he analizado en párrafos anteriores en respeto del principio de congruencia), más allá de su específico encuadre legal, deberá ser- la plataforma fáctica-, lo que constituya materia de absolución o condena.-

             Ello así porque se absuelven o condenan hechos y no calificaciones.-

             En consecuencia, en la emergencia la garantía del “non bis in idem”, se traducirá como la prohibición que el estado municipal vuelva a procesar a Nextel Communications Argentina S.A., por un hecho idéntico (identidad de sujeto y objeto) al ventilado en el presente legajo, el que consiste: en la instalación de una estructura soporte de antena, sin la correspondiente autorización municipal, constatada el día 10.09.2008, en el domicilio sito en la calle (93) Rouco Nro. 1536 de la localidad de San Martín. Y en esos términos, es decir, con referencia a dicha plataforma fáctica, la resolución definitiva que se adopte en ésta causa, será la que integre el patrimonio de la citada empresa, y respecto de la cual podrá hacer valer la garantía constitucional del “non bis in idem”.-

               En ese orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido: “…la garantía constitucional analizada (“non bis in idem”) protege a los individuos contra la doble persecución por un mismo hecho sin importar los diversos encuadramientos que se puedan efectuar respecto de aquel…”(CSJN-Fallos, 314:617).-

              Asimismo la doctrina se ha pronunciado respecto de la garantía del “non bis in idem”, expresando que: “…Se trata de impedir que la imputación concreta, como atribución de un comportamiento determinado históricamente, se repita, cualquiera que sea el significado jurídico que se le ha otorgado, en una y otra ocasión, el nomen juris empleado para calificar la imputación o designar el hecho. Se mira al hecho como acontecimiento real, que sucede en un lugar y en un momento o períodos determinados, sin que la posibilidad de subsunción en distintos conceptos jurídicos afecte la regla, permitiendo una nueva persecución penal, bajo una valoración distinta de la anterior…” (Julio B. J. Maier, “ Derecho Procesal Penal”, Tomo I, pág.606, Editores del Puerto s.r.l., 1996 – 2da. Edición).-

             Resta señalar que el inspector que labró el instrumento de fs. 2 citó como normas infringidas los arts. 17 y 18 de la O.M. Nro. 8233/02 y O.M. Nro. 9300/05, y la O.M. Nro. 2712/85 arts. 2.2.1.1. y al pronunciarse la Dra. Masiero condenó a Nextel por violación a los arts. 17, 18 y cctes. de la O.M. 8233/02, y si bien no citó expresamente la O.M. Nro. 9300/05, lo cierto es que ésta Ordenanza ya en el año 2005 había modificado a aquella – O.M. Nro. 8233/02-. Por otra parte, la Sra. Juez de Faltas, en su pronunciamiento no citó la O.M. Nro. 2712/85 (precisamente el art. 2.2.1.1.), y ello resulta correcto pues ést Ordenanza Municipal  es el Código de Edificación que rige en el territorio del Municipio de San Martín, y en modo alguno tipifica faltas contravencionales, sino simplemente establece qué trabajos requieren permisos de obra previo a su ejecución, enumerando entre otros, la ejecución de instalaciones mecánicas y eléctricas, como la que aquí nos ocupa.-

            Y con fundamento en las consideraciones expuestas, corresponde rechazar los agravios formulados por la apelante en tal sentido, pues Nextel Communications Argentina S.A., fue condenada en el fallo en crisis, por lsos hechos que fueron materia de intimación en el acta inicial de éste proceso contravencional. Ello más allá de la significación jurídica que le fue asignada por la Sra. Juez de Faltas en el acto administrativo en crisis.-

           Toca ahora dar respuesta, a los agravios formulados por la recurrente, con relación al informe que luce a fs. 40vta., y que ha sido objeto de valoración por parte de la Sra. Juez de Faltas al momento de dictar el pronunciamiento condenatorio recurrido.-

           Y en ésta dirección y con relación a ésta prueba informativa, debo puntualizar que, a mi criterio, el informe labrado a fs. 40vta. en modo alguno se encuentra viciado de nulidad. Y digo ello, porque esa prueba no tiene en cuanto a la naturaleza jurídica los matices de una prueba pericial, y además porque constituye una diligencia extremadamente simple, y como tal, de conformidad con lo prescripto en el art. 247 del Código de Procedimientos Penal, de aplicación supletoria en virtud de lo normado por el art. 60 del Dec. Ley 8751/77, no se requiere contar para su producción con la notificación previa, ni notificación posterior a su realización a la imputada, en este caso la imputada  Nextel.-

