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Fecha de publicación: 27-02-2017
 
Importante y fundamentado fallo del Juzgado de Faltas de Lomas de Zamora
 
 

JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS DE LOMAS DE ZAMORA

JUZGADO N* 1

 

Lomas de Zamora, 5 de septiembre del año 2005.-

 

EN ATENCION A LAS CONSTANCIAS DE AUTOS,  y vistos: 1) ésta causa 56523 y acumulada la 44980 incoada contra NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.A. con domicilio real en la calle Palestina N* 951/77 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en la calle Garibaldi 838, Depto. 4, casillero 363 de Lomas de Zamora por incumplimiento al acta de inspección 01345, adjunta al expediente 4068-62833-D-2004 (fjs. 26/30) y por falta de documentación respectivamente , todo correspondiente al emplazamiento en contravención a las normas municipales de una antena de telefonía celular en la calle La Calandria 3246 de Temperley, 2) el acta de clausura de fjs. 4 de fecha 30/12/2004 e ingresada en éste Tribunal el 04/01/2005 tal como surge de la carátula de la causa pertinente; 3) la confirmación de clausura oportunamente efectuada con fecha 05/01/05 (fjs. 31 y auto rectificatorio de fjs. 280) en presencia del apoderado de la encartada (fjs. 16 vta), habiéndose fijado asimismo la audiencia prevista en el artículo 46 del Decreto Ley 8751/77, otorgando asimismo el derecho a la mas amplia defensa; resolución que fuera notificada personalmente en la misma fecha (fjs. 32); retirando además el indicado, copia de todo lo actuado hasta la fecha (fjs. 33 vta); 4) las audiencias testimoniales de fjs. 39/42; 5) la documentación aportada por la encartada obrante a fjs. 43/164 y 167/276; 6) la versión escrita de los hechos (artículo 47 del Decreto Ley 8751/77 de fjs. 277/278); 7) el auto rectificatorio de fjs. 280 debidamente notificado a la imputada; 8) la resolución de fjs. 290 mediante la cual se deniega el levantamiento de clausura solicitado a fjs. 278, toda vez que dicha medida había quedado firme y consentida; 9) el escrito que luce a fjs. 301/306; 10) el descargo impetrado por la compareciente a fjs. 312/319; 11) la resolución del suscripto de fjs. 320 en la que, en lo esencial, ratifica su competencia para entender en éstas actuaciones, resolución que ha quedado firme y consentida; 12) el informe de fjs. 327 en el que se indica que la antena no funciona desde su clausura; 13) el informe de fjs. 332 de la Dirección Municipal de Inspección General, Y CONSIDERANDO: 1) Que el infrascrito es competente para conocer en los presentes actuados contravencionales según lo establecido por el artículo 1* concordante con el Artículo 29 del Decreto Ley 8751/77 y con el Artículo 1* de la Ordenanza municipal 3045 modificada por la Ordenanza 9040; dejándose expresa constancia que dicha competencia nunca fue cuestionada por la encartada, con anterioridad al escrito de fjs. 312/319, es más, se sometió al régimen jurídico propio del presente procedimiento administrativo; 2) Previamente, es deseo del suscripto dejar debidamente aclarado, que sin perjuicio de no desconocer el amplio debate doctrinario y jurisprudencial existente sobre la independencia de las decisiones de los Jueces Municipales de Faltas, la realidad indica que los Municipios, al gozar de la autonomía brindada por el Artículo 123 de la Constitución Nacional, pese al incumplimiento del mandato por parte de la Provincia de Buenos Aires, tienen una caracterización mas amplia, sentada fundamentalmente en los precedentes de la C.S.J.N., a partir del año 1989 – Causas Rivademar y Promenade -, donde ya se sostuvo que los municipios no son entes autárquicos distinguiendo el perfil jurídico de aquellos con el de éstas entidades, remitiéndome a lo allí expuesto en aras de la brevedad. Es por ello que al adoptar ésta definición, los órganos creados por el Decreto Ley 8751/77 justifican su labor fuera de toda presión exterior[1]. Así se dijo: “En ése sentido, las provincias que no contienen la autonomía institucional de los municipios, departamentos o partidos en sus respectivas constituciones, además de incumplir el mandato de la Constitución Federal, se encuentran obligadas al menos, a adecuar las leyes orgánicas de las municipalidades para incluir en ellas los otros rasgos autonómicos establecidos en el artículo 123[2]; 3) La actividad desplegada por el órgano de contralor del Departamento Ejecutivo (competencia que tampoco fue cuestionada iniciando trámites la imputada por ante la comuna de Lomas de Zamora –ver fjs. 43 y sgs- donde expresamente se dice: “se autorice la instalación emplazada en el inmueble ubicado en La Calandria 3246 de Temperley. . .”) se condice con la noción de función y poder de policía que durante años se gestó. Debo dejar aclarado asimismo, que las autorizaciones emitidas por la Comisión Nacional de Comunicaciones son sin perjuicio del cumplimiento de leyes, decretos reglamentarios, convenios y demás disposiciones que rigen la materia y las que eventualmente se dicten (ver fjs. 274) encontrándose entre ellas las ordenanzas de carácter local.- En efecto,  el poder de policía municipal tiene origen jurisprudencial norteamericano cuando en el caso “Brown c/ Estado de Maryland” (1827) el juez John Marshall utilizó por primera vez ésta expresión, entendiéndolo como un poder de legislación; y caracterizado por un conjunto de restricciones a las que cada individuo debe someterse, en el ejercicio de su libertad o de sus derechos de propiedad. En efecto, el poder de policía se expresa a través de la potestad reglamentaria de los derechos y garantías reconocidos por la Carta Fundamental y que consiste en limitaciones a los citados derechos y garantías. De ésta manera señalo el maestro Fiorini que “las limitaciones mencionadas están dirigidas a garantizar la seguridad que tienen los individuos dentro de un Estado para desarrollar sin inconveniente su personalidad”[3].- 4) Asimismo, el fundamento constitucional de la noción de poder de policía ha sido receptado en la reforma de 1994 en su artículo 75 inciso 30 y ya respecto de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, por el artículo 75 inciso 22, se puede hacer mención de lo siguiente: a) Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 29 inciso 2; b) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), artículo 32 inciso 2, c) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 4.- Dentro de éste espectro, que sintetiza la noción de “poder de policía” como conjunto de restricciones y limitaciones, en el Artículo 2611 del Código Civil se determina que: “Las restricciones impuestas al dominio privado solo en el interés público, son regidas por el Derecho Administrativo”. “Y en la nota a éste artículo se discierne entre las restricciones al dominio privado “en mira de salvar otros derechos de las propiedades contiguas”, que conciernen al Derecho Civil y las impuestas “por sólo el interés público, por la salubridad o seguridad del pueblo, o en consideración a la religión”, que le son extrañas y competen al Derecho Administrativo. Desde el tema ahora en estudio, tiene el interés adicional de trazar una línea divisoria entre las limitaciones en aras del interés público –ése es el concepto que usa Vélez – y aquellas fijadas en mero beneficio de otros vecinos, siendo éstas últimas, las únicas alcanzadas por la legislación civil”[4].- Rige aquí, en consecuencia, como en cualquier tipo de actividad administrativa, el principio de legalidad,[5] que exige la atribución expresa a la Administración de potestades específicas al objeto, precisamente, de garantizar y tutelar los bienes y derechos existentes en las actividades que le son propias, aunque “conceptualmente sería mas preciso hablar de requisitos o elementos relativos a la juridicidad del acto administrativo, en razón de que el término actualmente en uso podría ser entendido prima facie demasiado apegado sólo a la ley, olvidando de tal forma que la administración moderna debe someterse a un contexto jurídico mucho mas amplio”[6].- 5) que sentadas éstas cuestiones corresponde proceder a dictar sentencia con las constancias existentes en autos, suficientemente acreditativas de las infracciones denunciadas, ameritando asimismo el expreso reconocimiento efectuado por la encartada como ya quedo “supra” indicado,  6) que ninguna duda cabe, que la imputada ha aceptado su participación en la comisión de las infracciones de autos ya que ello surge de las constancias colectadas. Igualmente es cierto que mas allá de toda la documentación, explicaciones y manifestaciones vertidas, las mismas no hacen sino reconocer la trasgresión a las normas municipales.- 7) que es necesario dejar debida constancia que la legitimación para actuar que posee el municipio, a merito de la evolución del Derecho Contravencional resulta incuestionable ya que actúa como “afectado” y en representación de los habitantes del partido de Lomas de Zamora, pues ejerce su poder de policía no sólo a través del dictado de decretos y ordenanzas sino también mediante la adopción de aquellas medidas tendientes a evitar su incumplimiento[7] en la medida de la protección del interés público, el cual podemos definir como “la existencia de algo, que puede ser una cosa o un bien, que es importante para una persona porque le significa un valor, un provecho o una utilidad , en el orden moral o material, que esa persona aprecia como tal y que desea adquirir, conservar, acrecentar o mantener para su propia esfera de valores. Tal interés, entendido de ése modo, pasa a ser público cuando no es exclusivo o propio de una o pocas personas, sino que participa del mismo un numero tal de personas, componentes de una comunidad determinada, de suerte que pueda llegar a identificárselo como de todo el grupo, inclusive respecto de aquellos que, individualmente, puedan no compartirlo”[8]. Es que “el ejercicio de la función administrativa, en su permanente preocupación por satisfacer el interés público, otorga muchas veces mas relevancia al análisis de la realidad para lograr una mejor prestación, que a la apreciación de las circunstancias, con el propósito de alcanzar una estricta justicia . . . y la acción administrativa procura la satisfacción directa e inmediata de los intereses comunitarios, siendo el derecho un instrumento para su realización, cuyo efecto mediato es la paz social y el orden mas justo . . . porque el orden jurídico en forma expresa o implícita otorga a los órganos administrativos facultad para apreciar libremente lo mejor para el interés público[9] 8) Respecto de las actas, las mismas se encuentran labradas de conformidad con lo normado por el Artículo 38 del Decreto Ley 8751/77, no han sido cuestionadas en ninguno de sus aspectos; y se encuentran ratificadas por los funcionarios actuantes con abundantes explicaciones, ampliatorias de las mismas, conformando un todo orgánico que no ha dejado resquicio alguno en cuanto a la descripción de la conducta punible, la que forma un plexo de imputación valorado además de acuerdo al principio “iura novit curia”;  dejándose constancia en éste sentido que ya desde el Primer Congreso de Jueces Municipales de Faltas de la República Argentina, celebrado en Buenos Aires del 21 al 23 de Agosto de 1980, se estableció que se consideran requisitos esenciales en la confección del acta de comprobación los siguientes: a) la determinación del lugar y tiempo de la comisión del hecho u omisión punible; b) la descripción circunstanciada de la conducta imputada como así también, de los elementos o medios empleados para cometerla; c) la firma del funcionario interviniente, no siendo un requisito esencial la correcta tipificación del hecho