           El practicado a fs. 40 vta., es un informe técnico, que se obtiene mediante la simple compulsa de los registros del Municipio, a fin de verificar si determinada obra cuenta con autorización municipal o no; y no se advierte a que conclusión distinta podría arribarse con la participación previa o concomitante de la accionada en su producción. Por otra parte, Neztel Communications Argentina S.A., no ha cuestionado el contenido del citado informe, argumentando falsedad, y tampoco ha producido prueba que desvirtúe su contenido en la instancia de grado, y – tal como ya lo analicé en párrafos anteriores-, ha tenido la posibilidad de ejercer efectiva y activamente su derecho de defensa en juicio y resistir los extremos de la intimación y la prueba reunida por el órgano municipal.-

           Resta señalar que en la circunstancia que en el informe de fs. 40 el agente Leopoldo Van Lacke, Jefe de división de la Dirección de Obras Particulares y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de San Martín, se refiera a una antena sita en la calle (93) Rouco Nro. 1536, y no 536. Y además, la agraviada no ha ofrecido, ni producido prueba en la instancia de grado, que desvirtúe el contenido de aquel informe ni la plena de de la que goza el acta de constatación inicial (fs. 2). Y no resulta un dato de relevancia menor que no existen elementos de convicción que por vía directa o presuncional demuestren que la estación radioeléctrica propiedad de Nextel Communications Argentina S.A., emplazada en la calle Rouco Nro. 1536 de la Ciudad de San Martín, contaba con la correspondiente autorización municipal para su emplazamiento. Y tampoco la empresa recurrente ha producido prueba que así lo demuestre.-

           Finalmente con relación a los agravios formulados por la Dra.  Lobato con relación al pronunciamiento administrativo apelado, resta señalar, que si bien la Sra. Juez de Faltas no ha explicitado los fundamentos por los cuales no hizo lugar a la prueba ofrecida por la empresa, en oportunidad de formular su descargo en sede administrativa, en la emergencia, ello no provoca la nulidad del procedimiento llevado a cabo en la instancia de grado, y tampoco la del pronunciamiento administrativo dictado, pues, en el caso puntual que nos ocupa, la decisión de la Dra. Masiero, de rechazar la prueba informativa y documental en poder de terceros, ofrecida a fs. 5/21, apartado VI, ítems B) y C), no evidencia afectación del derecho de defensa en juicio del recurrente, y aquella decisión, no refleja agravio constitucional.-

            Y ello así, fundamentalmente porque la prueba informativa y documental rechazada (individualizada respectivamente a fs. 20, apartados “B” y “C” en el apartado VI), a todas luces se vislumbra inconducente para revertir el contenido y el valor probatorio del acta de constatación (fs. 2). Y en éste análisis no resulta un dato menor, que el Municipio no ha desconocido la autenticidad de las piezas acompañadas en copia simple, y la agraviada había ofrecido esas medidas probatorias para el supuesto que así ocurriera.-

           En consecuencia, es posible afirmar, que en éste caso, no han sido ofrecidos ni desestimados en la instancia de grado, elementos de prueba con relevancia para controvertir los extremos de la intimación contravencional.

Máxime teniendo en cuenta que el contenido del acta de constatación (fs. 2), conforme lo normado por el art. 41 del Dec. Ley 8751/77, goza de plena fe, en tanto no enervada por otras pruebas, ni redargüida de falsedad. Y tampoco se ha verificado, falsedad en el contenido de dicho documento inicial, ni vicio invalidante, que legalmente impida tomarlo como un elemento de cargo en la acreditación del ítem en trato.-

          Finalmente resta puntualizar que la recurrente no ha denunciado ni demostrado perjuicio a sus derechos de raigambre constitucional en la desestimación de las medidas de prueba.-

         Es sabido que el acta de procedimiento labrada por funcionarios públicos, policiales, municipales – como se verificó en el sub-exámine- constituye un instrumento público fehaciente y lo que en ella se consigne (salvo lo expresamente prohibido vrg.. las manifestaciones de los imputados) alcanza jerarquía de hecho probado documentalmente.- Por otra parte, el hecho materia de imputación fue captado directamente por el instrumento al ser comprobado por parte del funcionario municipal.- Así que vio y comprobó el inspector municipal actuante fue volcado en el documento (acta) y ello reviste el valor probatorio que corresponde a los actos que el oficial público dice que ha ejecutado por sí mismo o que pasaron en su presencia.-