incriminado, función que conforme ha sido resuelto de antiguo y mas arriba señalado, recae en la tarea justiciable (iura novit curia), máxime cuando es misión de los jueces la fundamentación de las sentencias de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que hace expresa mención a los tribunales letrados. En dicho sentido, considero a las mismas en todas sus partes, como una declaración emitida por un ente municipal, en ejercicio de la función administrativa municipal, bajo un régimen exorbitante, productora de efectos jurídicos directos e individuales respecto de terceros[10] 9) que la segunda parte del acta 56523 no integra la competencia del suscripto para su juzgamiento toda vez que se trata del delito tipificado en el artículo 254 del Código Penal debiendo formularse oportunamente la correspondiente denuncia penal, 10) Que ya en lo referente al derecho aplicable, y en función de analizar la norma , debemos destacar que resulta de aplicación la Ordenanza Municipal 9783/2000  y promulgada el 15 de enero del año 2001, mediante decreto 50/01; actos administrativos que no merecieron objeción constitucional por parte de la imputada; quien consintiendo dicha normativa inició el 3 de noviembre del año 2004, o sea con posterioridad a la sanción de la misma, el expediente municipal 4068-68734-N-2004 (ver fjs. 46) solicitando la autorización de emplazamiento de conformidad con el artìculo 18 de la ordenanza precitada que establece los requisitos a cumplir antes de la instalación, estableciendo algunas precisiones sobre aquellas construcciones “autorizadas con anterioridad” (artículos 12 y 13) circunstancia que no se da en el caso de autos. Que entonces, es menester destacar que en materia de trámites municipales y a fin de no transgredir el ordenamiento jurídico, NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.A. (Nextel), debió haber solicitado la pertinente localización municipal antes de construir y/o instalar la antena, consignando y presentando todos los elementos que requiere la ordenanza infraccionada, y de acuerdo a las normas sobre zonificación, usos y destinos vigente, a fin de que la administración ejecutiva se expida favorable o desfavorablemente antes de la instalación y para el primero de los casos, recién ahí iniciar los tramites correspondientes a la habilitación municipal y posteriormente iniciar los trabajos para la construcción y/o instalación de la antena. Por el contrario si no se obtiene aprobación de la localización, no se pueden iniciar ni los trabajos, ni el trámite de habilitación, toda vez que la actividad a desarrollar no resulta viable, evitándose un dispendio innecesario de las actividad administrativa.- Para mayor abundamiento deseo dejar establecido que ya en otro ámbito se han aclarado cuales serian los pasos a seguir por una empresa que desea instalar una antena repetidora de ondas para la comunicación de telefonía móvil: 1. La empresa . . .se dirige a la Comisión Nacional de Comunicaciones a solicitar le habilite una frecuencia para poder transmitir . . . 2. La empresa deberá presentarse ante la autoridad de aeronavegación nacional a fin deque ésta le autorice la altura de la antena que desea instalar . . . 3. Con los requisitos 1 y 2 cumplidos se dirigirá a la autoridad municipal correspondiente de acuerdo con la legislación vigente en el municipio en cuestión . . . 4. Finalmente con todos los pasos cumplidos instalará la antena, por la que deberá velar como todo propietario de un inmueble.[11]De la claridad meridiana del acta de comprobación 44980 (falta de documentación) entregada a un empleado de la firma y que no ha sido objetada por la encartada surge palmaria su responsabilidad y la materialidad de la infracción de acuerdo a los presupuestos del considerando siguiente).-  11) que de ésta manera, lo analizado forma íntima convicción en el suscripto, teniendo en cuenta además la falta de otros elementos que contrarresten los instrumentos contravencionales labrados, vale reiterarlo, de conformidad con el artículo 38 del Decreto Ley 8751/77 y que no han sido enervados por medio probatorio alguno, por lo que los mismos son tenidos como plena prueba de la responsabilidad de la infractora en los términos del artículo 41 del Decreto Ley 8751/77, teniendo en cuenta que el acta de comprobación es un acto administrativo de constatación de hechos y circunstancias, razón por la cual se impregna de la “presunción de legitimidad” (en ésta materia no rige la presunción de inocencia precisamente por lo dispuesto en el artículo citado y concordante con lo dispuesto por la Alzada en la causa 653/4 del Juzgado en lo Correccional N* 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora caratulada “COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION FRUTIHORTICOLA NOR CHICHAS POTOSÍ LTDA. S/ APELA SANCION MUNICIPAL) de los actos de la Administración establecido en salvaguardia de su independencia, y como todo acto siempre es necesario alegar y probar la ilegitimidad del mismo. Podríamos decir que el acta de comprobación es un mero acto administrativo de conocimiento, ubicado dentro del trámite del procedimiento,  en el que la autoridad administrativa, por intermedio de la actuación de sus funcionarios competentes y con los requisitos que la ley establece, comprueba una contravención que determinará efectos jurídico-administrativos directos e individuales respecto de terceros.-[12] Emitido en ésas condiciones, es decir, conforme a derecho, gozará de presunción de legitimidad[13] y con ello, las consecuencias que la jurisprudencia ha derivado de la misma: a) la falta de necesidad de que la Justicia declare legítimo el acto para que éste produzca efectos, b) el acatamiento debido al acto por los particulares, c) la improcedencia de la revisión de oficio, d) la necesidad de alegar y probar la ilegitimidad[14]

Justamente, el sentido de otorgarle presunción de legitimidad[15] a las actas labradas por funcionario competente, es la que debe hacer caer la recepción de los principios del derecho penal en el proceso de faltas municipales.[16] No resulta congruente con el proceso penal, la existencia de dicha presunción, ya que al admitir la inversión de la carga de la prueba, las leyes que admiten aquella presunción, han alterado el principio de inocencia que debe regir éste proceso, pues establecen que deberá ser el imputado quien pruebe si lo volcado en el acta de comprobación es falso o incorrecto.-[17]

     Redundante es a ésta altura recordar que el fundamento de ésta regla de inversión se encuentra en el derecho administrativo, y si como ya dijimos la declaración unilateral del funcionario de la administración es un acto administrativo, razón por la cual se impregna de la presunción de legitimidad de los actos de la misma, es decir que se considera que ha sido emitida en su totalidad, tanto en la forma como en el fondo de acuerdo a derecho, siendo indispensable indicar además, que entre dos interpretaciones posibles se debe escoger la que favorezca al acto;  porque: “La administración por su parte, podrá actuar per se y en nuestra opinión . . . “deberá” hacerlo cuando sea procedente, por cuanto de èse modo provee a la gestión directa e inmediata del interés público comprometido en la vigencia de la juridicidad, haciéndolo también mediante la emisión de un juicio lógico-jurídico que, en lo sustancial, es similar al que realizan los jueces cuando dictan sus sentencias . . .”[18]. En éste sentido, tiene dicho el Alto Tribunal Nacional, con cita del precedente publicado en Fallos 156:323, que “Si... el regimen municipal que los constituyentes reconocieron como esencial base de la organización política argentina al consagrarlo como requisito de la autonomía provincial (artículo 5), consiste en la administración de aquellas materias que conciernen únicamente a los habitantes de un distrito o lugar particular sin que afecte directamente a la Nación en su conjunto (...) y, por lo tanto, debe estar investido de la capacidad necesaria para fijar las normas de buena vecindad, ornato, higiene, vialidad, moralidad, etc. de la Comuna y del poder de preceptuar sanciones correccionales para las infracciones de las mismas, indudablemente, la Municipalidad . . . resulta competente para actuar en el modo en que lo ha hecho, labrando las pertinentes actas y exigiendo el cumplimiento de las normas que ha dictado en materias propias de su gobierno” (C.S.J.N. 28-4-1998. “Operadora de Estaciones de Servicio S.A. c/ Municipalidad de Avellaneda”). Esta competencia originaria, exclusiva y excluyente del régimen municipal encuentra su fundamento, obvio es decirlo en los artículos 5, 75 inc. 30 y 123 de la Constitución Nacional, 190, 191, 192 incs. 4 y 6 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de los artículos 24, 25, 26, 27, 107, 108 y concordantes del Decreto Ley 6769/58 y sus reformas (Ley Orgánica de las Municipalidades). Asimismo, se ha resuelto que “En el régimen de policía administrativa la constatación de la comisión de infracciones genera la consiguiente responsabilidad y sanción del infractor, salvo que éste invoque o demuestre la existencia de alguna circunstancia exculpatoria válida . . . La aplicación de las consiguientes sanciones constituye, en definitiva, el ejercicio del poder propio de la Administración, cuya razonabilidad cae bajo el control de los jueces para evitar que la discrecionalidad se convierta en arbitrariedad”[19]; 12) que es deber ineludible de los poderes públicos velar por el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en todos sus aspectos  y así se ha dicho: “Pues bien, si es en la actividad de las Administraciones Públicas donde se juega la efectividad de los postulados constitucionales, corresponde al Derecho Público, en su doble vertiente de instrumento garantizador de los ciudadanos y herramienta del poder, esbozar técnicas que tiendan a facilitar el cumplimiento de los fines de aquellas, potenciar la eficacia, lograr la correcta prestación de los servicios que gestiona. Porque al ciudadano, le interesa, en primer lugar el buen funcionamiento, la buena gestión, la calidad, la rapidez, el servicio. Sólo en última instancia le interesa lo patológico, el recurso, la garantía. Pero la garantía debe estar prevista porque la eficacia no puede lograrse a cualquier precio y, desde luego, no a costa del control”[20] 13) Que situaciones como las de autos , se encuentran fuera de los cánones establecidos por el Artículo 19 de la Constitución Nacional, toda vez que no cabe ninguna duda que dicho accionar atenta contra terceros.