           Y en esta misma dirección, con relación a la plena fe que caracteriza a las actas de infracción en materia contravencional, se ha sostenido jurisprudencialmente que: “La actuación policial da fe de la falta cometida, pues los funcionarios cumplían funciones de prevención de ilícitos y contravenciones y en esa ocasión observaron lo descripto en el documento público de fs. 2 el que suscriben y a quienes no hay motivo para no creerles en tanto no se pruebe lo contrario. Esta es la razón del art.  134 del D.L 8031/73 en cuanto determina que el acta de constatación labrada por funcionario autorizado hará plena fe de las afirmaciones contenidas en ella y podrá tenerse como plena prueba ( Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Dptal., Sala II, Causa Nro. 11.431, Moreno, Jose s/ Inf. Art. 94 bis D.L. 8031/73, rta. El 18.11.2008).-

          Continuando con el análisis de los agravios formulados por la Defensa respecto del procedimiento llevado a cabo en sede administrativa, debo afirmar, que la notificación que se efectuó a Nextel Communications Argentina S.A. del pronunciamiento condenatorio hoy en crisis, resulta válida y eficaz, producida de acuerdo al bloque normativo vigente, y en los términos del art. 126 del C.P.P. – texto según Ley 11922, vigente a la fecha en que se llevó a cabo la notificación referida-, de aplicación supletoria en la materia, de conformidad con las previsiones del art. 60 del Dec. Ley 8751/60.- En efecto, dicha norma establecía que la notificación de una resolución podrá efectuarse a través de los medios técnicos de comunicación existentes; y cuando se trate de sentencias, la notificación se limitará a la transcripción de su encabezamiento y de la parte resolutiva. Y analizando la forma y contenido de la notificación practicada en la sede de grado con relación al fallo apelado (fs. 45/vta.), puedo afirmar sin dudar, que la cédula de notificación que luce a fs. 45/vta., configura un modo plenamente válido y fehaciente para llevar a cabo la notificación; y que la misma contiene, tal como lo prescribe la norma mencionada, el lugar y fecha en que se dictó la sentencia puesta en crisis, como así también, una exacta reproducción de su parte dispositiva. Asimismo, de su contenido se desprende claramente la fecha y hora en la que se llevó a cabo, y la persona que recepcionó la misma. Y la circunstancia que dicha notificación se haya concretado un día viernes (día hábil), tampoco acarrea vicio alguno a aquella notificación, ni atenta contra el derecho de defensa de la aquí agraviada, toda vez, que sea cual fuere el día de la semana en que se practique una notificación, y aún cuando en dicha notificación no se hayan transcripto los fundamentos del fallo que se notifica , la imputada siempre gozará de las 72 horas que establece el art. 54 del Dec. Ley 8751/77, plazo que, tal como se analizara al momento de declarar formalmente admisible el recurso de queja interpuesto en el marco de la presente causa, y conceder el recurso de apelación hoy en tratamiento, en la órbita de la sede administrativa siempre se computará en días hábiles administrativos, conforme lo normado por el art. 68 del Dec. Ley 7647/70 (modif. Por Leyes 13.262 y 13.708) – ver fs. 119/124vta. del recurso de queja que corre por cuerda-, para hacerse de los fundamentos de la resolución que se le ha notificado, estudiar, preparar e interponer los recursos de nulidad y apelación que estime pertinentes. Por lo tanto, reitero, la notificación practicada a Nextel Communications Argentina S.A., por el Juzgado de Faltas, respecto del fallo de fs. 42/44, resulta plenamente ajustada a derecho, y no ha aparejado, en cuanto a sus formas, violación al derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la C.N.. Y la circunstancia que la empresa Nextel Communications Argentina S.A. ha interpuesto y fundado, en legal tiempo y forma la vía recursiva concretada en la sede administrativa ( fs. 46/111), asegurándose así, de conformidad con el texto legal vigente, el derecho de defensa en juicio, de raigambre constitucional, en concordancia con los normado en los arts. 18 de la C.N., y 15 y 16 cctes. de la Constitución Provincial, y 46 del Dec. Ley 8751/77 así lo demuestra. Y en esta instancia judicial la apoderada de la empresa ha tenido la posibilidad de informar oralmente ante éste órgano jurisdiccional para mejorar los fundamentos del recurso de apelación interpuesto, renunciando a ese derecho, remitiéndose a los fundamentos expuestos en su líbelo recursivo interpuesto en sede administrativa, circunstancia que demuestra con contundencia que el derecho de defensa en juicio se vio asegurado.-