- En dicho sentido, la primera parte del artículo citado no renuncia a los fines tuitivos, ni de bien comun, ni de bienestar general, todos ellos reconocidos en el Preámbulo de la Constitución, en el artículo 14 bis, y en el hoy articulo 75, incisos 18 y 19 relacionados, en principio, con la moral pública, que también tiene una dimensión social[21].- Es deber ineludible en ésta ocasión hacer mención de los intensos reclamos de la población por la colocación en forma totalmente indiscriminada de mástiles y/o antenas, sin solicitar los correspondientes permisos de emplazamiento, remitiendome a periodicos, revistas y notas de actualidad que resultan de público y notorio.-   Recientemente, la C.S.J.N. tuvo ocasión de expedirse respecto de los perjuicios a terceros, si bien en otra materia, no por ello, deja de tener cabida en situaciones, no sólo como la de autos, sino en todas aquellas que se afecten derechos de terceros, aún potencialmente[22]. En línea con lo antedicho, no huelga recordar los mas numerosos antecedentes que registra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos respecto de las llamadas “obligaciones positivas” de los estados, que ponen en cabeza de éstos el deber de “garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos de los individuos en relacion con el poder, y tambien en relacion con actuaciones de terceros particulares”[23].   Así se ha dicho también, algo que considero de aplicación análogica al tema en tratamiento: “Seamos oportunos en la intervención preventiva y correctora del mal en ciernes; no esperemos la consumación del mal que se transforma virtualmente irremediable para la sociedad: indemnizar al damnificado no ayuda a la sociedad que debe ver como la justicia permite la perpetración del daño que luego todos de algún modo pagaremos”[24]. Existe así, un numero creciente de bienes y derechos que necesitan ser tutelados, que los mismos son de rango constitucional y que ello es lo que justifica la existencia de una regulación jurídica de éstas materias en todas sus fases, desde la preventiva hasta aquella en que se dicta el acto administrativo que pone fin a la situación planteada.- 14) que no dejo de tener en cuenta al emitir ésta resolución que uno de los problemas centrales que plantea el derecho administrativo de nuestros días, es hallar el justo equilibrio entre las prerrogativas estatales y los derechos de las personas sean éstas físicas o jurídicas, y es por ello que no puedo dejar de señalar que es norma corriente observar la desidia y desinterés que se advierte en el accionar de las empresas y/o particulares en relación al cumplimiento de las normas municipales, y de las cuales èstas actuaciones no son una excepcion, 15) Que en función de lo argumentado, ameritando todas las probanzas acumuladas en autos se demuestra claramente que la empresa Nextel no ha ajustado su accionar a las normas de aplicación, ya que no posee localización municipal aprobada (como trámite previo obligatorio), ni habilitación municipal que autorice la instalación y/o construcción de dicha antena para la posterior prestación del servicio; surgiendo claramente la plena responsabilidad respecto del hecho constatado en actas de comprobación, que reitero no han sido objeto de ataque alguno; 16) que son consideradas como circunstancias atenuantes de las infracciones la falta de  antecedentes de la imputada y como agravantes la circunstancia que siendo la empresa especializada en telecomunicaciones y líder en su ramo, cuenta con la infraestructura necesaria, empresarial, técnica y profesional, para ajustar su conducta a la normativa legal vigente, que dado su especialización, reitero, no puede desconocer, lo que por otra parte la obliga en mayor medida al cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, por todo ello, siendo mi intima convicción, citas legales, doctrinarias y reglas de la sana crítica, 