            En consecuencia, no habiéndose comprobado violación a garantías constitucionales, ni acreditado el agravio constitucional invocado por la parte de la recurrente, y encontrándose – a mi juicio-debidamente asegurado el derecho de defensa en juicio consagrado por el art. 18 de la C.N., corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la apoderada de Nextel Communications Argentina S.A. con relación al art. 126 del C.P.P (en su redacción anterior).-

           Y en razón que todo reclamo de nulidad, requiere la invocación y acreditación de un perjuicio concreto que el acto y/o la omisión denunciada le haya generado a la parte que solicita aquellas sanciones nulificantes (art. 201 del C.P.P.), perjuicio que conforme lo analizado precedentemente, en la emergencia no se ha verificado, cabe rechazar asimismo los agravios esgrimidos por la Dra. Lobato por incumplimiento de los arts. 47 y 50 del Dec. Ley 8751/77 y del art. 121 del C.P.P.. Y respecto de éstos, sin perjuicio de poner de manifiesto, que a criterio de la suscripta, la Sra. Juez de Faltas postergó el dictado de su pronunciamiento, en espera del informe solicitado a fs. 35.-

           A la luz del análisis hasta aquí efectuado, y con fundamento en las consideraciones fáctico-jurídicas explicitadas, encuentro acreditadas las circunstancias fácticas que permiten afirmar la tipicidad y configuración de la infracción constatada.-

             Y con ello quiero significar, que el acta de constatación que luce a fs. 2, y cuya plena fe no ha sido desvirtuada; y la documental glosada a fs. 39 (constancia de consulta de  uso conforme para una “estructura de enlaces” con relación al domicilio sito en la calle Rouco Nro. (93) Nro. 1536 – Trámite Nro. 1344-), y la contundencia de la prueba informativa agregada a fs. 40vta.. remitida por la Dirección de Obras Particulares y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de San Martín (de la que se desprende que la estructura soporte de antena sita en la calle Rouco Nro. 1536 de la localidad de San Martín, carecía de autorización municipal), unidos y concatenados con el grave indicio de cargo que se desprende de los propios dichos de la recurrente, en el marco del sistema probatorio (íntima convicción) que rige el juzgamiento de infracciones municipales, permiten en su conjunto concluir sin dudar, que en el legajo se encuentran acreditadas con certeza suficiente, las circunstancias fácticas de tiempo, modo y lugar que reflejan en el caso en trato, la materialidad ilícita del injusto contravencional que se le imputa a Nextel Communications Argentina S.A.-

            Y con ello quiero decir, que se encuentra acreditado que al tiempo de la inspección municipal efectuada el día 10 de septiembre de 2008, en el inmueble sito en la calle (93) Rouco Nro. 1536 de la localidad de San Martín, Pdo. del mismo nombre, se constató que estaba emplazada en el lugar una estructura soporte de antena propiedad de la aquí imputada, sin poseer la autorización correspondiente de la Municipalidad de Gral. San Martín. Ello en clara infracción a lo normado por el art. 19 de la O.M. Nro. 8233/02, en su juego armónico con el art. 23 de la O.M. Nro. 2325/80, por incumplimiento de las previsiones que sobre habilitación de antenas y estructuras soportes la O.M. Nro. 8233/02, modificada por la O.M. Nro. 9300/05.-

          Y más allá del valor de plena prueba que el art. 41 del Dec. Ley 8751/77 atribuye a las actas de constatación labradas por funcionarios municipales competentes, y la prueba documental (fs. 39) e informativa (fs. 40vta.) reunida en el legajo, que viene a corroborar el contenido del acta de inspección inicial, en cuanto a que a la fecha en que se llevó a cabo la constatación plasmada en dicha acta de infracción, la estructura soporte de marras carecía de autorización municipal, es la propia agraviada – tal como ay adelantara- quien reconoció, aunque sin admitir responsabilidad en el ilícito contravencional en ningún tramo del proceso, la existencia de una estación radioeléctrica para la prestación del servicio radioeléctrico de concentración de enlaces de su propiedad, en el lugar que indica el acta labrada a fs. 2, y que la misma carece de la autorización del Municipio de San Martín.-