FALLO: Condenando a NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.A. a pagar una multa de Treinta y cinco mil pesos ($ 35000) en ésta causa N* 56523, acta de comprobación 56523 y 44980.-

INTIMAR A NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.A. PARA QUE EL EN PLAZO DE CINCO (5) DIAS HABILES A CONTAR DESDE QUE QUEDE FIRME EL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO PROCEDA AL DESARME Y/O DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE LA ANTENA DE MARRAS SITA EN EL INMUEBLE DE LA CALLE LA CALANDRIA 3246 DE TEMPERLEY, PARTIDO DE LOMAS DE ZAMORA BAJO APERCIBIMIENTO DE SER EFECTUADO POR EL MUNICIPIO CON CARGO A LA IMPUTADA.-

Ordenanza 5625.- Artículos 13 y 72.- Ordenanza 9783/2000, Artículos 1, 2, 6, 18, 19, Resolución del 23 de Noviembre de 1967 y sus modificatorias; Decreto Ley 8751/77, Artículos 1, 2, 4, 6, 10, 38, 41, 43, 47, 50 y 51.- Codigo de Procedimientos Penal de la Provincia de Buenos Aires, Artículo 378 y concordantes.-  

 

TOMEN CONOCIMIENTO EL REGISTRO DE ANTECEDENTES, MESA DE ENTRADAS Y LA CONTADURIA GENERAL. FECHO: ARCHIVESE. NOTIFIQUESE CON LA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE DEBERA ABONARSE DENTRO DE LOS TRES DIAS DE NOTIFICADA BAJO APERCIBIMIENTO DE INICIAR SU EJECUCION POR LA VIA DE APREMIO.-

 

 

Dr. Edgardo Adalberto Kotler

Juez de Faltas

 

 

 

 