          En efecto, la propia apelante, en las presentaciones efectuadas en el marco del presente proceso contravencional, ha reconocido expresamente que en la calle Rouco Nro. 1536 de la localidad de San Martín se encuentra emplazada una antena de su propiedad para la prestación del servicio de referencia, al expresar que la misma contaba con la autorización pertinente de la Comisión Nacional de Comunicaciones y de la Fuerza Aérea Argentina, como así también, al manifestar su oposición al desarme y/o desmantelamiento y retiro, ordenado por la Sra. Juez de Faltas en el pronunciamiento condenatorio dictado.-

           Por lo tanto, puede afirmarse que el contenido del acta de constatación de fs. 2, en cuanto refleja la materialidad ilícita de la infracción constatada –emplazamiento de una estructura soporte de antena, sin la autorización municipal correspondiente-, no se encuentra desvirtuado por ningún elemento probatorio. Por el contrario, el hecho que refleja el acta inicial se ve corroborado por la prueba documental e informativa colectada, y señalada en párrafos precedentes – fs. 39 y 40vta. respectivamente-, que acreditan la existencia de la estación radioeléctrica de referencia, y la falta de otorgamiento por parte del Municipio, de la autorización y/o permiso precario para su instalación, en violación de lo normado por el art. 19 de la .O.M. Nro. 8233/02, modificada por O.M. Nro. 9300/05. Y asimismo corroborada por el grave indicio de cargo que se desprende de las propias manifestaciones de la infractora, vertidas en su descargo de fs. 5/33, en su recurso de apelación de fs. 46/111, conforme  se analizara en párrafos precedentes.-

            Y el material convictivo reseñado, permite formar plena convicción, a la hora de acreditar el hecho con relevancia típica contravencional, materia intimación, y el rol autoral de Nextel Communications Argentina S.A. en el mismo.-

 

           TERCERO:

          Sin eximentes, y tampoco confluyen causales de justificación que permitan eliminar el carácter antijurídico de la infracción constatada, ni causales de inculpabilidad que autoricen a neutralizar el juicio de reproche a la autora del injusto contravencional.-

         Por todo lo expuesto, entiendo que no existen razones fácticas, ni jurídicas para apartarme de lo resuelto por la Sra. Juez de Faltas respecto a la decisión condenatoria adoptada.-

           

            CUARTO:

           A la hora de cuantificar la sanción de naturaleza pecuniaria, relevo que la Sra. Juez de Faltas no explicitó factores ordinarios de agravación, aunque sí merituó la envergadura de la obra y la situación económica de la imputada; y no obstante el silencio de la Juez de Faltas de grado, relevo como circunstancia ordinaria de atenuación, la ausencia de antecedentes condenatorios firmes de la empresa condenada, toda vez que esta circunstancia no fue desvirtuada en el lejago.-

          Y en ese orden de ideas, a la luz de la naturaleza y entidad de la infracción constatada, la pauta de atenuación relevada, la ausencia de agravantes, y sin desconocer la envergadura de la obra en infracción, y la importancia del giro comercial de la empresa imputada, el monto de la pena de multa impuesto en la instancia de grado, cercano al máximo legal, teniendo en cuenta la escala punitiva impuesta por el art. 23 de la O.M. Nro. 2225/80 – en función del art. 6 del Dec. Ley 8751/77 - , a la luz de la cuantía del injusto y el grado de culpabilidad, a mi criterio resulta desproporcionado. Máxime cuando también habré de convalidar el desmantelamiento de la estación radioeléctrica en infracción, tal como lo dispuso la Sra. Juez de Faltas, sin perjuicio que coincido con la juez de grado, que debe desalentarse la reiteración futura de conductas similares. Por lo que encuentro razonable y ajustado a derecho, disminuir sensiblemente la sanción pecuniaria e imponer a la empresa infractora la pena de pesos treinta y seis mil ($36.000.-) en concepto de multa, equivalente a sesenta (60) sueldos básicos del personal municipal, categoría 4 del Escalafón, sueldo que a la fecha de constatación de la infracción asciende a pesos seiscientos – Dec. 399/08.-