[1] Ivan Darío TENAGLIA, Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires” Librería Editora Platense, La Plata, 2000, página 7) quien además señala: “Por lo pronto y ahora al efectgo de esta ley –y en posición particular- “Municipio” es la sociedad –su población- con mas el territorio municipal y el poder político local (es el gobierno municipal constituido por el Departamento Ejecutivo –y sus funcionarios auxiliares-, el Concejo Deliberante –y sus funcionarios auxiliares- y el Juzgado de Faltas –y sus funcionarios auxiliares”.-

[2] María Angelica Gelli, Constitución de la Nación Argentina, Comentada y concordada, Segunda Edición ampliada y actualizada, La Ley, 2003,  página 860.-

[3] Bartolomé Fiorini, El poder de policía en el estado moderno, L.L., Tomo 22, Página 33).-

[4] Fabian Omar CANDA, Regimen Jurídico de la Actividad de Policía, en Servicio Público, Policía y Fomento, Jornadas organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, Ediciones Rap, página 131.-

[5] TAWIL, Guido Santiago, Administración y Justicia, Ediciones Depalma Buenos Aires, 1993, Página 36 y sgs..- Este autor señala que: “Bajo el principio de legalidad, el ejercicio de la actividad administrativa resulta producto de la utilización de potestades atribuídas previamente a la Administración. Estas, en su inmensa mayoría, potestades-función (ejercitadas en interés ajeno al propio y egoísta del titular) son derivación de un status legal, por lo que resulta necesario la existencia de una norma que además de configurarlas, las atribuya en concreto...La actuación administrativa, resulta por ello siempre predeterminada, a punto tal de haberse advertido en el common law que el control de que así ocurra es la principal función del derecho administrativo”- (con citas de García Trevijano Fos y García de Enterría. Eduardo y Fernández, Tomas Ramón).-

[6] Domingo Juan Sesín, Administración pública. Actividad reglada, discrecional y técnica. Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1994, p. 348.-

[7] Artículos 27 inciso 17 y 108 inciso 12 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, conforme Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias.-

[8] Hector Jorge Escola; El interés público: su concepto y contenido. Revista Argentina del Regimen de la Administración Pública, Año XXVI, N* 301, pàgina 124.-

[9] Juan Domingo Sesin, Determinación del interés público. Actividad reglada o discrecional. Intensidad del Control Judicial en Derecho Administrativo, Revista de Doctrina, Jurisprudencia, legislación y práctica, N* 47, Marzo de 2004, Editorial LexisNexis Depalma, pàgina 25.-

[10] Julio Rodolfo COMADIRA, Acto administrativo municipal, Editorial De Palma, Buenos Aires, 1992, páginas 4 y sgs.)

[11]  Antenas de telefonia movil. El trabajo de la defensoría del pueblo adjunta de la Ciudad de Buenos Aires.- María Teresa Manzini.- Una Ciudad erizada de antenas. www. Cyberambiental.com

[12] Manuel María Diez, El Acto Administrativo, Tipográfica Editora Argentina S.A. Bs. As. 1961, página 144.- Allí se señala que: “El contenido  de los meros actos administrativos puede ser diverso. Así tenemos...c) La comprobación de hechos, condiciones, requisitos, relaciones jurídicas. Así la inspección de una obra, un establecimiento, etcétera,...”

[13] En éste aspecto Agustín GORDILLO, op. cit, Tomo III, página II-12 indica que: “En cambio los actos productores de efectos jurídicos directos, aunque relativos al procedimiento que se tramita reciben el nombre de actos interlocutorios o de mero trámite. Resulta así que debemos distinguir, en ésta estipulación, el acto preparatorio en cuanto no productor de efecto jurídico directo, del acto “interlocutorio o de mero trámite”, que, a pesar de su denominación, sería un acto productor de efectos jurídicos directos, aunque no en cuanto al fondo de la cuestión debatida, sino en cuanto al trámite”.-

[14] Héctor A. MAIRAL, Control Judicial de la Administración Pública, Volumen II, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1984, página 776.-

[15] Julio Rodolfo Comadira, Algunos aspectos de la teoría del acto administrativo, en Derecho Administrativo, Acto Administrativo, Procedimiento Administrativo. Otros Estudios, Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Año 2003, pàgina 26 señala: “La jurisprudencia de la Corte Suprema nacional, tiene resuelto, ya desde el caso “SA Ganadera Los Lagos v. Nación Argentina” CSJN 30/6/1941, Fallos 190:142, que los actos estatales, por serlo tienen presunción de legitimidad, habiendo sentado en la causa “Lipara, Napoleón v. La Nación s/cobro de pesos”, CSJN 16/6/1961, Fallos 250:36, que no basta,para enervar esa presunción la sola manifestación de voluntad de los administrados.-

[16] Gustavo Juan De Santis, op cit, página 4.- Señala el autor que: “A modo de síntesis cabe señalar que en la mayor parte de los casos el Juez deberá fundar la resolución condenatoria en el acta labrada por funcionario competente y en las condiciones ut-supra indicadas, ya que la característica del procedimiento, el que bien puede calificarse de sumarísimo, no permite la acumulación de elementos probatorios al margen del mencionado, con excepción de los que en el acto de la audiencia de defensa y prueba (trámite esencial) pueda aportar el propio imputado, elementos éstos que lógicamente estarán dirigidos a probar la irresponsabilidad del particular. Ello, desde ya sin perjuicio de la facultad del órgano de instruir el pertinente sumario, aspecto procesal previsto en el cuerpo legal en su art. 38, el que será necesario en los casos en que el procedimiento se inicie por alguna de las vías ya indicadas (ej. denuncia) y en las que no existirá acta de comprobación en las condiciones del art., 37 y siguientes. Como vemos entonces, el principio penal que enuncia que toda persona debe considerase inocente hasta tanto no se pruebe su culpabilidad, no rige en materia de contravenciones, al menos en el régimen estatuido por la ley 8751”.- 

[17] Establecen los respectivos artículos del Decreto Ley 8751/77 reformada por ley 10269 y 11723: Artículo 40: “El acta tendrá para el funcionario interviniente el carácter de declaración testimonial. Los Jueces de Faltas o Intendentes Municipales independientemente de las medidas disciplinarias que en su caso pudieran aplicar o solicitar, deberán denunciar ante la justicia en lo penal toda alteración maliciosa de los hechos o de las demás circunstancias que el acta contenga”; Artículo 41:  “Las actas labradas por funcionario competente, en las condiciones enumeradas en el artículo 38 de éste Código y que no sean enervadas por otras pruebas, podrán ser consideradas por el Juez como plena prueba de la responsabilidad del infractor” El Artículo 141 de la ley 11430, modificada por ley 11768 (Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires), contiene disposiciones similares a las explicitadas precedentemente.-

[18] Julio Rodolfo Comadira, La anulación de oficio del acto administrativo. La denominada “Cosa Juzgada Administrativa”, Editorial Ciencias de la Administración, División Estudios Administrativos, año 1998, páginas 22/23.-

[19] (Cam.Nac.Cont.Administrativo Federal, Sala II, 8/2/1996, “Banco de Intercambio Regional S.A. –en liquidación- s/ instrucción de sumario”)

[20] Luis Martín Rebollo, Los fundamentos de la responsabilidad del Estado, en Responsabilidad del Estado y del Funcionario Público, Jornadas organizadas por la Universidad Austral., Facultad de Derecho, Editorial Ciencias de la Administración, División Estudios Administrativos, Año 2001, Página 22.-

[21] María Angelica Gelli, ob. cit, página 185).- 

[22]Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa AQUINO, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.).- Se dijo allí: “Que el artículo 19 de la Constitución Nacional establece el “principio general” que “prohibe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero”: alterum non laedere”,                 que se encuentra “entrañablemente vinculado a la idea de reparación”. A ello se yuxtapone, que “la responsabilidad que fijan los arts. 1109 y 1113 del Código Civil solo consagra el citado principio general”, de manera que la reglamentacion que hace dicho código en cuanto “a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio qeneral que regula cualquier disciplina jurídica” (Gunther c/ Estado Nacional”,  Fallos 308:1118,      1144, considerando 14; asimismo; Fallos: 308:1109) . . .”

[23] ( v. Entre otros: Corte Interamericana de Derechos Humanos,  Condicion Juridica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/2002, 28-8-2002, Informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2002, San Jose, 2003, páginas 461/462, parr. 87 y sus citas)”

[24] (Agustín Gordillo, Axel en la Justicia Administrativa de la Provincia de Buenos Aires, Revista Argentina del Regimen de la Administración Pública, Abril 2004, Año II, N* 13, página 11).



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