           Por los argumentos expuestos, y teniendo en cuenta la envergadura del servicio que presta la imputada a través de la estación radioeléctrica en infracción, como así también que el desmantelamiento de la misma, su posterior reinstalación, previa autorización municipal y de los organismos nacionales correspondientes, demandará un período importante de tiempo, corresponde ampliar el término fijado por el a-quo a tal fin, otorgándole a Nextel Communications Argentina S.A., a efectos de desmantelar la estructura referida, un plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos, bajo apercibimiento de lo normado por el art. 1 de la O.M. Nro. 2496/83, e imposición de astreintes, a partir del vencimiento del plazo referido, equivalente a un sueldo mínimo del personal municipal por cada día de  morosidad en el acatamiento del plazo de la citada intimación.-

           Por todo lo expuesto es que FALLO:

           I-RECHAZAR EL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 126 DEL C.P.P. efectuado por la Dra. Andrea E. Lobato, en su carácter de apoderada de Nextel Communications Argentina S.A. (Arts. 1, 18 y cctes. de la C.N.; Arts. 15, 16 y cctes. de la Constitución Provincial).-

          II-NO HACER LUGAR al planteo de incompetencia efectuado por la Dra. Andrea E. Lobato, en su carácter de apoderada de Nextel Communications Argentina S.A., en virtud que el objeto del presente proceso es consecuencia directa del ejercicio del poder de policía local – no delegado al Estado Nacional-, vinculados directamente a conductas que afecten el ornamento, la seguridad, salubridad y vialidad públicas, correspondiendo intervenir en la presente a la autoridad municipal.- (arts. 1, 5, 75, 121, 122, 123 y cctes. de la C.N.; arts. 1, 190, 191, 192 inc. 4to. y cctes. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 24, 25, 26, 27 y cctes. del Decreto Ley 6769/58; art. 39 y cctes. Ley Nacional Nro. 19.748.-

          III-CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia dictada a fs. 42/44, y en consecuencia CONDENAR A NEXTEL CONNUNICATIONS ARGENTINA S.A., A LA PENA DE PESOS TREINA Y SEIS MIL ($36.000.-), en concepto DE MULTA, equivalente a sesenta (60) sueldos básicos del personal municipal, categoría 4 del escalafón, en orden a la infracción constatada el 10 de septiembre de 2008, en el inmueble sito en la calle (93) nro. 1536 de la Localidad y Partido de San Martín.- Toda vez que se acreditó que en dicho lugar se encontraba emplazada una estructura soporte de antena – de sistema radioeléctrico de concentración de enlaces-, sin poseer la autorización correspondiente de la Municipalidad de San Martín. Ello en infracción al art. 19 de la O.M. Nro. 8233/02, modificada por O.M. Nro. 9300/05, en su juego armónico con el art. 23 de la O.M. Nro. 2325/80.-

          Importe que deberá ser abonado, dentro del plazo previsto en la sentencia de fs. 42/44.-

         Intímese a Nextel Communications Argentina S.A. al retiro de la estación radioeléctrica ubicada en la calle Rouco (93) Nro. 1536 de la localidad y Partido de San Martín, en el plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos, bajo apercibimiento de lo normado por el art, 1 de la O.M. Nro. 2496/83, e imposición de astreintes, a partir del vencimiento del plazo referido, equivalente a un sueldo mínimo del personal municipal por cada día de morosidad en el acatamiento del plazo de la citada intimación.-

          Rigen los arts. 18, 19 y cctes. de la C.N.; art. 24 inc. 3ro. del C.P.P.; arts. 6, 10 inc. b, 15, 38, 41 y cctes. del Dec. Ley 8751/77; arts. 1 y cctes. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 1, 5, y 23 de  la O.M. Nro. 2325/80; Arts. 1, 14, 17, 18, 19 y cctes. de la O.M. Nro. 8233/02, modificada por la O.M. Nro. 9300/05; art. 1 de la O.M. Nro. 2496/83, y Dec. 399/08.-

         IV-REGISTRESE. NOTIFIQUESE mediante cédula.-

          V- Firme que sea, remítase al Juzgado de Faltas Nro. 1 de la Municipalidad de San Martín, a los efectos de su ejecución, dejándose a cargo del a-quo la comunicación previa de tal ejecución a la Comisión Nacional de Comunicaciones, a los efectos que correspondan.-

 

 

 



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